La burocracia y la falta de medios descapitalizan el CSIC

Artículo de Mauricio Vicent publicado en EL PAÍS el 4 de diciembre de 2014

El buque insignia de la ciencia en España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hace agua. Con 123 institutos y más de 11.000 trabajadores, el principal organismo público de investigación atraviesa una “crisis estructural” que requiere de una “transformación drástica” si se pretende evitar que la ciencia española descienda a la “segunda división internacional”, aseguran destacados científicos como el ecólogo Jordi Bascompte (premio Nacional de Investigación en 2011) o Juan Manuel García Ruiz, experto internacional en Cristalografía de España.

Las críticas, compartidas por buena parte de la comunidad científica, coinciden con la divulgación de un documento firmado por más de un centenar de investigadores del CSIC que reclama “una reforma profunda de las instituciones de gobierno del sistema científico español”. Hasta el Rey Felipe VI ha advertido que España no puede darse el lujo de preparar a jóvenes investigadores “para que salgan al extranjero sin retorno posible” debido “a una tasa de paro inaceptable”. Lo dijo al intervenir, el pasado 24 de noviembre, en el acto por el 75 aniversario de la fundación del CSIC.

“La situación es grave y viene de lejos. No se trata de algo coyuntural, debido a la crisis —que también afecta—. Son las restricciones burocráticas y los mecanismos anticuados lo que impide a la ciencia española competir en el exterior”, asegura Jordi Bascompte, investigador de la Estación Biológica de Doñana (EBD). Bascompte es uno de los dos científicos españoles que forma parte del comité editorial de la revista Science. Después de varios años recibiendo ofertas de instituciones extranjeras, el ecólogo español ha decidido marcharse a la Universidad de Zurich con su proyecto (y los fondos europeos asignados) por considerar que no puede llevar adelante su trabajo adecuadamente en España. “Es mentira que me vaya porque me paguen más. Durante años he tenido buenas ofertas y no me he querido marchar”, asegura. Si ahora lo ha decidido, confiesa, es porque se ha cansado de darse “con la cabeza contra un muro”.

Hace 15 años, Jordi Bascompte (Girona, 1967) trabajaba en el prestigioso Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológicos de la Universidad de California cuando voluntariamente decidió regresar a España. Desde entonces desarrolló su carrera profesional en la Estación Biológica de Doñana. El proyecto que en la actualidad lleva adelante indaga en las redes que rigen las interacciones de los seres vivos y constituyen la arquitectura de la biodiversidad, y por él obtuvo 1,7 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación (ERC). Este tipo de subvenciones Advanced Grant son otorgadas por la UE para impulsar los mejores proyectos científicos en Europa, y uno podría pensar que con el dinero asegurado se acabaron los problemas.

“No en España”, dice Bascompte. Lo confirma García Ruiz, que trabaja en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y también dispone de fondos europeos. “En otros lugares te dan el dinero para que no te preocupes, aquí el día que te asignan los fondos empieza a preocuparte”.

Bascompte describe el calvario cotidiano que cualquier investigador español ha de pasar para hacer ciencia, y eso teniendo la fortuna de contar ayudas europeas. “Para contratar a un investigador postdoctoral de Oxford puedes pasarte seis meses con trámites burocráticos, como me ocurrió a mí, y te encuentras con la medida surrealista de que tiene que convalidar el título en España porque es extranjero”. “Llega un momento en que te cansas”, confiesa. “Entre noviembre y enero, tres meses aproximadamente, no puedes hacer gastos de tus propios recursos por ser el cierre de ejercicio”, pone como ejemplo.

El CSIC le obliga, además, a hacer engorrosos contratos a los técnicos e investigadores que trabajan con él durante un proyecto. Si, por ejemplo, dura dos años, cada cuatro meses los contratados han de firmar una carta en la que especifica que se limitan a realizar las funciones para las que se le contrató y no otras, y así el CSIC evita posibles demandas. “Yo, que tengo nueve personas en mi proyecto, tengo que preocuparme de hacer más de 30 cartas y de que las firmen…”.

“Son mecanismos anquilosados, reglas del juego antediluvianas con las que es imposible hacer ciencia moderna y competir en la primera división de la investigación internacional”, sentencia García Ruiz, que calcula que un científico español, si tiene fondos, ha de dedicar más del 50% de su tiempo a la gestión y la burocracia del proyecto científico, en vez de a investigar.

Los datos indican una reducción del 14,6% de plantilla en el CSIC desde noviembre de 2011. Hay 1.892 empleados menos. Las cifras aportadas por el Ministerio de Economía dan cuenta solo de un total de 49 investigadores que han pedido algún tipo de excedencia desde enero de 2011, en la mayor parte de los casos de naturaleza temporal. “En ciencia, hay que fomentar que los investigadores adquieran experiencia en el extranjero. Lo que tenemos que procurar es que vuelvan”. El ministerio reconoce que hay cierta rigidez en el centro. “Somos conscientes de que las instituciones para ser competitivas necesitan flexibilidad, así como ligar una parte de su financiación a los resultados obtenidos”, señala un portavoz del Ministerio.

El Gobierno recurrió, en 2013 a un rescate de 95 millones de euros para evitar la quiebra del CSIC. La institución ha sufrido duramente los recortes durante la crisis económica. “No se trata solo de la crisis y de la escasez crónica de recursos”, asegura el investigador Mario Días, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, uno de los científicos que ha promovido la declaración de los científicos críticos. Días señala entre los problemas del sistema la incapacidad de retener el talento joven y el envejecimiento de la plantilla, con una edad media de 55 años. Otra lacra es el “sistema funcionarial”, en el que no prima la excelencia. “Aquí gana lo mismo el científico brillante que el que se pasa haciendo el día tebeos en su despacho”, asegura un director de Instituto que prefiere no dar su nombre.

El 24 de noviembre, al celebrarse el 75 aniversario del CSIC, su presidente, Emilio Lora Tamayo, aseguró que la fuga de cerebros en España era una “leyenda urbana” y que los que se marchaban lo hacían porque les daban un cheque "con varias cifras". Bascompte y otros lo desmienten. El cheque está, sin duda, pero se van por otras razones.

Artículo de Mauricio Vicent publicado en EL PAÍS el 4 de diciembre de 2014

Manifiesto del Consejo General de Estudiantes sobre Educación Pública 28.06.2014

Manifiesto del Consejo General de Estudiantes de la UNED

La universidad española, entre las más caras de Europa

Artículo de Ivanna Vallespín y Pilar Álvarez publicado el 20 de junio en El País.

Los universitarios griegos no pagan un euro por ir a clase. En Francia hay desgravaciones fiscales para las familias. Alemania, a diferencia de la mayoría, se ha replanteado los precios de los campus a la baja en tiempos de crisis. En España, donde los precios de las tasas llevan tres cursos disparados, se acaba de abrir un nuevo debate. La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Monsterrat Gomendio, apuntó hace una semana a la opción de “evolucionar” a un sistema de préstamos, como el que tiene el Reino Unido.

No es lo mismo estudiar en un punto u otro de la Unión Europea. Ni por contenidos, ni por precio. España está en el grupo de los países con los precios más altos de la Europa de los 28 para estudiar un grado. Según datos recientes de la Comisión Europea (que miden la horquilla de precios entre las matrículas más altas y las más bajas), España sería la novena con los precios más altos en la horquilla superior (2011 euros) y la octava en la parte baja de esa horquilla, con 713 euros. Está por detrás de Reino Unido, Estonia o Irlanda, entre otras. Hay 12 países, además, con una cobertura más amplia de alumnos becados, por detrás de Francia, Irlanda o Reino Unido.

En el otro extremo, están los países nórdicos (Finlandia, Dinamarca y Suecia) con Grecia o Austria. En todos ellos, las universidades públicas están libres de tasas. Otros mantienen precios casi simbólicos, como Francia, la República Checa, Alemania o Polonia. Son datos del reciente informe de la Comisión Europea National Student Fee and Support Systems 2013-2014 (tasas estudiantiles nacionales y sistemas de ayudas). El estudio –que no incluye datos de Holanda y Luxemburgo porque no se facilitaron, pero sí de países que no están en la UE28- destaca que las becas basadas en criterios económicos son las más usadas en la educación superior en Europa, frente a algunas excepciones que emplean criterios de mérito como los que España endureció en 2012 (Bélgica, Grecia e Italia). Solo Islandia y Montenegro tienen sistemas exclusivos de préstamos y hay países en los que, además de las ayudas directas a los estudiantes, se aplican exenciones fiscales a las familias.

Los préstamos para estudiantes universitarios son habituales en la UE. En 17 de los 28 países ofrecen o avalan préstamos, pero solo llegan a una parte muy baja de los estudiantes, desde el 0,1% en Francia al 11% en Letonia. Francia los puso en marcha en 2008 para menores de 28 años, con un importe máximo de 15.000 euros. En Letonia disponen de dos tipos de préstamos, uno para pagar el coste de la matrícula y otro para los gastos del día a día. En este caso el dinero debe ser devuelto un año después de haber finalizado los estudios.

En Dinamarca también la mitad de estudiantes se acogen a créditos de unos 400 euros mensuales, que deben ser devueltos en un plazo de 15 años, aunque paralelamente tienen un sistema de becas del doble de importe para poder independizarse. “Aquí los jóvenes se independizan muy pronto y esto les ayuda para empezar una vida fuera de casa de los padres a edades tan tempranas”, tercia Vera Sacristán, presidenta del Observatorio del Sistema Universitario, un organismo que ha presentado este viernes el informe El coste de estudiar en Europa", basado en el trabajo de la Comisión Europea.

Sacristán, coordinadora del estudio, señala que en función del poder adquisitivo de la población, las universidades públicas españolas son las sextas instituciones con los precios de grado más elevados de Europa, encabezadas por las de Cataluña, cuyos precios mínimos sólo supera Irlanda, Irlanda del Norte y Gales.

En cuanto al coste de los másteres, Sacristán ha destacado que los precios mínimos en máster en Cataluña son casi el doble de caros que los precios máximos existentes en 21 de los 38 países analizados. A este respecto, el informe destaca que en la mayoría de países y regiones europeas estos estudios tienen el mismo precio aproximado que los grados. En España, en cambio, el precio de máster sí es superior al de los grados.

Artículo de Ivanna Vallespín y Pilar Álvarez publicado el 20 de junio en El País.

Los científicos piden que la inversión en I+D no compute como déficit

Artículo de Alicia Rivera publicado  el 21 de mayo de 2014 en El País

Los investigadores y responsables universitarios del colectivo Carta por la Ciencia, que integra a sociedades científicas, rectores, jóvenes investigadores y sindicatos, piden que “la inversión en I+D civil de los países miembros de la UE no compute como déficit nacional a efectos de cumplir los compromisos de estabilidad”. Es la primera de las cuatro propuestas que la plataforma presenta esta semana a los partidos políticos, ante las elecciones europeas, pidiéndoles que incorporen en sus actuaciones medidas que consideran urgentes “para poder garantizar el futuro de la I+D española en el ámbito de la UE”. La segunda sugerencia atañe a la reducción de las diferencias entre los países comunitarios en cuanto a porcentaje de investigadores por habitantes, la tercera pide agilizar la circulación de personal de I+D en la UE y la última recuerda la necesidad de defender la investigación básica. Integran la Carta por la Ciencia la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), la conferencia de rectores (CRUE), la Federación de Jóvenes Investigadores /Precarios y los sindicatos CC OO y UGT, así como el Foro de Empresas Innovadoras (FEI) que han aunado, desde hace un par de años, las reclamaciones más urgentes del sistema de ciencia y tecnología español ante los problemas de recortes de presupuestos, la fuga de cerebros y los retrasos de los programas de financiación de la investigación.

La idea de que la inversión en I+D civil quede fuera del cómputo del déficit entronca con una medida vigente en el plan de estabilidad presupuestaria de la UE. Como el déficit se computa entre ingresos y gastos del Estado, el total queda reducido si se deja fuera un gasto específico, lo que se considera una medida de estímulo para la economía en general y para esa actividad en concreto. Actualmente se admite excluir del gasto la inversión pública (fundamentalmente obras públicas, infraestructuras), pero con una salvedad muy importante: Bruselas solo lo acepta para los países que cumplen el objetivo de déficit, que serían los que menos lo necesitan, como Alemania, que no está utilizando esta medida. España estará por encima del 3% de déficit (máximo permitido) hasta 2016 incluido, según el pronóstico del Gobierno.

La Carta por la Ciencia argumenta que la medida de excluir la inversión en I+D civil del cómputo del déficit nacional, ayudaría (si no se aplica la restricción aprobada para la inversión pública general) a evitar la situación actual en la que “los países que más se están viendo afectados por la crisis son también los que más están recortando en este sector, comprometiendo así su futuro y el de una Unión Europea igualitaria y equilibrada”.

Otra “necesidad urgente para poder garantizar el futuro de la I+D española en el ámbito de la UE”, según el colectivo, consiste en “establecer medidas para reducir las diferencias en el número de investigadores por habitante en los países europeos, tanto en las etapas senior como en las de iniciación, formación y estabilización, y como una medida para la creación de empleo cualificado de calidad, haciendo especial incidencia en los jóvenes”. Los Organismos Públicos de Investigación (OPI), incluido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), así como las universidades, están sometidos a la tasa de reposición del 10% de toda la Administración Pública, por la cual solo se cubre una de cada 10 plazas que quedan vacantes (sobre todo por jubilaciones). Para todos los OPI, el Ministerio de Hacienda, en la Oferta Pública de Empleo 2014, ha asignado un total de 35 plazas de científico titular para las siete instituciones, que suman casi 6.000 puestos de personal científico. Un total de 24 de las 35 plazas se destinan al CSIC, la mayor institución científica de España, que perdió 2.200 efectivos entre 2011 y 2013, según datos oficiales.

La tercera propuesta del colectivo atañe a la movilidad del personal científico y técnico en el ámbito de la UE: “Favorecer la estandarización de requisitos administrativos (títulos, justificaciones…) para la circulación libre y real de personal de I+D dentro del espacio europeo, fomentando el acceso en igualdad de condiciones y en base a los méritos a los distintos puestos de trabajo”.

Por último, la Carta por la Ciencia, ahora que tanto la Comisión Europea como los responsables españoles de política científica ponen especial énfasis en la relación directa entre investigación y mercado, sale “en defensa de la investigación básica como pilar del conocimiento, motor de avance y pieza imprescindible para la existencia de la investigación aplicada”.

Los representantes de la Carta por la Ciencia, que se han reunido hoy con responsables del PSOE, el PP e Izquierda Unida,  para continuar en los próximos días las citas con otros partidos, afirman que la política de I+D seguirá siendo en los próximos años, para la UE, “un asunto crucial para su futuro y el de sus ciudadanos”. Y denuncian: “Desgraciadamente, debido a la crisis económica, el sector de la I+D está sufriendo importantes retrocesos en varios de sus Estados miembros, entre los que destaca España, lo que compromete el progreso de estos países y acrecienta las desigualdades y desperdicia el talento de algunas de sus generaciones de investigadores e investigadoras más preparadas”.

Tras las reuniones con los partidos, José Luis de Pablos, científico del Ciemat y coordinador de la Carta por la Ciencia, ha informado a EL PAÍS que, en nombre del PSOE, Ramón Jaúregui ha expresado que “está totalmente de acuerdo con los cuatro puntos que se proponen y se ha comprometido a defenderlos en Europa”. Igualmente Izquierda Unida ha manifestado su apoyo y compromiso a defender las propuestas de los científicos. “En nombre del PP, Pilar del Castillo nos ha dicho que está personalmente de acuerdo con nuestra propuesta, pero que no puede garantizar que el PP defenderá los cuatro puntos hasta que no hable con el ministro Montoro”.

Jaúregui ha destacado la concordancia de las peticiones del colectivo con las propuestas socialistas para Europa y ha reclamado “un mayor esfuerzo por la I+D+i con capital-riesgo, apoyando la financiación, mejorando la vinculación ciencia y sector productivo, favoreciendo la movilidad de los investigadores y con más accesibilidad al sistema de patentes”, según un comunicado del PSOE. Asimismo, el número dos de la lista socialista para el Parlamento Europeo ha reiterado el compromiso de su organización con la ciencia, destacando que “es una prioridad para el partido y para el país”. Jaúregui ha recordado que todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, firmaron en el Congreso un compromiso a favor de la ciencia, fruto de la preocupación “por la política de recortes del gobierno del PP, que está asfixiando a la ciencia en España”.

Artículo de Alicia Rivera publicado  el 21 de mayo de 2014 en El País

LOS RECTORES RECLAMAN AL GOBIERNO ESTATAL QUE CESE LAS RESTRICCIONES ECONÓMICAS IMPUESTAS A LAS UNIVERSIDADES

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha emitido ayer, miércoles 30 de abril, un comunicado que ha sido leído públicamente en todas las instituciones académicas del país, en el cual reclama al gobierno estatal que, antes los signos de recuperación económica que empiezan a atisbarse, cesen las restricciones presupuestarias impuestas a los centros de educación superior. Eduardo Doménech, rector de la Universidad de La Laguna, presentó el manifiesto a las 11 horas en las escalinatas del Edificio Central, apoyado por una nutrida representación de todos los sectores de la ULL. Se reproduce a continuación el texto íntegro del manifiesto:

"Se han cumplido dos años de la aprobación del RDL 14/2012, de “medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, una norma que modificó la Ley Orgánica de Universidades y afectó a aspectos tan sensibles como los precios públicos y la organización de la actividad docente. Las normas presupuestarias posteriores han afectado a los salarios, a los derechos laborales y a las expectativas profesionales de todos los empleados públicos y, por tanto, también a los de las universidades.

Los Reales Decretos sobre becas han cambiado su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan. Asimismo, las ayudas Erasmus han restringido también sus criterios de concesión en los últimos dos años.

En investigación, el menor presupuesto y la secuencia de las convocatorias aplicadas por el Gobierno de España y por algunos gobiernos autonómicos han comportado un elevado recorte efectivo de consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación. Este entendimiento de la I+D+i como un gasto y no como una inversión contrasta con la política de los países más avanzados.

Los rectores consideramos especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto económico, las medidas que afectan a los jóvenes. El incremento de los precios públicos de los grados y, muy por encima de ellos, el de los másteres, afecta a las posibilidades formativas de nuestros jóvenes en un momento especialmente negativo para el empleo. El acceso a la profesión académica se encuentra cerrado para ellos, salvo los resquicios que dejan las insatisfactorias tasas de reposición. Estas cercenan las perspectivas de los profesores universitarios en su carrera académica y minan la motivación para la mejora permanente en docencia e investigación. Las limitaciones normativas han provocado que las plantillas de profesores, investigadores y personal de administración y servicios se hayan llenado de figuras y plazas interinas y precarias, algunas recurridas por el propio Gobierno, que resultan inadecuadas para la función universitaria, docente, investigadora y de gestión.

Las medidas, según decía el RD 14/2012, eran excepcionales y se justificaron por la coyuntura económica del momento. Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que se fijen.

Los precios públicos de matrícula en las universidades deben ser accesibles y razonables en todos los niveles formativos. Debe recuperarse el sentido de las becas y ayudas como garantes de la equidad. Debe volver la autonomía de gestión de la actividad docente e investigadora de las universidades. Debe ser posible que éstas configuren ordenadamente sus plantillas, con fórmulas de renovación y promoción ajustadas a su realidad y a su planificación estratégica. Debe retomarse el apoyo a la investigación y a la innovación para regresar a una senda de crecimiento, basado en el conocimiento y la especialización inteligente y sostenible, que evite la pérdida de talento y aproveche la formación proporcionada.

La universidad española, como toda la universidad europea, afronta necesidades de adaptación de su sistema a una realidad social y económica que exige una modernización de sus estructuras y funcionamiento. Para poder abordarla, es necesaria la búsqueda de un amplio consenso social y político que debe empezar forzosamente por la recuperación de la normalidad en su vida académica, docente e investigadora. La consecución de estos objetivos nos implica a todos -agentes sociales, gobierno, comunidades autónomas y universidades- y es necesario conseguirlo en beneficio de la sociedad española."

Cese medidas excepcionales

Las dos universidades públicas de Canarias han adherido al manifiesto que emitirá mañana, miércoles 30 de abril, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) para solicitar al gobierno estatal el cese de las medidas excepcionales que afectan al estudio, a la actividad docente y a la investigación.

Por ese motivo, los rectores de las dos instituciones públicas de educación superior de Canarias harán lectura del documento, apoyados por la comunidad universitaria, a las 11 horas.

• La lectura en la Universidad de La Laguna se producirá en las escalinatas del Edifico Central.
• La lectura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se realizará en la Sala Institucional del Rectorado.

Esta convocatoria es general en todos los centros académicos españoles, que de manera coordinada harán público el manifiesto a mediodía. La hora en Canarias, las 11:00, ha sido elegida para coincidir con el resto de instituciones nacionales.

Horizonte 2018: precariedad y movilización social para los jóvenes

Artículo de Laura Olías publicado en eldiario.es el 06 de febero de 2014.

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La sombra de la crisis será alargada. Más pobreza, más desigualdad y menos políticas sociales. Es el panorama que dibuja el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, un ente promovido por la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD), en su estudio "La sombra de la crisis. La sociedad española en el horizonte 2018".

"La crisis va a dejar una serie de constantes que no se disolverán con las mejoras de la economía. Dejará una sociedad totalmente distinta", apunta Ignacio Calderón, director general de FAD.

El Centro Reina Sofía ha intentado medir desde febrero a octubre del año pasado cómo está cambiando el contexto social en la sociedad española. Para ello, han elaborado el informe a través de las opiniones de 11 expertos en varias ramas de las ciencias sociales que pertenecen a distintas universidades e instituciones, como la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

"La FAD se ha involucrado en medir estos indicadores sociales porque nos hemos dado cuenta de que el contexto social es determinante en el consumo de drogas", dice Ignacio Calderón. El estudio expone dos tendencias predominantes: la crisis económica dejará a las familias sumergidas en una situación económica más precaria y las movilizaciones sociales se multiplicarán como una respuesta ciudadana alternativa a la política tradicional. "No se trata de conclusiones determinantes, pero sí de proyecciones razonadas y razonables a las que hay que atender", indica Eugenio Megías, director general del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.

El foco, en los jóvenes

Las nuevas generaciones protagonizan una gran parte de las conclusiones del informe. "El estudio no presenta un futuro fácil", expone Megías. Los jóvenes españoles ya sufren la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, de un 57,7%, según los datos de la oficina estadística europea Eurostat, y las perspectivas no son mejores, según los expertos.

En cinco años, "la trayectoria laboral fragmentada y de mala calidad de los trabajadores influirá negativamente en sus derechos sociales", apuntan. Sus previsiones estiman que en 2018 la tasa de paro seguirá por encima del 20%, a pesar de que se reducirá la población activa en España (sobre todo por el aumento de los mayores de 65 años).

La falta de trabajo provocará un incremento de las familias intergeneracionales. Abuelos, padres e hijos compartirán techo por necesidad. Distinguen tres situaciones predominantes: personas de tercera edad que no pueden permitirse una residencia y viven con sus hijos, jóvenes que no pueden independizarse ante la falta de empleo (o que habiéndolo hecho en el pasado no pueden pagar el alquiler o la hipoteca) y las familias monoparentales que regresan con sus padres.

En términos generales, "las rentas reales de los hogares se reducirán de forma considerable", dice Megías. Sin embargo, este estudio prevé que aumentará la brecha entre ricos y pobres. "Aumentará el número de familias en riesgo de exclusión social o de pobreza extrema", señala.

Estas proyecciones son especialmente alarmantes en España, ya que somos el país de la OCDE en el que más ha aumentado la desigualdad entre 2008 y 2012. De hecho, Oxfam calculaba recientemente que los 20 españoles más ricos tienen el mismo dinero que el 20% con menos ingresos, y la ONG Save The Children ha cifrado en 2.500.329 el número de niños españoles (29,9%) que viven en hogares con ingresos bajo el umbral de la pobreza relativa.

"Habrá una mayor complicidad generacional", afirma Megías. Los expertos estiman que las relaciones entre familiares se reforzarán debido a esta convivencia forzosa. "La familia será el colchón fundamental para sobrevivir a la crisis", lo que provocará, según Megías, que ocupe un lugar destacado frente a las instituciones: "La familia cubre la ineficiencia de lo público".

Además, se abren tendencias preocupantes en cuanto a la desigualdad de género: las mujeres serán las que asuman el mayor peso de las responsabilidades del cuidado de sus ascendientes y descendientes. Aumentará el número de mujeres a cargo de sus padres y sus hijos, acentuado por la creciente longevidad de los ancianos, la disminución de las políticas sociales para la dependencia y el retraso de la emancipación de los jóvenes.

El informe arroja un dato: en 2018, el porcentaje de mujeres de 18 a 34 años que viva con sus padres se situará a 10 puntos por encima de la media europea.

Los jóvenes responderán fundamentalmente de tres formas ante esta situación: continuarán su formación (aunque el informe apunta que no conseguirán materializarla en puestos de trabajo adecuados a sus titulaciones), emigrarán más al extranjero y se involucrarán de forma activa en los problemas sociales.

Una eclosión social fruto de la precariedad

Todas estas perspectivas tendrán la calle y las plataformas de la sociedad como vía de escape. El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud habla de jóvenes "líderes" de estos movimientos, que serán "constantes y de toda clase". "Se pasará del joven pasota al activista comprometido". El director general del centro considera que, aunque no se prevén revueltas violentas, las reivindicaciones sociales serán permanentes, que "no es poco estallido social" en su opinión.

"Podemos decir que todos estos movimientos que se han llamado 'mareas' tienen su origen en el 15M", sostiene Megías. Hay varias tendencias que coinciden con manifestaciones del movimiento fraguado en Sol en mayo de 2011.

"Asistiremos a un rápido declive del bipartidismo y a una proliferación de distintos movimientos, plataformas y candidaturas asamblearias que se resistirán a denominarse 'partidos'", explica. En opinión de los expertos, las consecuencias de la crisis alejarán a los ciudadanos de los partidos tradicionales y de la participación electoral. "Los más fieles a la 'vieja forma de hacer política' serán la población de mayor edad, que los convertirá en objetivo electoral de los principales partidos políticos", señala Megías.

Calderón y Megías apuntan que todas estas perspectivas "tan poco alentadoras" deben servir para actuar. "No está todo perdido. Hay que reconstruir un modelo institucional capaz de atender las necesidades de la población". Pero la respuesta debe ser rápida. Las recomendaciones del futuro que presenta el estudio son de carácter urgente: "Si no se actúa ya, la brecha social será muy difícil de acortar en los próximos 15 años", calcula Megías.

Por ello, les preocupan las políticas cortoplacistas y los recortes en partidas sociales. "Les tiene que quedar claro a las autoridades que no se puede lanzar un salvavidas a unos pocos. O salvas a todos, o no salvas a ninguno. La ruina no afectará sólo a los más pobres. Será compartida", apunta. Por último, añade la irresponsabilidad de olvidar cómo hemos llegado hasta aquí: "El modelo financiero está en crisis y asumirlo es un paso fundamental para plantear una alternativa viable y sostenible".

Artículo de Laura Olías publicado en eldiario.es el 06 de febero de 2014.

Las universidades pierden 1.400 millones en tres años

Artículo de Ivanna Vallespín y Elisa Silió publicado en El País el 06 de marzo de 2014.

En los últimos años los presupuestos de las universidades públicas son un colador. De 2010 a 2013 han perdido 1.388 millones de euros, un 13,7% menos. Y la sangría continuará este año en muchos casos, ya que algunos centros han seguido aprobando a la baja sus cuentas de 2014. Esta caída presupuestaria aleja a España de la Unión Europea, donde de media se destina el 1,26% del PIB a educación superior, frente al 0,86% español.

Un informe con datos de los campus y del Ministerio de Educación que ha elaborado Comisiones Obreras titulado La evolución de los presupuestos de las universidades públicas (2010-2013) recoge que la partida más afectada son las inversiones, a la que corresponde el 55% de la poda total. Con este dinero se construyen o reparan los bienes inmuebles. Con 763 millones menos se entiende que muchos edificios no se hayan levantado o estén en mal estado. Y el segundo capítulo más dañado es el de personal, el más importante del gasto en los campus. En este periodo ha caído en 434 millones, suponiendo un 31,3% del total de los recortes. Se perdieron entonces 3.500 profesores, Y ello en un momento en que la población estudiantil en la pública llegó a su cenit de 1,3 millones de universitarios en el 2011-12; había subido desde 2009 un 9%, aunque ha empezado a bajar.

“Han querido hacer la reforma de Bolonia a coste cero y eso es imposible. Los problemas van aumentando y depende de la capacidad económica que tenga cada universidad de tapar agujeros pasa más o menos factura”, valora Julio Serrano, responsable de Universidad en CC OO.

Pero la bajada no ha afectado a todos los campus por igual. Para algunos la crisis está suponiendo un huracán que ha hecho tambalear sus cimientos hasta el límite del rescate, mientras que para otros no pasa de un viento moderado fácil de capear. A la cabeza en recortes está, y muy destacada, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), que ha perdido una tercera parte de su presupuesto en tres años. Se trata de un campus intervenido de facto por la Generalitat —que vigila con lupa sus abultadas cuentas rojas, de 114 millones— y rescatado en más de una ocasión, cuando a final de mes no podía pagar nóminas. La asfixia económica se tradujo el curso pasado en el despido de 340 trabajadores, fuertes movilizaciones y la dimisión del rector.

Estas cifras negativas contrastan con sus resultados, ya que la UPC es puntera en investigación. Precisamente el alto coste de la investigación, unas titulaciones caras de impartir (por los laboratorios y el material), la dispersión territorial (una veintena de escuelas en ocho ciudades) y la deuda de la Generalitat, de 25 millones, son algunas de las causas de su déficit, según resumió el rector, Enric Fossas, en su investidura el pasado diciembre.

Acompañan a la UPC al frente del tijeretazo las universidades de Castilla-La Mancha (29,7 %), Internacional de Andalucía (24,4%, sin impartir grados), Lleida (21,1%) y Málaga (20,4%). Las menos afectadas son la UNED, dependiente del ministerio, que tan solo ha perdido un 1,3%, Granada (5%), Jaume I de Castellón (5,8%), Huelva (6,4%) y Barcelona (4,4%, aunque inició los recortes un año antes, sumando el 10% de caída).

La Universidad de Castilla-La Mancha, segunda más afectada, y su Gobierno han firmado la paz tras meses de conflicto, con tres requerimientos judiciales incluidos. Recibirá más dinero y se le pagará todo lo adeudado. “Hemos sufrido tres planes de ajuste, de 10, 32 y 10 millones”, cuenta Manuel Villasalero, su vicerrector económico. Se apostó por castigar en las tasas a los repetidores y no la primera matrícula (gravada con un 15% más) “porque somos la tercera comunidad con menor renta per cápita”. Pero apenas se ha recaudado más —como pasa en el resto de España— porque los alumnos se inscriben en menos materias (baja un 8%) y un 20% más aprueba en los exámenes. Castilla-La Mancha no ha hecho un expediente de regulación de empleo, “pero no se ha llamado a la bolsa de interinos como antes”.

Así que han ahorrado en los gastos corrientes de la universidad y sus centros de investigación y, sobre todo, en edificación. Los alumnos de Medicina en Ciudad Real, Farmacia en Albacete, Arquitectura en Toledo, Periodismo en Cuenca y Enfermería en Talavera estudian en edificios polivalentes a falta de los suyos propios. Las obras de los dos primeros están paradas y las otras no pasaron de la licitación. Además, no se construirán por el momento los cetros de investigación. “Esos edificios se iban a levantar con fondos FEDER y otros recursos que ya no tenemos”, explica el director general de Universidades manchego, José Manuel Velasco. “Cuando llegamos al poder había una deuda pendiente con la universidad de 120 millones y parte del dinero se ha ido a pagarla y no aparece en presupuestos, pero no se han quedado sin cash”, asegura el político.

La crisis ha llenado las aulas de jóvenes sin ninguna opción de encontrar trabajo sin formación y con sus familias más empobrecidas que nunca (se consume un 12% menos que en 2008). Para algunos expertos los recortes tienen aspectos positivos y negativos. “Había una gran bolsa de ineficiencia, que se ha mejorado, como en las programaciones, con grados o asignaturas con pocos alumnos”, apunta Josep Joan Moreso, presidente de la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña y antiguo rector de la Pompeu Fabra. Eso sí, alerta de que la financiación y la calidad “son vasos comunicantes” y que seguir con los recortes podría resultar catastrófico. De hecho, los rectores catalanes habían advertido de que ya se había ahorrado de todas las partidas posibles (consumos energéticos, contratos, mantenimientos...), así que ahora solo quedaba “tocar las plantillas”. “La reducción de profesorado originaría clases masificadas, menos atención al alumno, menos seminarios. Y también afectaría a la investigación, entonces dejaríamos de ser un polo de atracción de talento”, alerta Moreso.

La financiación no es un tema nuevo. Hace años que los campus reclaman más recursos, especialmente con la implantación de Bolonia, pero los fondos nunca llegaron. De momento, parece difícil pensar en incrementos públicos a corto plazo, así que muchos rectores miran hacia el sector privado, especialmente los exalumnos. “En Estados Unidos las aportaciones de los Alumni [antiguos alumnos] pueden representar entre el 25% y el 30% de la financiación, pero aquí no hay redes. Es necesario un cambio de cultura”, propone Moreso. Se empieza a explorar también el mecenazgo. La Universidad de Barcelona lanzó a principios de año una campaña para buscar donantes para restaurar un centenar de libros de alto valor histórico. “Hay gente que da dinero a ONG, pero a nadie se le ocurre hacer donaciones a la universidad donde estudió”, lamenta Moreso, a la vez que subraya el papel de ascensor social que ha supuesto la universidad para varias generaciones.

Para compensar la caída de la financiación pública se permitió aumentar las tasas, que en algunas comunidades como Cataluña o Madrid ha llegado al 66%. En Cataluña, “con la aquiescencia de los rectores se acordó subir las tasas, siempre que se implantaran las becas Equitat para hacer que este incremento fuera en función de la renta”, admite el exrector de la Pompeu Fabra.

Artículo de Ivanna Vallespín y Elisa Silió publicado en El País el 06 de marzo de 2014.

La ciencia española retrocede una década, hasta niveles de 2005

Artículo de Miguel G: Corral publicado en El Mundo el 05 de marzo de 2014.

La Ciencia aún no se cree que España haya dado ya los primeros pasos hacia la recuperación económica, como asegura el Gobierno de Mariano Rajoy. Al menos no hasta que se note en la asignación presupuestaria para I+D+i. El dinero dedicado a Investigación, Desarrollo e Innovación ha sufrido una serie de constantes recortes desde 2009, que no ha mejorado en absoluto el tibio aumento presupuestario de 2014.

"Seguimos estando como en 2005", ha asegurado Carlos Andradas, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) durante la presentación del Informe 'La inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado 2014'. "Hace falta una apuesta mucho más decidida", opina Andradas.

Las conclusiones del informe revelan que en grandes cifras el escenario ha mejorado levemente con un aumento presupuestario del 3,60% con respecto al año 2013. Pero, según los autores del informe, si se descuenta la inflación prevista por el propio Gobierno, el incremento es de un 2,27%.

"La foto se ha movido tan poco que es un poco descorazonador", afirma José Molero, catedrático de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y coautor del informe. La asignación total para la I+D+i en España ha sido este año de 6.146 millones de euros, 213 millones más que en 2013. Sin embargo, los autores recuerdan que veníamos de años en los que la cantidad total para investigación y ciencia superaron los 9.000 millones en los años 2008, 2009 y 2010 y bajaron drásticamente a partir de ese año hasta los 5.932 millones en 2013.

"Este incremento en 2014 supone un leve cambio en la tendencia, pero teniendo en cuenta el fortísimo deterioro acumulado en años anteriores es un cambio insuficiente", dice Molero.

La investigación militar se come toda la subida

Además, según los autores del informe, si se profundiza en el análisis de los presupuestos por partidas se percibe lo poco significativo que ha sido el incremento de este año. Casi la práctica totalidad del aumento se debe a la subida de la asignación para la I+D militar, cuyo aumento ha sido de más de un 39% con respecto a 2013. "El cambio de 2014 ha sido en investigación militar y es porque la bajada que había sufrido en años anteriores había sido demoledora", explica José de No, investigador del Centro de Automática y Robótica del CSIC.

Los fondos llamados no financieros, las subvenciones, también han aumentado en términos generales un 6,47% con respecto a 2013. Pero uno de los mayores problemas de las cifras de la I+D+i en España surge precisamente cuando se atiende a las otras partidas, las llamadas de fondos financieros, es decir, prestamos destinados a las empresas principalmente. Los fondos financieros suponen el 60% del total presupuestado, pero, por increíble que parezca, una parte muy importante de estos fondos se queda año tras año sin gastar, de forma que vuelve a las arcas del Estado sin que el sistema de Ciencia y Tecnología se vea beneficiado de ninguna forma.

"En datos de ejecución presupuestaria no estamos en 2005, sino que estamos más atrás", asegura José Molero. La realidad es que, aunque la asignación para I+D es tan sumamente justa que obliga al Gobierno a conceder créditos extraordinarios a organismos como el CSIC para evitar la quiebra técnica, cada año quedan miles de millones de euros presupuestados para ciencia sin gastar. En 2012, por ejemplo, más de 2.200 millones de los 6.600 presupuestados se quedaron sin gastar. La mayor parte de estos fondos corresponde a prestamos (fondos financieros), pero ese año concretamente 170 millones destinados a subvenciones también se quedó sin asignar, lo cual es una cantidad más que considerable para un sistema de ciencia en el que el Plan Nacional de Investigación que vertebra la ciencia pública tiene una dotación de 270 millones.

Y la situación no tiene visos de mejorar en los años sucesivos. Aún no se han conocido los datos de ejecución presupuestaria de 2013, pero los autores del informe aseguran que a mes de noviembre no se habían adjudicado ni el 25% de los fondos financieros para ese año. "Lo que no se puede es ir dando bandazos", dice José de No. "El efecto acumulado de estos recortes en investigación, desarrollo e innovación es devastador", afirma De No.

Artículo de Miguel G: Corral publicado en El Mundo el 05 de marzo de 2014.

La Universidad Rey Juan Carlos suprime diez titulaciones

Artículo de Ray Sánchez publicado en El Mundo el 28/02/2014.

El Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha aprobado este viernes la supresión de diez titulaciones a partir del próximo curso 2014-2015 por el descenso de número de matrículas, según un documento de la propia universidad, "insuficiente para la sostenibilidad" de estos grados.

En concreto, desaparecerán los grados en Sociología, Igualdad de Género, Ciencia Política y Gestión Pública (semipresencial), Educación Infantil Bilingüe e Ingeniería Informática (semipresencial).

La extinción de estos grados, que no afectará a los estudiantes ya matriculados, provoca además la desaparición de otras cinco dobles titulaciones: Ciencia Política y Gestión Pública e Igualdad de Género, Ciencia Política y Gestión Pública (semipresencial) y Derecho (semipresencial), Derecho e Igualdad de Género, Administración y Dirección de Empresas y Sociología, así como Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Sociología.

La noticia ha provocado críticas y prostestas entre el alumnado, sobre todo en Sociología, donde se muestran "sorprendidos" ante la supresión gradual desde el próximo curso de una de las titulaciones "mejor valoradas de la URJC", como explica Eduardo González, delegado de los estudiantes del grado. "Es una sorpresa bastante grande, porque la propia Universidad decía que el grado estaba siendo un éxito y tenía muy buena demanda".

Ayer jueves, la filtración del documento que proponía la supresión de Sociología dejó estupefactos a sus alumnos, que acusan al rector, Fernando Suárez Bilbao, de "querer acabar con la carrera", ya que consideran "erróneos" y "manipulados" los datos que justifican la desaparición de esta titulación, donde actualmente se ofertaban 40 plazas por curso y este año tenía 33 nuevos alumnos, una cifra "insuficiente para su sostenibilidad", según la memoria justificativa realizada por la Universidad.

En apenas 24 horas, los alumnos han logrado más de 1.500 firmas contra "el cierre de titulaciones" en la URJC, y ayer enviaron un comunicado a los consejeros de gobierno para evitar que saliera adelante la propuesta. "El problema es que no se votaba cada carrera, sino en bloque", lamenta el delegado de estudiantes. Un centenar de alumnos han protestado esta mañana en Móstoles, donde se celebraba la reunión del Consejo, aunque de sus 47 miembros sólo dos han votado en contra, junto a otras dos abstenciones.

Prohibición de móviles, portátiles y tabletas en clase

El borrador de la nueva normativa incluía como falta ciertos tipos de vestimenta

La eliminación de las titulaciones no ha sido el único punto polémico de la mañana. El Consejo de Gobierno de la URJC también ha aprobado su nueva 'normativa sobre conducta académica', donde se prohíbe, entre otras cosas, "el uso de teléfonos móviles durante las actividades docentes", así como "ordenadores portátiles, tabletas, o cualquier otro dispositivo electrónico" en las aulas. "Eso supone, por ejemplo, que ya no se podrán grabar algunas clases magistrales, como yo he hecho alguna vez", apunta Richard Taylor, el presidente del Consejo de Estudiantes de la URJC. También prohíbe llegar con más cinco minutos de retraso a clase. El borrador de la normativa incluso convertía en falta "la utilización de una vestimenta que contravenga los usos habituales en el ámbito universitario", aunque no se ha incluido finalmente.

"Lo único que busca es criminalizar al alumnado. Es una normativa que deja un abanico de posibilidades de sanción que cualquier conducta puede ser sancionada", critica Taylor. En las redes sociales de internet, alumnos de la URJC han expresado hoy su rechazo a la normativa con la etiqueta #MordazaURJC.

Artículo de Ray Sánchez publicado en El Mundo el 28/02/2014.

Día de Luto por la Ciencia – Jueves 17 de Octubre

Nuevas movilizaciones ante los decepcionantes presupuestos para I+D+i 2014 propuestos por el Gobierno

Los presupuestos presentados para 2014 congelan la financiación pública de la I+D, e impiden cumplir ninguno de los objetivos mínimos propuestos por Carta por la Ciencia, apoyados por la practica totalidad del colectivo de la I+D, y orientados a recuperar, en un proceso de tres años, los niveles de inversión pública existentes en 2009 y conseguir situarla cercana a la media de la Unión Europea.

Por este motivo, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Santiago Ramón y Cajal, se va a celebrar este jueves 17 de octubre el día del Luto por la Ciencia, con los siguientes actos:

• Concentración en las puertas de los centros de trabajo y en los rectorados de las universidades de toda España, a las 12 del mediodía, vestidos con prendas y/o brazaletes negros, para guardar un minuto de silencio en memoria de la I+D.
• Además, en Madrid, a las 18 h tendrá lugar un acto abierto en el Auditorio Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la UCM distintas personas del mundo de la investigación leerán textos de nuestro admirado Premio Nobel.

Os animamos a compartir esta convocatoria y participar, vistiendo de luto y guardando ese minuto de silencio por la mañana, o acudiendo al acto de por la tarde si os es posible.

Tanto si estás en España o en el extranjero, puedes adherirte o mandar fotos de la concentración a cartaporlaciencia@gmail.com . También puedes consultar la última información sobre las concentraciones o sobre el proceso de enmiendas de los presupuestos en lo referente a la I+D en este blog www.conimasdmasihayfuturo.com o en el facebook, twitter o webs de las distintas organizaciones.

Todos juntos podemos lograr que estos presupuestos alcancen unos mínimos que permitan:

• La financiación necesaria para el Plan Estatal 2013-2016, regularizando todas sus convocatorias
• Eliminar las restricciones en la Oferta Pública de Empleo, para lograr la convocatoria del número de plazas adecuadas a cada centro y universidad.
• Inyectar fondos adicionales que eviten el colapso de instituciones clave: Universidades, CSIC, CNIO etc.
• Dotar de medios adecuados a la Agencia Estatal de Ciencia e Innovación.

Por todo ello nos gustaría convocamos a todos los trabajadores del sistema español de ciencia y tecnología a participar este jueves en el día de Luto por la Ciencia, y mostrar que de verdad pensamos que con I+D+i hay futuro.

Colectivo Carta por la Ciencia (COSCE, CRUE, CC.OO, UGT, FJI, ID)