En los últimos años los
presupuestos de las universidades públicas son un colador. De 2010 a 2013 han
perdido 1.388 millones de euros, un 13,7% menos. Y la sangría continuará este
año en muchos casos, ya que algunos centros han seguido aprobando a la baja sus
cuentas de 2014. Esta caída presupuestaria aleja a España de la Unión Europea,
donde de media se destina el 1,26% del PIB a educación superior, frente al
0,86% español.
Un informe con datos de
los campus y del Ministerio de Educación que ha elaborado Comisiones Obreras
titulado La evolución de los presupuestos de las universidades públicas
(2010-2013) recoge que la partida más afectada son las inversiones, a la
que corresponde el 55% de la poda total. Con este dinero se construyen o
reparan los bienes inmuebles. Con 763 millones menos se entiende que muchos
edificios no se hayan levantado o estén en mal estado. Y el segundo capítulo
más dañado es el de personal, el más importante del gasto en los campus. En
este periodo ha caído en 434 millones, suponiendo un 31,3% del total de los
recortes. Se perdieron entonces 3.500 profesores, Y ello en un momento en que
la población estudiantil en la pública llegó a su cenit de 1,3 millones de
universitarios en el 2011-12; había subido desde 2009 un 9%, aunque ha empezado
a bajar.
“Han querido hacer la
reforma de Bolonia a coste cero y eso es imposible. Los problemas van
aumentando y depende de la capacidad económica que tenga cada universidad de
tapar agujeros pasa más o menos factura”, valora Julio Serrano, responsable de
Universidad en CC OO.
Pero la bajada no ha
afectado a todos los campus por igual. Para algunos la crisis está suponiendo
un huracán que ha hecho tambalear sus cimientos hasta el límite del rescate,
mientras que para otros no pasa de un viento moderado fácil de capear. A la cabeza
en recortes está, y muy destacada, la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC), que ha perdido una tercera parte de su presupuesto en tres años. Se
trata de un campus intervenido de facto por la Generalitat —que vigila
con lupa sus abultadas cuentas rojas, de 114 millones— y rescatado en más de
una ocasión, cuando a final de mes no podía pagar nóminas. La asfixia económica
se tradujo el curso pasado en el despido de 340 trabajadores, fuertes
movilizaciones y la dimisión del rector.
Estas cifras negativas
contrastan con sus resultados, ya que la UPC es puntera en investigación.
Precisamente el alto coste de la investigación, unas titulaciones caras de
impartir (por los laboratorios y el material), la dispersión territorial (una
veintena de escuelas en ocho ciudades) y la deuda de la Generalitat, de 25
millones, son algunas de las causas de su déficit, según resumió el rector,
Enric Fossas, en su investidura el pasado diciembre.
Acompañan a la UPC al
frente del tijeretazo las universidades de Castilla-La Mancha (29,7 %),
Internacional de Andalucía (24,4%, sin impartir grados), Lleida (21,1%) y
Málaga (20,4%). Las menos afectadas son la UNED, dependiente del ministerio,
que tan solo ha perdido un 1,3%, Granada (5%), Jaume I de Castellón (5,8%),
Huelva (6,4%) y Barcelona (4,4%, aunque inició los recortes un año antes,
sumando el 10% de caída).
La Universidad de
Castilla-La Mancha, segunda más afectada, y su Gobierno han firmado la paz tras
meses de conflicto, con tres requerimientos judiciales incluidos. Recibirá más
dinero y se le pagará todo lo adeudado. “Hemos sufrido tres planes de ajuste,
de 10, 32 y 10 millones”, cuenta Manuel Villasalero, su vicerrector económico.
Se apostó por castigar en las tasas a los repetidores y no la primera matrícula
(gravada con un 15% más) “porque somos la tercera comunidad con menor renta per
cápita”. Pero apenas se ha recaudado más —como pasa en el resto de España—
porque los alumnos se inscriben en menos materias (baja un 8%) y un 20% más
aprueba en los exámenes. Castilla-La Mancha no ha hecho un expediente de
regulación de empleo, “pero no se ha llamado a la bolsa de interinos como
antes”.
Así que han ahorrado en
los gastos corrientes de la universidad y sus centros de investigación y, sobre
todo, en edificación. Los alumnos de Medicina en Ciudad Real, Farmacia en
Albacete, Arquitectura en Toledo, Periodismo en Cuenca y Enfermería en Talavera
estudian en edificios polivalentes a falta de los suyos propios. Las obras de
los dos primeros están paradas y las otras no pasaron de la licitación. Además,
no se construirán por el momento los cetros de investigación. “Esos edificios
se iban a levantar con fondos FEDER y otros recursos que ya no tenemos”,
explica el director general de Universidades manchego, José Manuel Velasco.
“Cuando llegamos al poder había una deuda pendiente con la universidad de 120
millones y parte del dinero se ha ido a pagarla y no aparece en presupuestos,
pero no se han quedado sin cash”, asegura el político.
La crisis ha llenado las
aulas de jóvenes sin ninguna opción de encontrar trabajo sin formación y con
sus familias más empobrecidas que nunca (se consume un 12% menos que en 2008).
Para algunos expertos los recortes tienen aspectos positivos y negativos.
“Había una gran bolsa de ineficiencia, que se ha mejorado, como en las
programaciones, con grados o asignaturas con pocos alumnos”, apunta Josep Joan
Moreso, presidente de la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña y antiguo
rector de la Pompeu Fabra. Eso sí, alerta de que la financiación y la calidad
“son vasos comunicantes” y que seguir con los recortes podría resultar
catastrófico. De hecho, los rectores catalanes habían advertido de que ya se
había ahorrado de todas las partidas posibles (consumos energéticos, contratos,
mantenimientos...), así que ahora solo quedaba “tocar las plantillas”. “La reducción
de profesorado originaría clases masificadas, menos atención al alumno, menos
seminarios. Y también afectaría a la investigación, entonces dejaríamos de ser
un polo de atracción de talento”, alerta Moreso.
La financiación no es un
tema nuevo. Hace años que los campus reclaman más recursos, especialmente con
la implantación de Bolonia, pero los fondos nunca llegaron. De momento, parece
difícil pensar en incrementos públicos a corto plazo, así que muchos rectores
miran hacia el sector privado, especialmente los exalumnos. “En Estados Unidos
las aportaciones de los Alumni [antiguos alumnos] pueden representar entre el
25% y el 30% de la financiación, pero aquí no hay redes. Es necesario un cambio
de cultura”, propone Moreso. Se empieza a explorar también el mecenazgo. La
Universidad de Barcelona lanzó a principios de año una campaña para buscar
donantes para restaurar un centenar de libros de alto valor histórico. “Hay gente
que da dinero a ONG, pero a nadie se le ocurre hacer donaciones a la
universidad donde estudió”, lamenta Moreso, a la vez que subraya el papel de
ascensor social que ha supuesto la universidad para varias generaciones.
Para compensar la caída de
la financiación pública se permitió aumentar las tasas, que en algunas
comunidades como Cataluña o Madrid ha llegado al 66%. En Cataluña, “con la
aquiescencia de los rectores se acordó subir las tasas, siempre que se
implantaran las becas Equitat para hacer que este incremento fuera en función
de la renta”, admite el exrector de la Pompeu Fabra.
Artículo de Ivanna Vallespín y Elisa Silió publicado en El País el 06 de marzo de 2014.
Artículo de Ivanna Vallespín y Elisa Silió publicado en El País el 06 de marzo de 2014.
