La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha emitido
ayer, miércoles 30 de abril, un comunicado que ha sido leído públicamente en
todas las instituciones académicas del país, en el cual reclama al gobierno
estatal que, antes los signos de recuperación económica que empiezan a
atisbarse, cesen las restricciones presupuestarias impuestas a los centros de
educación superior. Eduardo Doménech, rector de la Universidad de La Laguna,
presentó el manifiesto a las 11 horas en las escalinatas del Edificio Central,
apoyado por una nutrida representación de todos los sectores de la ULL. Se
reproduce a continuación el texto íntegro del manifiesto:
"Se han cumplido dos años de la aprobación del
RDL 14/2012, de “medidas urgentes de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo”, una norma que modificó la Ley Orgánica de Universidades y
afectó a aspectos tan sensibles como los precios públicos y la organización de
la actividad docente. Las normas presupuestarias posteriores han afectado a los
salarios, a los derechos laborales y a las expectativas profesionales de todos
los empleados públicos y, por tanto, también a los de las universidades.
Los Reales Decretos sobre
becas han cambiado su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se
compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las
necesitan. Asimismo, las ayudas Erasmus han restringido también sus criterios
de concesión en los últimos dos años.
En investigación, el menor
presupuesto y la secuencia de las convocatorias aplicadas por el Gobierno de
España y por algunos gobiernos autonómicos han comportado un elevado recorte
efectivo de consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación.
Este entendimiento de la I+D+i como un gasto y no como una inversión contrasta
con la política de los países más avanzados.
Los rectores consideramos
especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto
económico, las medidas que afectan a los jóvenes. El incremento de los precios
públicos de los grados y, muy por encima de ellos, el de los másteres, afecta a
las posibilidades formativas de nuestros jóvenes en un momento especialmente negativo
para el empleo. El acceso a la profesión académica se encuentra cerrado para
ellos, salvo los resquicios que dejan las insatisfactorias tasas de reposición.
Estas cercenan las perspectivas de los profesores universitarios en su carrera
académica y minan la motivación para la mejora permanente en docencia e
investigación. Las limitaciones normativas han provocado que las plantillas de
profesores, investigadores y personal de administración y servicios se hayan
llenado de figuras y plazas interinas y precarias, algunas recurridas por el
propio Gobierno, que resultan inadecuadas para la función universitaria,
docente, investigadora y de gestión.
Las medidas, según decía el
RD 14/2012, eran excepcionales y se justificaron por la coyuntura económica del
momento. Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en
España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y
una gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios
que se fijen.
Los precios públicos de
matrícula en las universidades deben ser accesibles y razonables en todos los
niveles formativos. Debe recuperarse el sentido de las becas y ayudas como
garantes de la equidad. Debe volver la autonomía de gestión de la actividad
docente e investigadora de las universidades. Debe ser posible que éstas
configuren ordenadamente sus plantillas, con fórmulas de renovación y promoción
ajustadas a su realidad y a su planificación estratégica. Debe retomarse el
apoyo a la investigación y a la innovación para regresar a una senda de
crecimiento, basado en el conocimiento y la especialización inteligente y
sostenible, que evite la pérdida de talento y aproveche la formación
proporcionada.
La universidad española,
como toda la universidad europea, afronta necesidades de adaptación de su
sistema a una realidad social y económica que exige una modernización de sus
estructuras y funcionamiento. Para poder abordarla, es necesaria la búsqueda de
un amplio consenso social y político que debe empezar forzosamente por la
recuperación de la normalidad en su vida académica, docente e investigadora. La
consecución de estos objetivos nos implica a todos -agentes sociales, gobierno,
comunidades autónomas y universidades- y es necesario conseguirlo en beneficio
de la sociedad española."
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