Los seguros públicos que
el Gobierno ideó para garantizar la atención a quienes había retirado el
derecho a la sanidad pública se han revelado como un fracaso. Según un recuento
elaborado por este diario, solo 300 personas en toda España han contratado las
pólizas, que cuestan 60 o 157 euros al mes, en función de la edad del
asegurado. El Ministerio de Sanidad las anunció poco después de dar la orden de
retirar las tarjetas a los extranjeros en situación irregular y a los
ciudadanos que nunca han cotizado y cuentan con rentas superiores a 100.000
euros al año —irónicamente, las dos caras de la exclusión sanitaria— con el
objetivo de que pudieran hacer uso del sistema sin que les cobraran cada
atención individual.
Pese a que ya en julio de
2012 se había
decidido crear estos seguros especiales, no vieron la luz hasta un
año después. Pero pasados siete meses de su entrada en vigor oficial —el 1 de
septiembre de 2013—, la mayoría de comunidades aseguran que ni siquiera han
recibido peticiones de ciudadanos dispuestos a contratar las pólizas. Algunas,
como Madrid, han elaborado y publicitado los formularios para pedirlas. Otras,
como Castilla-La Mancha, ni siquiera las han puesto en marcha. “Han llegado una
o dos solicitudes y se está estudiando cómo resolverlas”, dice una portavoz del
servicio de salud de esta región.
La exclusión sanitaria,
uno de los ejes centrales de la reforma
Mato, que entró en vigor en septiembre de 2012, derivó en el
apagón de unas 150.000 tarjetas sanitarias de sin papeles —según los
cálculos de este diario—. Ya no tienen derecho a la asistencia normalizada
gratuita —excepto los niños y las embarazadas—, solo a la de urgencias.
El decreto de Sanidad ha
abierto una gran brecha de desigualdad en la atención de este colectivo, que
difiere mucho según la comunidad en la que viven. Asturias y
Andalucía se han rebelado. No aplican la ley y siguen asistiéndoles
como antes —prestación farmacéutica incluida—, cuando solo tenían que acreditar
ser residentes. País Vasco y Navarra han aprobado leyes para seguir haciéndolo;
normas que han recibido, además, el aval del
Tribunal Constitucional. Otras regiones, como Extremadura o Galicia
han habilitado sistemas para darles asistencia cuando no tienen recursos
económicos. Siete autonomías cumplen la reforma a rajatabla, según el último
análisis de Médicos del Mundo.
Castilla-La Mancha es,
según este informe, la comunidad que más al pie de la letra ha seguido las
instrucciones del Ministerio de Sanidad. Es la única que no ha establecido
ningún programa especial de acceso a la atención sanitaria para quienes, con la
nueva regulación, no son ni asegurados ni beneficiarios. Como María, que sabe
bien lo difícil que es acudir al médico en esta región. Pide que no se desvele
su nombre completo ni su nacionalidad, porque su caso está en el juzgado y teme
que le pueda perjudicar. Llegó hace 10 años a España y hace cuatro pudo traer a
su hija, que ahora tiene 33 y sufre una discapacidad mental. “Es como una
niña”, la define. Cuando quiso regularizar su situación “cayó la reforma”.
María no sabe exactamente
qué problema tiene su hija. Podría padecer una enfermedad rara, pero no está
diagnosticada. Tampoco tiene reconocida la discapacidad. Le dieron número de
seguridad social, pero es como si no existiera para el sistema. Hace unos meses
empezó a quejarse de que le dolía mucho un bulto en la axila. Decía que no podía
levantar el brazo. Su madre acabó llevándola a urgencias. “La atendieron.
Gracias a Dios, era una bolita de grasa. Nos dijeron que no era nada alarmante,
pero que cuando consiguiera tarjeta sanitaria debería volver para quitársela”.
Como sigue sin tenerla, el bulto sigue allí. Y María espera que en cualquier
momento le llegue una factura por esa visita a urgencias. “Nos pidieron el
pasaporte, nos tomaron los datos y dijeron que ya nos mandarían la carta”.
Idoia Ugarte Gurrutxaga,
presidenta de Médicos del Mundo
Castilla-La Mancha, resopla cuando oye que esta comunidad asegura estar
“atendiendo a todo el mundo”. “No es cierto. Llevamos desde enero de 2013
entregando un informe mensual con los casos de denegación de asistencia que nos
llegan”, afirma. La organización tiene constancia, por ejemplo, de 17 casos de
mujeres embarazadas y de 56 menores que desde 2012 no han podido acceder a la
atención o tramitar la tarjeta sanitaria. Casos flagrantes de incumplimiento de
la ley, que ampara la atención obstétrica y pediátrica gratuita en cualquier
caso.
Dos grandes problemas
están dificultando el acceso a la sanidad de las personas más vulnerables: la
falta de información y el miedo a tener que pagar por ir al médico. Muchas
veces no tienen claro a qué tienen derecho y a qué no. No ayudan casos, como el
recogido por la organización Yo Sí Sanidad Universal,
de un ciudadano bangladesí, atendido tras un infarto en el hospital 12 de
Octubre de Madrid, a quien le llegó una factura de 12.000 euros por la
atención. El hombre, que había pasado varios días ingresado, recurrió a esta
organización para solucionar su caso. La respuesta del hospital fue que había
sido un error. Pero sigue con la deuda.
El director general de
Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Agustín
Rivero, afirma que la reforma sanitaria ha servido para “aclarar” quien tiene
derecho a ser asegurado y beneficiario. “Además, hemos evitado que se siga
produciendo un agujero de 1.000 millones de euros derivados del turismo
sanitario que, como reclamó el Tribunal de Cuentas, no se sabía dónde iban”,
añade. Aunque el Tribunal de Cuentas incidía en su informe en que había sido la
incapacidad de
España para gestionar los cobros lo que había hecho perder unos 970
millones, la mayoría a países de la UE. Ese turismo sanitario poco tiene que
ver con el uso que hacen los extranjeros en situación irregular de la sanidad
pública española.
Y los seguros ideados por
Sanidad, destinados a cubrir en parte ese agujero —para quienes se lo puedan
permitir—, no han servido para paliar el problema de este colectivo. En
Castilla y León solo hay activos 12 de estos convenios. En la Comunidad
Valenciana se han acogido a la póliza Mato 191 personas, según un portavoz, que
añade que las que no tienen recursos pueden optar por el Plan Valenciano de
Protección de la Salud, iniciado en septiembre pasado y al que se han apuntado
2.732 personas. En Murcia, donde hay contratadas 24 pólizas Mato, los
solicitantes son en su mayoría de estados europeos o sudamericanos y
centroamericanos. Madrid, con 43 convenios firmados, asegura que el perfil del
solicitante es el de una persona extranjera (solo el 6% son españoles),
fundamentalmente de países latinoamericanos, mujer (en torno al 80%) y de entre
40 y 65 años (más del 50%).
Las comunidades aún no han
evaluado los ingresos que obtendrán por estas pólizas —que pueden llegar a
costar 2.000 euros anuales—. Tampoco Sanidad, dos años después de la reforma
que transformó la base de universalidad de la sanidad pública, ha medido el
ahorro concreto derivado de la exclusión. Y es que a pesar del varapalo de las
sociedades científicas y del Consejo de
Europa —que considera ilegal la expulsión de la atención normalizada de los sin
papeles— , la ministra Ana Mato mantiene que España es uno de los
países que más cobertura da a los extranjeros.
Agustín Rivero es más mesurado.
Asegura que con la reforma completa se ha conseguido que el sistema sea
“universal, público y gratuito para los que residan en España”, y también “la
accesibilidad de los grupos vulnerables”. Recuerda que en diciembre, el Consejo
Interterritorial de Sanidad —donde están representadas las autonomías— aprobó
un protocolo para cubrir de manera gratuita a todos los sin papeles con
enfermedades infecciosas, tratamientos prolongados y crónicos o con problemas
que puedan ser un riesgo para la salud pública.
La medida no ha corregido
casos como el de Juan Pablo. Este uruguayo de 37 años y con un diagnóstico de
esquizofrenia paranoide, lleva más de un año sin tomarse la medicación
completa. “No puedo pagarla. Antes, el tratamiento me costaba tres o cuatro euros,
ahora unos 400 cada 15 días”, se lamenta. Cuenta que lleva diez años en España,
que trabajó duro durante mucho tiempo. “Llevaba nueve años con la medicación
pautada. Me iba bien. Ahora tengo ataques de pánico”, remarca. Sus problemas de
salud le han llevado dos veces al hospital, pero al salir ha seguido sin el
tratamiento. Del médico de familia ha ido a servicios sociales. Y vuelta a
empezar. “Nadie me resuelve mi caso”, dice. Ahora espera que Médicos del Mundo
le ayude con los trámites para conseguir los fármacos. “Si no, no sé qué haré”,
añade.
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