El buque insignia de la
ciencia en España, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hace agua. Con 123
institutos y más de 11.000 trabajadores, el principal organismo público de
investigación atraviesa una “crisis estructural” que requiere de una
“transformación drástica” si se pretende evitar que la ciencia española
descienda a la “segunda división internacional”, aseguran destacados científicos
como el ecólogo Jordi Bascompte (premio Nacional de Investigación en 2011) o
Juan Manuel García Ruiz, experto internacional en Cristalografía de España.
Las críticas,
compartidas por buena parte de la comunidad científica, coinciden con la
divulgación de un documento firmado por más de un centenar de investigadores
del CSIC que reclama “una reforma profunda de las instituciones de gobierno del
sistema científico español”. Hasta el Rey
Felipe VI ha advertido que España no puede darse el lujo de preparar
a jóvenes investigadores “para que salgan al extranjero sin retorno posible”
debido “a una tasa de paro inaceptable”. Lo dijo al intervenir, el pasado 24 de
noviembre, en el acto por el 75 aniversario de la fundación del CSIC.
“La situación es grave y
viene de lejos. No se trata de algo coyuntural, debido a la crisis —que también
afecta—. Son las restricciones burocráticas y los mecanismos anticuados lo que
impide a la ciencia española competir en el exterior”, asegura Jordi Bascompte,
investigador de la Estación Biológica de Doñana (EBD). Bascompte es uno de los
dos científicos españoles que forma parte del comité editorial de la revista Science.
Después de varios años recibiendo ofertas de instituciones extranjeras, el
ecólogo español ha decidido marcharse a la Universidad de Zurich con su
proyecto (y los fondos europeos asignados) por considerar que no puede llevar
adelante su trabajo adecuadamente en España. “Es mentira que me vaya porque me
paguen más. Durante años he tenido buenas ofertas y no me he querido marchar”,
asegura. Si ahora lo ha decidido, confiesa, es porque se ha cansado de darse
“con la cabeza contra un muro”.
Hace 15 años, Jordi
Bascompte (Girona, 1967) trabajaba en el prestigioso Centro Nacional de
Análisis y Síntesis Ecológicos de la Universidad de California cuando
voluntariamente decidió regresar a España. Desde entonces desarrolló su carrera
profesional en la Estación Biológica de Doñana. El proyecto que en la
actualidad lleva adelante indaga en las redes que rigen las interacciones de
los seres vivos y constituyen la arquitectura de la biodiversidad, y por él
obtuvo 1,7 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación (ERC). Este tipo
de subvenciones Advanced Grant son otorgadas por la UE para impulsar los
mejores proyectos científicos en Europa, y uno podría pensar que con el dinero
asegurado se acabaron los problemas.
“No en España”, dice
Bascompte. Lo confirma García Ruiz, que trabaja en el Instituto Andaluz de
Ciencias de la Tierra y también dispone de fondos europeos. “En otros lugares
te dan el dinero para que no te preocupes, aquí el día que te asignan los
fondos empieza a preocuparte”.
Bascompte describe el
calvario cotidiano que cualquier investigador español ha de pasar para hacer
ciencia, y eso teniendo la fortuna de contar ayudas europeas. “Para contratar a
un investigador postdoctoral de Oxford puedes pasarte seis meses con trámites
burocráticos, como me ocurrió a mí, y te encuentras con la medida surrealista
de que tiene que convalidar el título en España porque es extranjero”. “Llega
un momento en que te cansas”, confiesa. “Entre noviembre y enero, tres meses
aproximadamente, no puedes hacer gastos de tus propios recursos por ser el
cierre de ejercicio”, pone como ejemplo.
El CSIC le obliga,
además, a hacer engorrosos contratos a los técnicos e investigadores que
trabajan con él durante un proyecto. Si, por ejemplo, dura dos años, cada
cuatro meses los contratados han de firmar una carta en la que especifica que
se limitan a realizar las funciones para las que se le contrató y no otras, y
así el CSIC evita posibles demandas. “Yo, que tengo nueve personas en mi
proyecto, tengo que preocuparme de hacer más de 30 cartas y de que las
firmen…”.
“Son mecanismos
anquilosados, reglas del juego antediluvianas con las que es imposible hacer
ciencia moderna y competir en la primera división de la investigación
internacional”, sentencia García Ruiz, que calcula que un científico español,
si tiene fondos, ha de dedicar más del 50% de su tiempo a la gestión y la
burocracia del proyecto científico, en vez de a investigar.
Los datos
indican una reducción del 14,6% de plantilla en el CSIC desde
noviembre de 2011. Hay 1.892 empleados menos. Las cifras aportadas por el
Ministerio de Economía dan cuenta solo de un total de 49 investigadores que han
pedido algún tipo de excedencia desde enero de 2011, en la mayor parte de los
casos de naturaleza temporal. “En ciencia, hay que fomentar que los
investigadores adquieran experiencia en el extranjero. Lo que tenemos que
procurar es que vuelvan”. El ministerio reconoce que hay cierta rigidez en el
centro. “Somos conscientes de que las instituciones para ser competitivas
necesitan flexibilidad, así como ligar una parte de su financiación a los
resultados obtenidos”, señala un portavoz del Ministerio.
El Gobierno recurrió, en
2013 a un rescate de 95 millones de euros para evitar la quiebra del
CSIC. La institución ha sufrido duramente los recortes durante la crisis
económica. “No se trata solo de la crisis y de la escasez crónica de recursos”,
asegura el investigador Mario Días, del Museo Nacional de Ciencias Naturales,
uno de los científicos que ha promovido la declaración de los científicos
críticos. Días señala entre los problemas del sistema la incapacidad de retener
el talento joven y el envejecimiento de la plantilla, con una edad media de 55
años. Otra lacra es el “sistema funcionarial”, en el que no prima la
excelencia. “Aquí gana lo mismo el científico brillante que el que se pasa
haciendo el día tebeos en su despacho”, asegura un director de Instituto que
prefiere no dar su nombre.
El 24 de
noviembre, al celebrarse el 75 aniversario del CSIC, su presidente,
Emilio Lora Tamayo, aseguró que la fuga de cerebros en España era una “leyenda
urbana” y que los que se marchaban lo hacían porque les daban un cheque
"con varias cifras". Bascompte y otros lo desmienten. El cheque está,
sin duda, pero se van por otras razones.
Artículo de Mauricio Vicent publicado en EL PAÍS el 4 de diciembre de 2014
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