Los
investigadores y responsables universitarios del colectivo Carta
por la Ciencia, que integra a sociedades científicas, rectores,
jóvenes investigadores y sindicatos, piden que “la inversión en I+D civil de
los países miembros de la UE no compute como déficit nacional a efectos de
cumplir los compromisos de estabilidad”. Es la primera de las cuatro propuestas
que la plataforma presenta esta semana a los partidos políticos, ante las
elecciones europeas, pidiéndoles que incorporen en sus actuaciones medidas que
consideran urgentes “para poder garantizar el futuro de la I+D española en el
ámbito de la UE”. La segunda sugerencia atañe a la reducción de las diferencias
entre los países comunitarios en cuanto a porcentaje de investigadores por
habitantes, la tercera pide agilizar la circulación de personal de I+D en la UE
y la última recuerda la necesidad de defender la investigación básica. Integran
la Carta por la Ciencia la Confederación de
Sociedades Científicas de España (Cosce), la conferencia de rectores
(CRUE), la Federación de Jóvenes Investigadores
/Precarios y los sindicatos CC OO y UGT,
así como el Foro de Empresas
Innovadoras (FEI) que han aunado, desde hace un par de años, las
reclamaciones más urgentes del sistema de ciencia y tecnología español ante los
problemas de recortes de presupuestos, la fuga de cerebros y los retrasos de
los programas de financiación de la investigación.
La idea de que la
inversión en I+D civil quede fuera del cómputo del déficit entronca con una
medida vigente en el plan de estabilidad presupuestaria de la UE. Como el déficit
se computa entre ingresos y gastos del Estado, el total queda reducido si se
deja fuera un gasto específico, lo que se considera una medida de estímulo para
la economía en general y para esa actividad en concreto. Actualmente se admite
excluir del gasto la inversión pública (fundamentalmente obras
públicas, infraestructuras), pero con una salvedad muy importante: Bruselas
solo lo acepta para los países que cumplen el objetivo de déficit, que serían
los que menos lo necesitan, como Alemania, que no está utilizando esta medida.
España estará por encima del 3% de déficit (máximo permitido) hasta 2016
incluido, según el pronóstico del Gobierno.
La Carta por la Ciencia
argumenta que la medida de excluir la inversión en I+D civil del cómputo del
déficit nacional, ayudaría (si no se aplica la restricción aprobada para la
inversión pública general) a evitar la situación actual en la que “los países
que más se están viendo afectados por la crisis son también los que más están
recortando en este sector, comprometiendo así su futuro y el de una Unión
Europea igualitaria y equilibrada”.
Otra “necesidad urgente
para poder garantizar el futuro de la I+D española en el ámbito de la UE”,
según el colectivo, consiste en “establecer medidas para reducir las
diferencias en el número de investigadores por habitante en los países
europeos, tanto en las etapas senior como en las de iniciación,
formación y estabilización, y como una medida para la creación de empleo
cualificado de calidad, haciendo especial incidencia en los jóvenes”. Los
Organismos Públicos de Investigación (OPI), incluido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
así como las universidades, están sometidos a la tasa de reposición del 10% de
toda la Administración Pública, por la cual solo se cubre una de cada 10 plazas
que quedan vacantes (sobre todo por jubilaciones). Para todos los OPI, el
Ministerio de Hacienda, en la Oferta Pública de Empleo 2014, ha asignado un
total de 35 plazas de científico titular para las siete
instituciones, que suman casi 6.000 puestos de personal científico. Un total de
24 de las 35 plazas se destinan al CSIC, la mayor institución científica de
España, que perdió 2.200
efectivos entre 2011 y 2013, según datos oficiales.
La tercera propuesta del
colectivo atañe a la movilidad del personal científico y técnico en el ámbito
de la UE: “Favorecer la estandarización de requisitos administrativos (títulos,
justificaciones…) para la circulación libre y real de personal de I+D dentro
del espacio europeo, fomentando el acceso en igualdad de condiciones y en base
a los méritos a los distintos puestos de trabajo”.
Por último, la Carta por
la Ciencia, ahora que tanto la Comisión Europea como los responsables españoles
de política científica ponen especial énfasis en la relación directa entre
investigación y mercado, sale “en defensa de la investigación básica como pilar
del conocimiento, motor de avance y pieza imprescindible para la existencia de
la investigación aplicada”.
Los representantes de la
Carta por la Ciencia, que se han reunido hoy con responsables del PSOE, el PP e
Izquierda Unida, para continuar en los próximos días las citas con otros
partidos, afirman que la política de I+D seguirá siendo en los próximos años,
para la UE, “un asunto crucial para su futuro y el de sus ciudadanos”. Y
denuncian: “Desgraciadamente, debido a la crisis económica, el sector de la I+D
está sufriendo importantes retrocesos en varios de sus Estados miembros, entre
los que destaca España, lo que compromete el progreso de estos países y
acrecienta las desigualdades y desperdicia el talento de algunas de sus generaciones
de investigadores e investigadoras más preparadas”.
Tras las reuniones con los
partidos, José Luis de Pablos, científico del Ciemat
y coordinador de la Carta por la Ciencia, ha informado a EL PAÍS que, en nombre
del PSOE, Ramón Jaúregui ha expresado que “está totalmente de acuerdo con los
cuatro puntos que se proponen y se ha comprometido a defenderlos en Europa”.
Igualmente Izquierda Unida ha manifestado su apoyo y compromiso a defender las
propuestas de los científicos. “En nombre del PP, Pilar del Castillo nos ha
dicho que está personalmente de acuerdo con nuestra propuesta, pero que no
puede garantizar que el PP defenderá los cuatro puntos hasta que no hable con
el ministro Montoro”.
Jaúregui ha destacado la
concordancia de las peticiones del colectivo con las propuestas socialistas
para Europa y ha reclamado “un mayor esfuerzo por la I+D+i con capital-riesgo,
apoyando la financiación, mejorando la vinculación ciencia y sector productivo,
favoreciendo la movilidad de los investigadores y con más accesibilidad al
sistema de patentes”, según un comunicado del PSOE. Asimismo, el número dos de
la lista socialista para el Parlamento Europeo ha reiterado el compromiso de su
organización con la ciencia, destacando que “es una prioridad para el partido y
para el país”. Jaúregui ha recordado que todos los grupos parlamentarios,
excepto el PP, firmaron en el Congreso un compromiso a favor de la ciencia,
fruto de la preocupación “por la política de recortes del gobierno del PP, que
está asfixiando a la ciencia en España”.
Artículo de Alicia Rivera publicado el 21 de mayo de 2014 en El País
