La reforma sanitaria se
vendió a la ciudadanía más que como una necesidad; casi como una imposición. De
no tomar medidas “urgentes”, el sistema público no iba a aguantar la creciente
presión presupuestaria. La sanidad estaba en grave riesgo: era “insostenible”.
El Gobierno de Mariano Rajoy presentó el real decreto
16/2012 como la fórmula magistral que iba a salvar el sistema del
colapso. Dos años después, lo que ha conseguido la reforma es alterar de raíz
su esencia: el ciudadano ha pasado de beneficiario de un derecho a asegurado en
un servicio. Por el camino también se ha perdido la vocación de universalidad
que había guiado las últimas normativas sanitarias, que intentaron ir
reduciendo los colectivos excluidos del sistema. Desde que se aprobó la reforma
Mato, el 20 de abril de 2012, los inmigrantes
en situación irregular han perdido su derecho a ser tratados en igualdad de
condiciones que el resto de ciudadanos. Adiós a la universalidad;
hola a la desigualdad.
La exclusión de la
asistencia, en forma de pérdida de la tarjeta sanitaria, no solo afecta a los
extranjeros sin papeles. Las sucesivas modificaciones de la norma han provocado
que también se quede fuera otro colectivo, el de los
familiares de inmigrantes que pidieron la residencia por reagrupación familiar
y la obtuvieron después de la aprobación del decretazo. Son
sobre todo personas mayores, los padres de trabajadores que emigraron a España
para trabajar, regularizaron su situación y después trajeron a sus familias.
También los ciudadanos españoles pueden quedarse sin derecho a la atención
sanitaria desde el 1 de enero de 2013: los parados de
larga duración que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo y
residan fuera de España más de 90 días en un año pierden la tarjeta.
También está el
caso de los rentistas: personas que nunca han cotizado y tienen ingresos
superiores a los 100.000 euros. Pese a que con sus impuestos
sufragan la sanidad pública, tampoco ellos tienen tarjeta.
Pese a todas estas
excepciones, y a que las organizaciones y los servicios sociales de las
autonomías han informado de centenares de casos de desatención, Mato sigue
empeñada en asegurar que la sanidad pública española nunca había sido tan
universal como ahora.
El proceso de aprobación
de la reforma fue visto y no visto. El cambio era de tal calado que hubiera
requerido una nueva ley, pero no fue así, como recuerda Conxita Tarruella,
portavoz de Sanidad de CiU: “Pedimos en el Congreso que se hiciera a través de
un proyecto de ley, para que pudiera debatirse y pactarse, y se negaron
alegando la urgencia...”, recuerda. En 2012 se empezaba a sentir de lleno el
impacto de los recortes en el sistema nacional de salud, con las plantillas de
personal menguando, cada vez menos medios y un inaudito aumento de las listas
de espera. Sobrevolaba entonces la amenaza velada de la implantación de un pago
por visita médica. Sanidad nunca anunció públicamente que pensara aplicarla,
aunque ahora insinúa que su reforma lo ha evitado.
Lo que sí hizo el rescate
“urgente” de la maltrecha sanidad pública española fue derribar otro tabú, el
del copago farmacéutico. La reforma del
sistema del pago de medicinas tenía reservada una sorpresa para los
pensionistas, que jamás habían puesto un euro de su bolsillo —sí de
sus impuestos— al recoger la medicación en la botica. Los trabajadores en
activo ya copagaban, pero por primera vez los jubilados empezaron —en
julio de 2012— a desembolsar el 10% del precio de sus medicamentos (con topes
de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta). Para el resto de
ciudadanos, el porcentaje de pago por los fármacos se estableció por los
ingresos: el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, el 50% los que
tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000, y el 60% quienes ganen más de esa
cifra.
Un escalón amplísimo
que el Ministerio anunció hace meses que modularía. Aún no lo ha
hecho. “La idea es establecer algún tramo más para que la aportación sea más
equitativa, estamos a la espera de que las comunidades autónomas, a las que
hemos preguntado, nos envíen sus propuestas sobre qué patrón establecer”, dice
Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del Ministerio
de Sanidad. “Ellos están más cerca de la población y ven los problemas que
pueden surgir, pero aún no nos han dado información suficiente”, añade.
La desigualdad entre
comunidades que ha generado la reforma es una de las cosas que más preocupa a
José Martínez Olmos, portavoz del PSOE. Cada una ha respondido a su manera a
los retos normativos que han planteado los cambios que se dictaban en Madrid.
Unas atienden a los inmigrantes irregulares; otras, no. Unas devuelven al
momento lo cobrado de más a los pensionistas; otras obligan a esperar meses. Y
lo peor, señala, “es que desde el punto de vista de la economía, la reforma no
ha servido para hacer más sostenible el sistema”.
Rivero, sin embargo,
asegura que el balance es “positivo”. Explica que hace unos días acudió a
Bruselas a dar cuenta del resultado de las medidas y que la respuesta fue
satisfactoria. “Lo primero era sostener el sistema, considerado como un buen
sistema, luego garantizar que sea universal, público y gratuito para los que
residan en España; y luego mantener la calidad, la eficiencia y la
accesibilidad de los grupos más vulnerables”, dice. “Hemos logrado un ahorro
importante. Sobre todo en el área farmacéutica, donde se ha reducido unos 3.000
millones de euros”, dice. Y recuerda que gracias a los cambios ahora hay un
millón de personas, sobre todo parados sin prestación, que ya no pagan por sus
fármacos.
Los efectos del decreto
aún no se han desplegado del todo. Queda por determinar lo que se conoce como
cartera básica y suplementaria, es decir, las prestaciones comunes y gratuitas
y las que en el futuro puedan considerarse extra, al arbitrio de cada
región. Gaspar Llamazares, portavoz de IU, llama al decretazo “bomba de
fragmentación”. Dice que ha tenido efectos a corto plazo, pero que los de largo
aún están por ver. Si el Gobierno ha aflojado ahora es por las elecciones
europeas, señala. Por el camino, algunos copagos
previstos se han abandonado, teóricamente porque el ahorro esperado —aunque no
han dado cifras— ya se ha logrado. Otros, como el de la farmacia
hospitalaria, cuentan con la activa oposición de gobiernos autonómicos del PP.
El Constitucional deberá decidir sobre los recursos de Andalucía o Asturias. Al
decretazo aún le queda mucho camino por recorrer.
