Cuando en un régimen político los ciudadanos no son debidamente tenidos
en cuenta, o cuando muchos piensan que no lo son, algo grave puede pasar. Por
eso, lo normal en la vida política es que exista una tensión permanente para
lograr alcanzar una mayor correspondencia y sintonía entre gobernantes y
gobernados. De hecho, uno de los problemas que se constatan actualmente en
democracias como la española es que existe un malestar y una creciente
reivindicación –expresa o latente– de una mejor funcionalidad democrática.
Muchos comportamientos y tensiones se explican precisamente a partir de esta
situación.
La propuesta del Partido
Popular de cambiar el sistema de elección de los alcaldes, tanto por la forma
como por el fondo, es una iniciativa que intenta dar respuesta a esta demanda
ciudadana en la manera más distorsionada y contradictoria imaginable. Aunque
los líderes del PP hablan de una iniciativa orientada a propiciar una “regeneración
democrática”, lo cierto es que se trata de una propuesta con un alto componente
de manipulación y distorsión democrática. Es decir, más que un avance en la
perspectiva de la regeneración democrática es un paso hacia una clara involución
y degeneración democrática. Los dirigentes del PP, en realidad, ante su
espectacular caída en la intención de voto, lo único que pretenden es mantener
el control del máximo número de ayuntamientos posibles, en los que piensan que –aún
en minoría– van a ser la principal fuerza política en las próximas elecciones
municipales y autonómicas. Y con una minoría de votos pretenden mantener el
control más absoluto de diversas entidades municipales y autonómicas.
En definitiva, se trata
de un auténtico escándalo político que, en esta ocasión, viene agravado por la
circunstancia de que las principales fuerzas políticas españolas no están dispuestas
a respaldar tamaño despropósito. Con lo cual, la involución democrática es
doble: ya que concierne tanto al propósito electivo en sí, como a la falta del
consenso lógico que siempre es preciso para la aprobación de cualquier
normativa electoral que aspire a ser mínimamente estable y respetada. Con lo
cual, el Partido Popular está cometiendo una grave irresponsabilidad política
que solo contribuye a introducir más problemas y disfunciones en la ya de por sí
compleja y difícil situación política española actual.
En los sistemas electorales comparados
tenemos ejemplos muy diversos de procedimientos de elección, sin que nadie
pueda despreciar a priori la validez de los sistemas mayoritarios, por mucho
que en este caso contradigan el espíritu y la letra de la actual Constitución
española. Lo cierto es que los sistemas mayoritarios siempre vienen dotados de
garantías que permiten que la elección de los responsables políticos venga
respaldada y garantizada por el suficiente grado de apoyo ciudadano, y de su correspondiente
legitimidad política. Por ejemplo, lo habitual es que los sistemas
mayoritarios, en casos como el que nos ocupa, se produzcan a dos vueltas, de
forma que los dos candidatos/as más votados inicialmente concurran a una
segunda votación en la que puede darse la confluencia de los votos necesarios.
Pero el propósito del PP, en este caso, se encuentra muy lejos del sentido de
tales procedimientos, encontrándose orientado hacia el más descarado propósito
de intentar obtener la máxima representación con el menor número de votos
posibles. Con lo cual, los estrategas del PP parece que quieren inaugurar un
nuevo modelo electoral que bien podría calificarse como “sistema mayoritario de
base minoritaria”. Vamos, una ocurrencia y un auténtico despropósito político,
que una vez más hará de España motivo de los comentarios más negativos a nivel
internacional y que demuestra que el PP quiere jugar con ventaja política
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