La triada ciudadanía-inmigración-exclusión a debate parte 1

Ya Marshall formuló en el siglo pasado el concepto contemporáneo de ciudadanía en su obra Ciudadanía y clase social (1949), como un estatus que se ha ido adquiriendo con el paso del tiempo y se “ (…) otorga a los que son miembros de pleno derecho de una comunidad” (Marshall, 1997:312), disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones. Los derechos de ciudadanía entonces, deberían minimizar las tendencias a la desigualdad que origina la economía de libre mercado.

La incorporación de los derechos sociales al concepto de ciudadanía implicó que toda la sociedad tenía derecho a percibir una renta razonable, independientemente de su posición social. Aunque sí matizando, que estos derechos de ciudadanía y participación palian, pero no suprimen, las desigualdades sociales que conlleva el capitalismo, al legitimar la estatificación social. Sin embargo, al propiciar la redistribución de ciertos recursos públicos, universalizando derechos de educación, de salud pública, etc., pone en entredicho la soberanía del mercado. De ese conjunto de derechos y oportunidades es del que quedan excluidos algunos ciudadanos. La conceptualización de derechos y de responsabilidades está estrechamente imbricada a la idea de ciudadanía.

El desarrollo de la ciudadanía moderna acabaría por producir la reducción y redimensión de la diferencias de clase causadas por la asimétrica posición en la estructura social y económica. Por tanto, el concepto de ciudadanía contemporánea era un mecanismo por el cual se aminoraban las desigualdades producidas por el sistema capitalista, pero no como resorte para suprimirlas. Se infiere así que existe una relación implícita entre desarrollo de la ciudadanía moderna y las desigualdades en las sociedades capitalistas, en tanto que la primera legitima la presencia de la segunda, y lo hace como contraprestación al status de igualdad que se le suponía al ciudadano.

Podemos por tanto entender la ciudadanía como el conjunto de prácticas que definen a una persona como miembro de pleno derecho de una sociedad. En primer lugar, por su sentido formal, como la persona poseedora de un pasaporte expedido por el Estado y/o en segundo lugar, de un modo sustantivo, como el conjunto de derechos que tienen “todos” los miembros de una comunidad política. De todo esto subyace una cuestión fundamental, que sitúa la triada ciudadanía, inmigración y exclusión que da título a este capítulo, como una ecuación irresoluble. El inmigrante no es un ciudadano de pleno derecho, porque lo condiciona la legislación vigente, aquella que lo diferencia en mayor medida a los autóctonos, lo excluye. Por ello, se puede evidenciar la emergencia de nuevos procesos de exclusión social, en virtud de los cuales “algunas personas y grupos sociales se ven apartados y excluidos de la conquistas sociales que definen el patrón de diudadanía establecido en el horizonte histórico” (Tezanos, 2008:150).

Nos encontramos con una perversa paradoja, donde en la medida en que crecian los derechos de los ciudadanos bajo la protección del Estado de bienestar, no lo hacía con la misma intensidad para los inmigrantes. Y actualmente donde se están diluyendo y desapareciendo todos estos logros sociales, de igual manera, son los inmigrantes los más afectados una vez más, infraclasificados. Son por tanto, una parte de la ciudadanía que está apartada y olvidada, aunque constitucionalmente existente. Es una omisión que priva de derechos y oportunidades económicas, sociales, culturales, y por supuesto, jurídicas y políticas a una parte muy considerable de la sociedad. Tal como afirma Tezanos se puede establecer un paralelismo de la sociedad de nuestros días, con la polis ateniense donde los esclavos y metecos tenían una reglamentación jurídica y social diferenciada, o de igual modo, con la estigmación de los “intocables” en la India, como paradigma de excluidos absolutos. Se está consiguiendo normalizar esta diferenciación, y exclusión de los “otros inmigrantes”, y lo hace como resultado (y excusa) de las consecuencias que está produciendo esta crisis económica y financiera, que lo es igualmente de valores, de ética y de moralidad.

La inmigración de nuestros días se diferencia de otras épocas, por su interdependencia a escala global. Ya no existen países emisores y países receptores, ya todos comparten ambas condiciones, “no podemos dejar de tener presente que las migraciones actuales son resultado de una de las graves paradojas de la dinámica capitalista de nuestros días” (Rodríguez, 2006:93). En este contexto multifactorial, la globalización enlazada con el renovado discurso neoliberal, implanta una fagocitadota lógica competitiva, agudizando los riegos y efectos de esta tendencia macroeconómica impuesta por la mayoría de las instituciones políticas y económicas en el ámbito internacional. Las consecuencias del incremento del desempleo se exteriorizan en más desigualdad y agudización de la estratificación social. La exclusión social por tanto, obedece a unas características subordinadas a las coyunturas laborales, económicas, legales, relacionales y socio-políticas.

La interdependencia económica y la movilidad de los principales factores productivos, crean una situación de mejoras en eficiencia, productividad y tecnología generando incrementos netos de riqueza a escala global, pero no dice nada sobre la distribución ni de la equidad como principio organizativo. El aumento de las diferencias entre países ricos y pobres, el deterioro del medio ambiente, la pérdida de capacidad adquisitiva por parte de los trabajadores, etc., son efecto, según Iñigo de Miguel (2012), de la brecha que ahora mismo existe entre la organización del sistema económico y la que corresponde al poder político. Este autor formula una serie de interrogantes analizando la relación que existe entre la globalización, como hecho, y el globalismo como ideología que sustenta el fenómeno, con la aparición de los grandes flujos migratorios.