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sábado, 2 de julio de 2016

Michel Foucault. Un diálogo sobre el poder.


Foucault señala que los intelectuales han descubierto que las masas no los necesitan para saber. Sin embargo, sostiene que hay un sistema de poder que intercepta e invalida ese saber de las masas, y donde los mismos intelectuales forman parte de ese sistema de poder. El papel del intelectual sería entonces luchar contra las formas de poder allí donde es a la vez su objeto e instrumento: en la dimensión del “saber”, del “discurso”, de la “verdad”, de la “consciencia”. Con ello la teoría no expresaría una práctica, sino que es la práctica, pero no totalizadora, sino local.
Foucault ha puesto entre paréntesis una serie de postulados tradicionales en los análisis del poder. En este diálogo con Deleuze realizan una crítica al poder, a la posición del intelectual y a los medios de lucha frente a la totalización del poder. Ese diálogo comienza con la disertación acerca las relaciones entre teoría y práctica. Éste señala que la práctica se ha concebido o bien como aplicación de la teoría o como inspiradora de la misma. Eran relaciones concebidas bajo la forma de un proceso de totalización, sin embargo ahora las relaciones teoría-práctica son más parciales y fragmentarias: una teoría siempre se aplica a un pequeño campo, y en cuento se profundiza en ella aparecen obstáculos y tropiezos que hacen que sea relevada por otro tipo de discurso. La práctica es un conjunto de relevos de un punto teórico a otro, y la teoría un relevo de una práctica a otra. En este contexto el intelectual teórico ya no es una consciencia representativa.
Deleuze afirma que la teoría no totaliza, es el poder el que realiza esas totalizaciones. La teoría es como una caja de herramientas y es preciso que funcionen para la gente, darle voz a estas personas sería una de las preocupaciones de la antropología. Considerando la situación actual, el poder tiene una visión total o global. Las actuales formas de represión se totalizan fácilmente desde el punto de vista del poder: por ejemplo en la enseñanza o contra la juventud en general. En cualquier caso, formas diversas de exclusión social que las etnografías deberían recoger, como discursos que deben ser interpretados por la Antropología (Los “vínculos laterales” que señala Foucault, como mecanismo para enfrentarse a la política global de poder).
Puedo relacionar este texto con las reflexiones de George Ritzer (2010) respecto a la identificación de las dos ideas nucleares de la metodología de Focault: la “arqueología del saber” y la “genealogía del poder”. Ritzer sistiene que la  preocupación de “decir la verdad” guarda relación directa con la genealogía del poder de Focault. La genealogía es un tipo muy característico de historia intelectual pues está reñida con otros tipos de estudios históricos que atribuyen centralidad a esas leyes o necesidades; es intrísicamente crítica e implica una “interrogación constante de lo que supuestamente es dado, necesario, natural o neutral” (Ritzer, 2010:568).
A Focault le preocupa el modo en que las personas se gobiernan a sí mismas y gobiernan a otras mediante la producción de conocimiento. Pues ese conocimiento genera poder al convertir a las personas en sujetos y al gobernarlos mediante el uso del mismo. Entonces interesaría identificar las técnicas, las tecnologías que se derivan de ese conocimeinto y por el modo en que las utilizan diversas instituciones a fin de ejercer poder sobre las personas. Focault cree que el conocimiento-poder siempre genera oposición; siempre hay resistencia contra él. Lo que le interesa fundamentalmente es el mundo moderno: “escribo la historia del presente” desde el uso crítico para hacer inteligibles las posibilidades del presente.
La paradoja del poder es la de ser visible e invisible a la vez, la de estar presente y oculto al mismo tiempo, indica Foucault. Como podemos observar en el ámbito político actual, seguimos sin saber aún quién detetenta realmente el poder, quién lo ejerce exactamente: nadie es su titular o todos a la vez y, sin embargo, el poder se ejerce en determinada dirección en la clásica dicotomía: unos a un lado (derecha y centro derecha) y otros en el otro (izquierda, centro izquierda); aún no sabiendo quién lo detetenta exactamente, sabemos con certeza quién no lo tiene; una vez más los ciudadados. En todo caso, y tal como hemos podido extraer del texto, de esta indefinición resulta la dificultad para encontrar las formas de lucha adecuadas. Y las luchas se vienen desarrollando alrededor de lugares específicos de poder, como pueden ser un jefe, un funcionario, un profesor, un cocinero, un estudiante, etc., los que algunos hablan de ese “cambio necesario desde abajo”, como prácticas o micro prácticas que realizamos o reproducimos todos los actores societarios. Designar esos lugares, denunciarlos públicamente, es la lucha política continua, porque aunque algunos no quieran hacerlo, obliga a tratar este asunto, forzando a todos los actores del tapete político a abordarlo, quién ha hecho qué, por qué y con qué objetivo; esto es un primer paso necesario y tremendamente sustantivo para la lucha contra el poder.
Bibliografía
Foucault, M, (2012). Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones. Alianza Editorial. Madrid. 
Ritzer, G. (2010) Teoría Sociológica Moderna. McGraw Hill. Madrid.

lunes, 15 de septiembre de 2014

¿REGENERACIÓN O DEGENERACIÓN DEMOCRÁTICA?

Artículo de Jose Félix Tezanos publicado en Sistema Digital el 8 de septiembre

Cuando en un régimen político los ciudadanos no son debidamente tenidos en cuenta, o cuando muchos piensan que no lo son, algo grave puede pasar. Por eso, lo normal en la vida política es que exista una tensión permanente para lograr alcanzar una mayor correspondencia y sintonía entre gobernantes y gobernados. De hecho, uno de los problemas que se constatan actualmente en democracias como la española es que existe un malestar y una creciente reivindicación –expresa o latente– de una mejor funcionalidad democrática. Muchos comportamientos y tensiones se explican precisamente a partir de esta situación. 
La propuesta del Partido Popular de cambiar el sistema de elección de los alcaldes, tanto por la forma como por el fondo, es una iniciativa que intenta dar respuesta a esta demanda ciudadana en la manera más distorsionada y contradictoria imaginable. Aunque los líderes del PP hablan de una iniciativa orientada a propiciar una “regeneración democrática”, lo cierto es que se trata de una propuesta con un alto componente de manipulación y distorsión democrática. Es decir, más que un avance en la perspectiva de la regeneración democrática es un paso hacia una clara involución y degeneración democrática. Los dirigentes del PP, en realidad, ante su espectacular caída en la intención de voto, lo único que pretenden es mantener el control del máximo número de ayuntamientos posibles, en los que piensan que –aún en minoría– van a ser la principal fuerza política en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y con una minoría de votos pretenden mantener el control más absoluto de diversas entidades municipales y autonómicas.
En definitiva, se trata de un auténtico escándalo político que, en esta ocasión, viene agravado por la circunstancia de que las principales fuerzas políticas españolas no están dispuestas a respaldar tamaño despropósito. Con lo cual, la involución democrática es doble: ya que concierne tanto al propósito electivo en sí, como a la falta del consenso lógico que siempre es preciso para la aprobación de cualquier normativa electoral que aspire a ser mínimamente estable y respetada. Con lo cual, el Partido Popular está cometiendo una grave irresponsabilidad política que solo contribuye a introducir más problemas y disfunciones en la ya de por sí compleja y difícil situación política española actual.
En los sistemas electorales comparados tenemos ejemplos muy diversos de procedimientos de elección, sin que nadie pueda despreciar a priori la validez de los sistemas mayoritarios, por mucho que en este caso contradigan el espíritu y la letra de la actual Constitución española. Lo cierto es que los sistemas mayoritarios siempre vienen dotados de garantías que permiten que la elección de los responsables políticos venga respaldada y garantizada por el suficiente grado de apoyo ciudadano, y de su correspondiente legitimidad política. Por ejemplo, lo habitual es que los sistemas mayoritarios, en casos como el que nos ocupa, se produzcan a dos vueltas, de forma que los dos candidatos/as más votados inicialmente concurran a una segunda votación en la que puede darse la confluencia de los votos necesarios. Pero el propósito del PP, en este caso, se encuentra muy lejos del sentido de tales procedimientos, encontrándose orientado hacia el más descarado propósito de intentar obtener la máxima representación con el menor número de votos posibles. Con lo cual, los estrategas del PP parece que quieren inaugurar un nuevo modelo electoral que bien podría calificarse como “sistema mayoritario de base minoritaria”. Vamos, una ocurrencia y un auténtico despropósito político, que una vez más hará de España motivo de los comentarios más negativos a nivel internacional y que demuestra que el PP quiere jugar con ventaja política

Artículo de Jose Félix Tezanos publicado en Sistema Digital el 8 de septiembre

sábado, 13 de septiembre de 2014

La Universidad expulsa a 30.000 alumnos al año por rendir poco

Artículo de Pilar Álvarez publicado en El País el 27 de agosto de 2014.

Unos 30.000 alumnos de las universidades públicas españolas son expulsados cada año de sus carreras por bajo rendimiento, según las estimaciones de expertos. Los campus fijan de forma autónoma unas líneas rojas que afectan sobre todo a los primeros cursos de la titulación para que el estudiante no se eternice en una carrera mal elegida. En las universidades públicas hay más de un millón de matriculados.
Esta regulación, pensada para garantizar el buen uso de los fondos públicos, suele pasar desapercibida para los estudiantes. Lo ha puesto de manifiesto la protesta de las últimas semanas de un grupo de alumnos de la Universidad de Oviedo contra una norma que ven arbitraria y poco publicitada.
“Se permitieron matrículas mal hechas y se cobró por ellas, llegaremos a los tribunales si es necesario”, explica Alejandro González, representante de los alumnos asturianos.

Los criterios para decidir si un universitario está perdiendo el tiempo en su facultad están recogidos en las llamadas normativas de permanencia. La mayoría de las universidades públicas las revisaron a partir de 2008 con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado plan Bolonia. Las normas incluyen básicamente un número mínimo de créditos a aprobar y un plazo máximo de tiempo para hacerlo. Normalmente, permiten al expulsado de un título una segunda matrícula en otra carrera de la misma universidad tras la expulsión. No suelen contemplar terceras oportunidades.

La agencia de evaluación ANECA y los consejos sociales de los campus recomendaron hace ya dos años una revisión de los modelos en el informe Universidades y Normativas de Permanencia Reflexiones para el futuro. Ese estudio no se ha hecho ni se ha elaborado un recuento oficial de los afectados. El experto en financiación universitaria Juan Hernández Armenteros, que participó en el citado informe, estima que son unos 30.000 alumnos de grado, el 3% del total. Ha hecho este cálculo a partir de un estudio sobre rendimiento realizado en la Universidad de Jaén por Enrique Bernal y Juan Lillo. Otros expertos consultados coinciden en la estimación.

“En general, las normas de las universidades públicas españolas son muy laxas”, advierte Hernández Armenteros, que asegura que en las universidades con normativas más duras hay menos expulsiones si los estudiantes están bien informados. Las expulsiones, además, afectan más a los alumnos menos vocacionales. “Es difícil que se produzcan bajas por la normativa en las carreras en las que el estudiante tiene una preferencia clara y una nota de corte alto”, añade Manuel López, presidente de la Conferencia de Rectores de España (CRUE).
En la Universidad de Oviedo, la movilización ha partido de la facultad de Trabajo Social. El grueso de afectados son alumnos de “Derecho, Económicas e Ingenierías, por la sencilla razón de que es donde tenemos más alumnos”, explica el vicerrector de Estudiantes, Luis Rodríguez Muñiz. La cifra de afectados aún no está cerrada. Las estimaciones oscilan entre el millar que calcula el Rectorado y unos 500, según los representantes del alumnado, de un total de 21.791.
La normativa de permanencia de Oviedo establece que un alumno debe tener al menos 90 créditos en su tercer año universitario, de los que 48 tendrán que ser de asignaturas del primer curso. Los alumnos se han opuesto a esta norma, aprobada en su campus de 2010, pero cuyos efectos se ven ahora cuando han pasado los tres primeros años.

Carlos Lorenzo, de 21 años, acaba de terminar el tercer curso de Trabajo Social. Lleva más de 90 créditos pero no cumple con el requisito de que más de la mitad sean del primer año. Explica que aparcó varias asignaturas relacionadas con Derecho, su particular bestia negra, para estudiarlas todas juntas al final del curso. “Cuando fui a hacer la matrícula, no me avisaron de que corría el riesgo de ser expulsado si no las cogía”, se queja. Su universidad se compromete a mejorar los mecanismos de información y a pedir al consejo social que revise el criterio de los 48 créditos. “En el resto de casos, hay que aplicar la norma”, añade el vicerrector.
La coordinadora estatal de estudiantes universitarios CREUP pide que se revisen estas normas para permitir flexibilidad en los estudios, como lo que pretende el alumno Carlos Lorenzo agrupando todas las asignaturas de Derecho de una vez, y que se tenga en cuenta el panorama actual. “Situaciones que antes eran excepcionales, como que un estudiante trabajara, se han convertido en algo normal por la crisis y eso debe quedar bien recogido”, defiende su presidente, Luis Cereijo.
Los consejos sociales universitarios admiten que la revisión “es una asignatura pendiente”, según Julio Revilla, vicepresidente de la conferencia que los aglutina. “No hace falta que todas las normas sean iguales, pero deberíamos asegurar una coherencia en los modelos y una vinculación con el sistema de becas y de precios públicos”. El presidente de los rectores, Manuel López, ahonda: “Más allá de los expulsados por la normativa, el drama es para los que se quedan fuera por razones económicas o dificultades para conseguir una beca”. Los rectores han reclamado insistentemente en los últimos años al Ministerio de Educación que revise el sistema de ayudas para que nadie quede fuera por falta de dinero.

Un modelo para cada campus

Las universidades españolas están obligadas a fijar unos requisitos mínimos de exigencia a sus alumnos para que sigan estudiando la titulación elegida. Son las llamadas normativas de permanencia. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) establece que los consejos sociales universitarios, en los que participan representantes externos (empresas o Administraciones) junto con los rectorados y los estudiantes, son los que deben impulsar y aprobar estas normas.

Los criterios fueron revisados en la mayoría de los campus públicos a partir de 2008. Antes se requería que el estudiante agotara un número determinado de convocatorias de examen, ahora suelen distinguir entre alumnos con dedicación total o parcial y fijar un número mínimo de créditos a superar en un periodo de tiempo determinado, sin incluir distinciones entre carreras.

La Universidad de León fija un mínimo de 12 créditos aprobados por curso, lo que equivale generalmente a dos asignaturas (la media es de seis créditos por materia). Tiene 157 afectados de 13.582 alumnos. La Universidad de Barcelona prevé 18 créditos cuando el alumno se matricule a tiempo completo (60 créditos anuales). Entre las más duras está la Pompeu Fabra, que fija que se deben aprobar la mitad de los créditos matriculados en el primer curso para seguir matriculado en ese grado.

La Complutense o la de Sevilla piden que el alumno de primer curso apruebe al menos una asignatura para poder seguir en esa titulación y permiten agotar hasta seis convocatorias de examen por materia. En Sevilla hay solo 19 afectados de 64.000 alumnos. Su vicerrectora de Estudiantes, Pastora Revuelta, defiende que las normas sean distintas entre universidades, como ocurre con las notas de corte o los criterios de acceso. “Con todas las restricciones que ya existen, es absurdo cambiarlas. El incremento de precios aprobado para segundas, terceras y cuartas matrículas [en las que el alumno paga hasta el 100% del coste] ya es bastante persuasivo”, señala Revuelta.


Artículo de Pilar Álvarez publicado en El País el 27 de agosto de 2014.

jueves, 24 de julio de 2014

MARXISMO Y SOCIOLOGÍA

Lefebvre presenta en este artículo una reflexión alrededor del marxismo y de la definición que la sociología adquiere en su ligamen con el primero. Se explica además brevemente el método dialéctico, en cuanto fundamento del desarrollo de la sociología que permite unificar el rol de las ciencias sociales, en la comprensión de la totalidad (en este caso francesa). Asimismo, Lefebvre establece una serie de vínculos entre la Sociología y la Etnografía, la Economía Política, la Psicología y la Política, con el fin de aprehender las contradicciones que caracterizan la realidad social y fundar así una sociología científica.

Traducción: Roy Alfaro Vargas

Revista de Ciencias Sociales - Universidad de Costa Rica nº142


sábado, 21 de junio de 2014

La universidad española, entre las más caras de Europa

Artículo de Ivanna Vallespín y Pilar Álvarez publicado el 20 de junio en El País.

Los universitarios griegos no pagan un euro por ir a clase. En Francia hay desgravaciones fiscales para las familias. Alemania, a diferencia de la mayoría, se ha replanteado los precios de los campus a la baja en tiempos de crisis. En España, donde los precios de las tasas llevan tres cursos disparados, se acaba de abrir un nuevo debate. La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Monsterrat Gomendio, apuntó hace una semana a la opción de “evolucionar” a un sistema de préstamos, como el que tiene el Reino Unido.
No es lo mismo estudiar en un punto u otro de la Unión Europea. Ni por contenidos, ni por precio. España está en el grupo de los países con los precios más altos de la Europa de los 28 para estudiar un grado. Según datos recientes de la Comisión Europea (que miden la horquilla de precios entre las matrículas más altas y las más bajas), España sería la novena con los precios más altos en la horquilla superior (2011 euros) y la octava en la parte baja de esa horquilla, con 713 euros. Está por detrás de Reino Unido, Estonia o Irlanda, entre otras. Hay 12 países, además, con una cobertura más amplia de alumnos becados, por detrás de Francia, Irlanda o Reino Unido.
En el otro extremo, están los países nórdicos (Finlandia, Dinamarca y Suecia) con Grecia o Austria. En todos ellos, las universidades públicas están libres de tasas. Otros mantienen precios casi simbólicos, como Francia, la República Checa, Alemania o Polonia. Son datos del reciente informe de la Comisión Europea National Student Fee and Support Systems 2013-2014 (tasas estudiantiles nacionales y sistemas de ayudas). El estudio –que no incluye datos de Holanda y Luxemburgo porque no se facilitaron, pero sí de países que no están en la UE28- destaca que las becas basadas en criterios económicos son las más usadas en la educación superior en Europa, frente a algunas excepciones que emplean criterios de mérito como los que España endureció en 2012 (Bélgica, Grecia e Italia). Solo Islandia y Montenegro tienen sistemas exclusivos de préstamos y hay países en los que, además de las ayudas directas a los estudiantes, se aplican exenciones fiscales a las familias.
Los préstamos para estudiantes universitarios son habituales en la UE. En 17 de los 28 países ofrecen o avalan préstamos, pero solo llegan a una parte muy baja de los estudiantes, desde el 0,1% en Francia al 11% en Letonia. Francia los puso en marcha en 2008 para menores de 28 años, con un importe máximo de 15.000 euros. En Letonia disponen de dos tipos de préstamos, uno para pagar el coste de la matrícula y otro para los gastos del día a día. En este caso el dinero debe ser devuelto un año después de haber finalizado los estudios.
En Dinamarca también la mitad de estudiantes se acogen a créditos de unos 400 euros mensuales, que deben ser devueltos en un plazo de 15 años, aunque paralelamente tienen un sistema de becas del doble de importe para poder independizarse. “Aquí los jóvenes se independizan muy pronto y esto les ayuda para empezar una vida fuera de casa de los padres a edades tan tempranas”, tercia Vera Sacristán, presidenta del Observatorio del Sistema Universitario, un organismo que ha presentado este viernes el informe El coste de estudiar en Europa", basado en el trabajo de la Comisión Europea.
Sacristán, coordinadora del estudio, señala que en función del poder adquisitivo de la población, las universidades públicas españolas son las sextas instituciones con los precios de grado más elevados de Europa, encabezadas por las de Cataluña, cuyos precios mínimos sólo supera Irlanda, Irlanda del Norte y Gales.

En cuanto al coste de los másteres, Sacristán ha destacado que los precios mínimos en máster en Cataluña son casi el doble de caros que los precios máximos existentes en 21 de los 38 países analizados. A este respecto, el informe destaca que en la mayoría de países y regiones europeas estos estudios tienen el mismo precio aproximado que los grados. En España, en cambio, el precio de máster sí es superior al de los grados.

Artículo de Ivanna Vallespín y Pilar Álvarez publicado el 20 de junio en El País.

lunes, 21 de abril de 2014

UN ENSAYO SOBRE ACCIÓN POLÍTICA Parte 1

En el contexto de un discurso generalizado al respecto de una crisis de la política y de lo político, el presente ensayo trata la acción política. Una práctica elaborada con datos extraídos del barómetro de abril de 2012, en concreto el estudio 2941 del CIS. Se va a trabajar con dos modelos a modo de hipótesis, con el objeto de obtener una explicación a través de un análisis pormenorizado de la información resultante. Se realizará un estudio comparando ambos modelos e intentando en todo momento, dialogar con la información resultante, como con otros estudios conexos. El contraste de estos resultados puede permitir distinguir hasta qué punto los modelos desarrollados con la regresión logística, son explicativos.

1.    Modelo 1. Construcción de variables/items:
·      Ocupación
·      Votosimplus
·      Estudios
·      Descontento Político
·      Interés en la Política
·      Siendo las variables definitivas:
a)    Capacidad de criterio político (F1)
b)    Nivel de disconformidad con el actual Gobierno (F2)

2.    Modelo 2. Construcción de variables/items:
·      Sexo
·      Edad
·      Estudios
·      Votosimplus
·      Interés
·      Ocupación
·      Inquietud Política
·      Optimismo
·      Siendo las variables definitivas:
a)    Capacidad Crítica (CC)
b)    Confianza

Este trabajo pretende aproximarse a la realidad formulando las siguientes preguntas, y que se corresponden con los dos modelos que se van a abordar desde esta práctica, un modo de analizar la acción política:

1.    ¿Cuál es la capacidad crítica de la población española y su nivel de disconformidad con el actual Gobierno?
2.    ¿Cuál es la capacidad crítica de la población española y su confianza con el actual Gobierno?

1.1.-Obtención de datos

Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro de Abril 2012.
Estudio número 2.941. Fecha de realización: Del 9 al 17 de abril.

1.2.-Elaboración de índices agregados


Índice agregado ponderado: Forma 2

2.-Estado de la cuestión

Son diversos los estudios realizados en los últimos años sobre la acción política en España. Existe una opinión generalizada que las investigaciones sobre los factores que influyen en la participación política de los ciudadanos se han limitado tradicionalmente al análisis de las características sociopolíticas, del individuo. “Esto corrobora la necesidad de introducir elementos políticos contextuales en los cuales los ciudadanos se mueven cuando intentan explicar las razones de pertenencia a grupos u organizaciones de naturaleza política” (Morales, 2001:154). Algunos resultados manifiestan que los motivos de la participación son muy complejos, y no pueden atribuirse únicamente a la alienación política. Son, “más bien, un reflejo de las condiciones de lo político en la época actual, condiciones caracterizadas por la economización de la política, la disolución de los límites tradicionales de la política con respecto al territorio, los temas, los objetivos y los métodos, así como la deconstrucción de las ideologías tradicionales y la despolitización del público” (Spannring, 2008:45).
Las divergencias en los patrones de participación política de los ciudadanos se someten a dos tipos de factores causales según el politólogo norteamericano  Scott Bennett. Para este autor, en primer lugar, existe un efecto cohorte, el cual es un reflejo de los diferentes contextos en los que se produce el proceso de socialización política de cada generación. En segundo lugar, se encuentra un efecto ciclo de la vida (efecto ciclo vital), según el cual, las pautas de participación política van modificándose a lo largo de la vida, lo que llevaría a una confluencia entre generaciones. No obstante, “a nivel empírico, resulta complejo distinguir la magnitud de ambos efectos” (Jaime, 2008:68). Estas teorías del ciclo vital individual asisten a la comprensión del fenómeno participativo, revelando “cómo un sujeto que comparte con otro ideales o motivaciones actuará comunitariamente con mayor probabilidad” (Funes, 2004:237) en unas etapas de su vida que en otras.
Al respecto de la socialización política, Jaime Castillo afirma que para el caso español los datos reflejan una importante relación entre la posición política de la generación actual y la anterior. Y esto por encima de los cambios experimentados por la familia española en las últimas décadas, “esta sigue representando una instancia eficaz en el proceso de socialización política” (Jaime, 2000:71). En este sentido, Barbeito Iglesias analiza cómo la familia, “en función de la posición ocupada en la estructura social” (Barbeito, 2002:59), contribuye a reproducir la red de oportunidades vitales de los jóvenes, subordinando así sus posturas ante el proceso político.
Diez de Ulzurrum se pregunta si existe una crisis participativa. Son muchos los investigadores los que han alertado de que los ciudadanos occidentales participan cada vez menos en los asuntos públicos, a pesar del incremento en los niveles educativos y en las habilidades y recursos disponibles. Esta crisis participativa se manifestaría a través del declive en los niveles de participación electoral y en una menor participación en la política convencional. En el caso español, “la creencia común es que, tras un breve período de amplia movilización y participación ciudadana durante la transición a la democracia, los ciudadanos españoles son cada vez más reticentes a participar en la esfera pública” (Diez, 2005:51). Aunque hay evidencias que contradicen esta descripción de la realidad española, mediante el análisis de las pautas longitudinales y generacionales de participación política y asociacionismo en España, desde comienzos de los años ochenta, y gracias a los datos de encuesta disponibles. Habrá que hacer un esfuerzo analítico en contrastar la evolución de la acción política convencional y no convencional en España, como es el caso de la pregunta (P10) que justifica enteramente este ensayo sobre acción política.
Hay autores como Ángel Sermeño, que defienden la tesis de que “si bien son correctos los diagnósticos pesimistas sobre los límites de la participación agrupados en los enfoques elitistas, de la complejidad y de la mutación de la representación política” (Sermeño, 2006:7); también es relevante comprobar cómo la participación política se abre camino a través de múltiples experiencias en diversos contextos sociohistóricos que se recogen en los nuevos desarrollos conceptuales definidos por “las teorías de la ciudadanía, la sociedad civil y la deliberación democrática” (Ibídem:7). Hay consenso en un discurso crítico del conjunto de la ciudadanía respecto con las instituciones y actores políticos, unos bajos niveles de interés y de seguimiento de la información política, y altos niveles de desafección política. Todo se concentra fundamentalmente “en algunas pautas de participación política” (Ferrer, 2006:195) y, en particular, percibiendo un efecto edad en la realización de acciones de protesta o consumo político.
Por último, Verge Maestre y Tormón Marín exploran el “rol de los recursos individuales, los factores situacionales y el proceso de socialización en la persistencia de las diferencias de género en las actitudes políticas” (Verge, 2012:89). Afirman que a pesar de la creciente participación en la progresiva participación de la mujer en el mercado de trabajo y la igualación entre sexos de los niveles educativos en las últimas décadas, la permanente desigualdad en la división sexual del trabajo doméstico merma el tiempo libre de las mujeres así como “las habilidades, recursos y conexiones sociales que podrían fomentar su implicación política, contribuyendo a mantener las diferencias de género en el interés por la política” (Verge, 2012:89).
El grueso de la población española valora muy positivamente y apoya el sistema democrático entendiendo además el papel crucial de los partidos políticos para que se sustancie pragmáticamente la representación. Sin embargo, a través de muchas encuestas realizadas en los último años, se puede constatar la disconformidad con el “funcionamiento del sistema y las políticas públicas implementadas desde los actores principales del sistema especialmente con relación a los partidos políticos” (Sánchez, 2009:109).

sábado, 29 de marzo de 2014

“La idea de que a los jóvenes no les interesa la política está equivocada”

Entrevista publicada el 17 de marzo de 2014 en divulga UNED

Existe la creencia generalizada de que la juventud española siente apatía hacia la política. Para averiguar si es cierto, Jorge Benedicto, catedrático de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ha preguntado a cerca de un centenar de jóvenes de entre 16 y 29 años qué significa para ellos la política. Los resultados, que se publican en la revista Journal of Youth Studies, demuestran lo contrario: “Lo que no les interesa a muchos jóvenes es el tipo de política institucional en el que los adultos queremos que se integren”.

A la luz de su investigación, parece que la idea de que a la juventud no le interesa la política es demasiado simplista, ¿no es así?
En efecto, la conclusión más evidente es que la tesis de la apatía política de los jóvenes es una simplificación de una realidad mucho más compleja. Incluso podríamos decir que esa idea de que a los jóvenes no les interesa la política está equivocada. Lo que no les interesa a muchos jóvenes es el tipo de política institucional en el que los adultos queremos que se integren, lo cuál no implica que no estén preocupados por la marcha de la sociedad en la que viven. De todas formas, tampoco hay que olvidar que los jóvenes son un colectivo muy heterogéneo, que los significados políticos han perdido mucha de su significación simbólica y que vivimos en sociedades donde proliferan los incentivos para que los individuos solo se preocupen de lo que ocurre en su esfera más cercana y personal.
¿Qué papel tienen los medios de comunicación y las redes sociales en la relación política-juventud?
Hoy en día no se puede entender nada de lo que tiene que ver con la política sin referirse a los medios de comunicación. Por tanto, en la relación política-juventud los medios son un actor fundamental. No obstante, para entender bien la posición de los medios de comunicación, hay que pensar sobre todo en el uso que hoy los jóvenes hacen de los mismos. Medios tradicionales como la prensa escrita han perdido presencia entre el colectivo juvenil, mientras que los nuevos medios electrónicos, las redes sociales o las comunidades virtuales constituyen un elemento fundamental en la formación de los significados políticos y en el propio activismo juvenil.
¿Qué fue lo más sorprendente de las entrevistas que realizó?
Tanto en los grupos como en las entrevistas individuales lo más sorprendente fue la capacidad de muchos jóvenes para combinar significados de varios mundos políticos sin ningún esfuerzo y sin que les preocuparan las aparentes contradicciones en las que incurrían. Como explico en mi artículo me encontré con jóvenes que utilizaban un discurso de rechazo e incluso desprecio de la política y, al mismo tiempo, relataban episodios personales de activismo e incluso compromiso cívico, o jóvenes militantes en partidos políticos que, contrariamente a lo que cabría esperar, se mostraban desconfiados y críticos con la actividad político institucional. Encontré muchos ejemplos de cómo los jóvenes mezclan interpretaciones, representaciones o vocabularios políticos, aparentemente contradictorios, en función de sus experiencias y necesidades.
El artículo no analiza si la corrupción política está relacionada con la desafección, ¿o sí?
Efectivamente, el tema de la corrupción no le analicé directamente en mi investigación, aunque sí estuvo presente en la mayoría de los discursos de los participantes. Aunque no lo analizara, es evidente que corrupción y desafección están íntimamente relacionadas y, lo que aún es más grave desde un punto de vista democrático, conforme aumenta la percepción de corrupción se incrementa la sensación de crisis institucional, de deslegitimación.
¿No se ha producido un deterioro general de la relación entre sociedad y clase política?
Así es. Muchos de los problemas y de las críticas que expresan de forma explícita los jóvenes son problemas y críticas que afectan a toda la sociedad. En las últimas décadas estamos asistiendo a un deterioro profundo de las relaciones ciudadano-sistema político que se concretan en una creciente desconfianza hacia los principales actores institucionales como son los partidos y los políticos. Esta tendencia está presente en todos los grupos de edad, aunque en algunos adopte perfiles más notorios, como puede ser entre los jóvenes que están en pleno proceso de integración sociopolítica.
¿Qué haría falta para que a la juventud le interese más la política?
A la mayoría de los jóvenes les interesan las cosas que pasan a su alrededor, se preocupan por la marcha de las cuestiones colectivas y, mediante procesos de ensayo y error, tratan de convertirse en miembros plenos de su comunidad, es decir, en ciudadanos. Ahora bien, lo que tendríamos que plantearnos es el tipo de política que los adultos ofrecemos a los jóvenes: un tipo de política donde sus problemas y preocupaciones no están presentes, donde no les reconocemos el status de interlocutores legítimos, donde no les dejamos intervenir activamente a no ser que sigan el guión pautado… En otras palabras, mientras entre todos no construyamos un espacio público en el que los jóvenes puedan llegar a ser protagonistas, junto a las otras generaciones, no podemos extrañarnos de que no se sientan interpelados por la política existente.
¿Es posible que esta desafección esté relacionada con que ‘no hace falta’ una lucha por los derechos como hace décadas, y se ha transformado en pasotismo?
No creo que ésta sea una variable importante para explicar el rechazo y la distancia que manifiestan los jóvenes respecto a la política institucional de corte partidista. Esta impresión de que los derechos son algo consustancial al sistema democrático y la consiguiente pérdida de la memoria de su conquista no solo ha afectado a los jóvenes sino a toda la sociedad en su conjunto, lo que ha provocado, en mi opinión, no tanto pasotismo como un tipo de democracia más bien de baja calidad. De todas formas, hay que reconocer que en los últimos años, ante las amenazas reales que se ciernen sobre estos derechos, hemos asistido a movimientos de reivindicación en los que los jóvenes han estado presentes y han adoptado un papel protagonista.

Referencia bibliográfica: Jorge Benedicto. “The political cultures of young people: an uncertain and unstable combinatorial logic”, Journal of Youth Studies, Volume 16, Issue 6, pp. 712-729, 2013. DOI: 10.1080/13676261.2012.744812.
Para más información:
Laura Chaparro – Unidad de Cultura Científica (UCC+i/FECYT)
OTRI-UNED


Entrevista publicada el 17 de marzo de 2014 en divulga UNED