viernes, 26 de septiembre de 2014

España es el país con mayor porcentaje de 'ninis' de la UE

Artículo de Olga R. Sanmartín publicado en El Mundo el 09 de septiembre de 2014

España es el país con mayor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan -los llamados ninis- de toda la UE. Uno de cada cuatro (el 25,79%) chicos y chicas de entre 15 y 29 años no hace nada en la vida. No es que no quieran formar parte del mercado laboral, es que la sociedad no les brinda esa posibilidad.

Así lo indica el informe Panorama de la Educación 2014, que elabora cada año la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que ha sido presentado esta mañana en Madrid por la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio [vea el informe completo en PDF]. Si España se compara con los 34 países que forman la OCDE, alcanza también un triste resultado: es el segundo que mayor porcentaje de ninis tiene, sólo superado por Turquía, que presenta un 29,19% de jóvenes en esta situación. Por detrás de España están Italia (24,62%), Chile (22,33%), México (22,04%) o Irlanda (21,09%).

La cifra es muy superior al promedio de la OCDE. Además, mientras en los otros países la situación ha mejorado (la media de la OCDE ha bajado del 15,6% registrado en 2011 al 14,9% de 2012), aquí vamos acumulando cada vez más adolescentes que pasan los lunes al sol. En 2010, el 23,8% de los jóvenes era nini. Un año más tarde, la cifra subió hasta el 24,4%. Y en 2012 ya asciende al 25,79%. ¿En cuántas personas se traduce este porcentaje? En 1.956.900 ninis, según las cifras del padrón que daba, a 1 de enero de 2013, el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El director de Innovación e Indicadores de Progreso de la dirección de Educación de la OCDE, Dirk van Damme, ha señalado en la presentación que los ninis suponen "un gran problema para España" y pidió que haya "una oferta educativa acorde" con la realidad de estos jóvenes. En su opinión, la solución pasa por "aumentar" la Formación Profesional.

Dice la OCDE que, "cuando el mercado laboral se deteriora, los jóvenes que hacen la transición de la escuela al trabajo son a menudo los primeros en encontrar dificultades". El problema es que en España, a diferencia de lo que ocurre "en la mayoría de los otros países", los ninis se encuentran en el paro; es decir, están buscando trabajo. El 19% se encuentra en esta situación frente al 6% de media de la OCDE. Son ninis forzosos. Quieren trabajar pero no les dejan. Frente a ellos, hay un 7% de jóvenes españoles (9% en la OCDE) que son ninis inactivos o superninis, que ya no buscan empleo.

La causa de este fenómeno hay que buscarla en la época dorada del ladrillo, esos años de principio de siglo que hicieron colgar los libros a muchos jóvenes, atraídos por la promesa del dinero rápido. Otro de los datos espeluznantes del informe es que casi la mitad de los españoles de entre 25 y 64 años (el 45%) no ha terminado ni el Bachillerato ni su equivalente de FP. Como mucho, cursó la educación secundaria obligatoria; es decir, estudió hasta los 16 años. Este porcentaje español casi dobla al 24% que presenta la media de la OCDE.
El estudio recuerda, tratando de insuflar cierta dosis de optimismo, que los españoles más jóvenes tienen mayores niveles educativos que los miembros de la generación de sus padres, pero la cosa no es para tirar cohetes. El 36% de la población española de entre 25 y 34 años no tiene ni el Bachillerato. En la OCDE, este porcentaje es del 17%.

La crisis ayuda

Algo bueno ha pasado, al menos, con la crisis económica: ha forzado a los jóvenes a permanecer más tiempo en el sistema educativo. El porcentaje de los jóvenes adultos que se matriculan en algún programa de educación formal después de terminar la educación obligatoria (es decir, después de los 16 años) ha ido creciendo a un ritmo más rápido en España que en la OCDE, apunta este estudio. Antes de la crisis, en 2008, alrededor del 81% de los jóvenes entre 15 y 19 años y el 21% de los de 20 a 29 años estaban matriculados en algún programa educativo. En 2012, estos porcentajes subieron hasta el 86% para los jóvenes de entre 15 y 19 años y hasta el 28% para los de 20 a 29 años. En los países de la OCDE, el incremento ha sido menor: del 81% al 84% en el primer caso y del 25% al 28% en el segundo.
La tesis del informe es que un nivel educativo más alto reduce el riesgo de desempleo, aunque en España, como las tasas de paro son más altas, un título universitario o su equivalente en FP no reduce tanto el riesgo de desempleo como en otros países. En España, en 2012, el 31,2% de los adultos que dejaron los libros antes de los 16 años estaban desempleados (el promedio de la OCDE fue del 13,6%), mientras los adultos con título universitario o equivalente tenían una tasa de paro del 14% (el promedio de la OCDE fue del 5%).

Seguir estudiando compensa, dice la OCDE. En primer lugar, para tener más posibilidades de encontrar trabajo. En segundo, para ganar más (hay un 20% de diferencia salarial entre los que no han alcanzado el Bachillerato y los que lo han terminado. Y en tercer lugar, para alcanzar un mayor grado de satisfacción en algunos aspectos sociales.

Poca excelencia

El otro gran problema que hay en el sistema educativo español es que los resultados obtenidos por los que sí estudian son bastante mediocres. Sólo el 12% de los universitarios alcanza resultados excelentes en competencia lectora, frente al 24% de la OCDE. En competencia matemática, hay un 10% de españoles con buenas notas frente al 26% de la OCDE. Dice este informe que "las puntuaciones obtenidas por la población española con título universitario son sensiblemente más bajas que las de la media OCDE". "Un nivel competencial alto va unido a mejores perspectivas de empleo", dice el informe.

Montserrat Gomendio ha expresado que estos resultados "ponen de manifiesto que se ha realizado un esfuerzo para aumentar la inversión educativa que no ha tenido resultados en el rendimiento de los alumnos".


"Es importante empezar a cambiar el enfoque y no medir sólo por niveles de inversión, sino por resultados", ha dicho, y ha instado a las familias a "involucrarse más". "El rendimiento de los alumnos está muy vinculado a la frecuencia con que los padres preguntan a los niños qué tal les ha ido en el colegio. Mejora enormemente porque los alumnos entienden que para sus padres es importante".

Artículo de Olga R. Sanmartín publicado en El Mundo el 09 de septiembre de 2014

sábado, 20 de septiembre de 2014

Luis Castro Nogueira In memóriam


Profesor titular del Departamento de Sociología I, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED

Falleció en Madrid el jueves 18 de septiembre de 2014

El rector y la comunidad universitaria de la UNED lamentan su pérdida y se unen al dolor de la familia.

lunes, 15 de septiembre de 2014

¿REGENERACIÓN O DEGENERACIÓN DEMOCRÁTICA?

Artículo de Jose Félix Tezanos publicado en Sistema Digital el 8 de septiembre

Cuando en un régimen político los ciudadanos no son debidamente tenidos en cuenta, o cuando muchos piensan que no lo son, algo grave puede pasar. Por eso, lo normal en la vida política es que exista una tensión permanente para lograr alcanzar una mayor correspondencia y sintonía entre gobernantes y gobernados. De hecho, uno de los problemas que se constatan actualmente en democracias como la española es que existe un malestar y una creciente reivindicación –expresa o latente– de una mejor funcionalidad democrática. Muchos comportamientos y tensiones se explican precisamente a partir de esta situación. 
La propuesta del Partido Popular de cambiar el sistema de elección de los alcaldes, tanto por la forma como por el fondo, es una iniciativa que intenta dar respuesta a esta demanda ciudadana en la manera más distorsionada y contradictoria imaginable. Aunque los líderes del PP hablan de una iniciativa orientada a propiciar una “regeneración democrática”, lo cierto es que se trata de una propuesta con un alto componente de manipulación y distorsión democrática. Es decir, más que un avance en la perspectiva de la regeneración democrática es un paso hacia una clara involución y degeneración democrática. Los dirigentes del PP, en realidad, ante su espectacular caída en la intención de voto, lo único que pretenden es mantener el control del máximo número de ayuntamientos posibles, en los que piensan que –aún en minoría– van a ser la principal fuerza política en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y con una minoría de votos pretenden mantener el control más absoluto de diversas entidades municipales y autonómicas.
En definitiva, se trata de un auténtico escándalo político que, en esta ocasión, viene agravado por la circunstancia de que las principales fuerzas políticas españolas no están dispuestas a respaldar tamaño despropósito. Con lo cual, la involución democrática es doble: ya que concierne tanto al propósito electivo en sí, como a la falta del consenso lógico que siempre es preciso para la aprobación de cualquier normativa electoral que aspire a ser mínimamente estable y respetada. Con lo cual, el Partido Popular está cometiendo una grave irresponsabilidad política que solo contribuye a introducir más problemas y disfunciones en la ya de por sí compleja y difícil situación política española actual.
En los sistemas electorales comparados tenemos ejemplos muy diversos de procedimientos de elección, sin que nadie pueda despreciar a priori la validez de los sistemas mayoritarios, por mucho que en este caso contradigan el espíritu y la letra de la actual Constitución española. Lo cierto es que los sistemas mayoritarios siempre vienen dotados de garantías que permiten que la elección de los responsables políticos venga respaldada y garantizada por el suficiente grado de apoyo ciudadano, y de su correspondiente legitimidad política. Por ejemplo, lo habitual es que los sistemas mayoritarios, en casos como el que nos ocupa, se produzcan a dos vueltas, de forma que los dos candidatos/as más votados inicialmente concurran a una segunda votación en la que puede darse la confluencia de los votos necesarios. Pero el propósito del PP, en este caso, se encuentra muy lejos del sentido de tales procedimientos, encontrándose orientado hacia el más descarado propósito de intentar obtener la máxima representación con el menor número de votos posibles. Con lo cual, los estrategas del PP parece que quieren inaugurar un nuevo modelo electoral que bien podría calificarse como “sistema mayoritario de base minoritaria”. Vamos, una ocurrencia y un auténtico despropósito político, que una vez más hará de España motivo de los comentarios más negativos a nivel internacional y que demuestra que el PP quiere jugar con ventaja política

Artículo de Jose Félix Tezanos publicado en Sistema Digital el 8 de septiembre

sábado, 13 de septiembre de 2014

La Universidad expulsa a 30.000 alumnos al año por rendir poco

Artículo de Pilar Álvarez publicado en El País el 27 de agosto de 2014.

Unos 30.000 alumnos de las universidades públicas españolas son expulsados cada año de sus carreras por bajo rendimiento, según las estimaciones de expertos. Los campus fijan de forma autónoma unas líneas rojas que afectan sobre todo a los primeros cursos de la titulación para que el estudiante no se eternice en una carrera mal elegida. En las universidades públicas hay más de un millón de matriculados.
Esta regulación, pensada para garantizar el buen uso de los fondos públicos, suele pasar desapercibida para los estudiantes. Lo ha puesto de manifiesto la protesta de las últimas semanas de un grupo de alumnos de la Universidad de Oviedo contra una norma que ven arbitraria y poco publicitada.
“Se permitieron matrículas mal hechas y se cobró por ellas, llegaremos a los tribunales si es necesario”, explica Alejandro González, representante de los alumnos asturianos.

Los criterios para decidir si un universitario está perdiendo el tiempo en su facultad están recogidos en las llamadas normativas de permanencia. La mayoría de las universidades públicas las revisaron a partir de 2008 con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado plan Bolonia. Las normas incluyen básicamente un número mínimo de créditos a aprobar y un plazo máximo de tiempo para hacerlo. Normalmente, permiten al expulsado de un título una segunda matrícula en otra carrera de la misma universidad tras la expulsión. No suelen contemplar terceras oportunidades.

La agencia de evaluación ANECA y los consejos sociales de los campus recomendaron hace ya dos años una revisión de los modelos en el informe Universidades y Normativas de Permanencia Reflexiones para el futuro. Ese estudio no se ha hecho ni se ha elaborado un recuento oficial de los afectados. El experto en financiación universitaria Juan Hernández Armenteros, que participó en el citado informe, estima que son unos 30.000 alumnos de grado, el 3% del total. Ha hecho este cálculo a partir de un estudio sobre rendimiento realizado en la Universidad de Jaén por Enrique Bernal y Juan Lillo. Otros expertos consultados coinciden en la estimación.

“En general, las normas de las universidades públicas españolas son muy laxas”, advierte Hernández Armenteros, que asegura que en las universidades con normativas más duras hay menos expulsiones si los estudiantes están bien informados. Las expulsiones, además, afectan más a los alumnos menos vocacionales. “Es difícil que se produzcan bajas por la normativa en las carreras en las que el estudiante tiene una preferencia clara y una nota de corte alto”, añade Manuel López, presidente de la Conferencia de Rectores de España (CRUE).
En la Universidad de Oviedo, la movilización ha partido de la facultad de Trabajo Social. El grueso de afectados son alumnos de “Derecho, Económicas e Ingenierías, por la sencilla razón de que es donde tenemos más alumnos”, explica el vicerrector de Estudiantes, Luis Rodríguez Muñiz. La cifra de afectados aún no está cerrada. Las estimaciones oscilan entre el millar que calcula el Rectorado y unos 500, según los representantes del alumnado, de un total de 21.791.
La normativa de permanencia de Oviedo establece que un alumno debe tener al menos 90 créditos en su tercer año universitario, de los que 48 tendrán que ser de asignaturas del primer curso. Los alumnos se han opuesto a esta norma, aprobada en su campus de 2010, pero cuyos efectos se ven ahora cuando han pasado los tres primeros años.

Carlos Lorenzo, de 21 años, acaba de terminar el tercer curso de Trabajo Social. Lleva más de 90 créditos pero no cumple con el requisito de que más de la mitad sean del primer año. Explica que aparcó varias asignaturas relacionadas con Derecho, su particular bestia negra, para estudiarlas todas juntas al final del curso. “Cuando fui a hacer la matrícula, no me avisaron de que corría el riesgo de ser expulsado si no las cogía”, se queja. Su universidad se compromete a mejorar los mecanismos de información y a pedir al consejo social que revise el criterio de los 48 créditos. “En el resto de casos, hay que aplicar la norma”, añade el vicerrector.
La coordinadora estatal de estudiantes universitarios CREUP pide que se revisen estas normas para permitir flexibilidad en los estudios, como lo que pretende el alumno Carlos Lorenzo agrupando todas las asignaturas de Derecho de una vez, y que se tenga en cuenta el panorama actual. “Situaciones que antes eran excepcionales, como que un estudiante trabajara, se han convertido en algo normal por la crisis y eso debe quedar bien recogido”, defiende su presidente, Luis Cereijo.
Los consejos sociales universitarios admiten que la revisión “es una asignatura pendiente”, según Julio Revilla, vicepresidente de la conferencia que los aglutina. “No hace falta que todas las normas sean iguales, pero deberíamos asegurar una coherencia en los modelos y una vinculación con el sistema de becas y de precios públicos”. El presidente de los rectores, Manuel López, ahonda: “Más allá de los expulsados por la normativa, el drama es para los que se quedan fuera por razones económicas o dificultades para conseguir una beca”. Los rectores han reclamado insistentemente en los últimos años al Ministerio de Educación que revise el sistema de ayudas para que nadie quede fuera por falta de dinero.

Un modelo para cada campus

Las universidades españolas están obligadas a fijar unos requisitos mínimos de exigencia a sus alumnos para que sigan estudiando la titulación elegida. Son las llamadas normativas de permanencia. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) establece que los consejos sociales universitarios, en los que participan representantes externos (empresas o Administraciones) junto con los rectorados y los estudiantes, son los que deben impulsar y aprobar estas normas.

Los criterios fueron revisados en la mayoría de los campus públicos a partir de 2008. Antes se requería que el estudiante agotara un número determinado de convocatorias de examen, ahora suelen distinguir entre alumnos con dedicación total o parcial y fijar un número mínimo de créditos a superar en un periodo de tiempo determinado, sin incluir distinciones entre carreras.

La Universidad de León fija un mínimo de 12 créditos aprobados por curso, lo que equivale generalmente a dos asignaturas (la media es de seis créditos por materia). Tiene 157 afectados de 13.582 alumnos. La Universidad de Barcelona prevé 18 créditos cuando el alumno se matricule a tiempo completo (60 créditos anuales). Entre las más duras está la Pompeu Fabra, que fija que se deben aprobar la mitad de los créditos matriculados en el primer curso para seguir matriculado en ese grado.

La Complutense o la de Sevilla piden que el alumno de primer curso apruebe al menos una asignatura para poder seguir en esa titulación y permiten agotar hasta seis convocatorias de examen por materia. En Sevilla hay solo 19 afectados de 64.000 alumnos. Su vicerrectora de Estudiantes, Pastora Revuelta, defiende que las normas sean distintas entre universidades, como ocurre con las notas de corte o los criterios de acceso. “Con todas las restricciones que ya existen, es absurdo cambiarlas. El incremento de precios aprobado para segundas, terceras y cuartas matrículas [en las que el alumno paga hasta el 100% del coste] ya es bastante persuasivo”, señala Revuelta.


Artículo de Pilar Álvarez publicado en El País el 27 de agosto de 2014.