Unos 30.000 alumnos de las
universidades
públicas españolas son expulsados cada año de sus carreras por bajo
rendimiento, según las estimaciones de expertos. Los campus fijan de forma
autónoma unas líneas rojas que afectan sobre todo a los primeros cursos de la
titulación para que el estudiante no se eternice en una carrera mal elegida. En
las universidades públicas hay más de un millón de matriculados.
Esta regulación, pensada
para garantizar el buen uso de los fondos públicos, suele pasar desapercibida
para los estudiantes. Lo ha puesto de manifiesto la protesta de las últimas
semanas de un grupo de alumnos de la Universidad de Oviedo contra una norma que
ven arbitraria y poco publicitada.
“Se permitieron matrículas
mal hechas y se cobró por ellas, llegaremos a los tribunales si es necesario”,
explica Alejandro González, representante de los alumnos asturianos.
Los criterios para decidir
si un universitario está perdiendo el tiempo en su facultad están recogidos en
las llamadas normativas de permanencia. La mayoría de las universidades
públicas las revisaron a partir de 2008 con la implantación del Espacio Europeo
de Educación Superior, el llamado plan Bolonia. Las normas incluyen básicamente
un número mínimo de créditos a aprobar y un plazo máximo de tiempo para
hacerlo. Normalmente, permiten al expulsado de un título una segunda matrícula
en otra carrera de la misma universidad tras la expulsión. No suelen contemplar
terceras oportunidades.
La agencia de evaluación
ANECA y los consejos sociales de los campus recomendaron hace ya dos años una
revisión de los modelos en el informe Universidades
y Normativas de Permanencia Reflexiones para el futuro.
Ese estudio no se ha hecho ni se ha elaborado un recuento oficial de los
afectados. El experto en financiación universitaria Juan Hernández Armenteros,
que participó en el citado informe, estima que son unos 30.000 alumnos de
grado, el 3% del total. Ha hecho este cálculo a partir de un estudio sobre
rendimiento realizado en la Universidad de Jaén por Enrique Bernal y Juan
Lillo. Otros expertos consultados coinciden en la estimación.
“En general, las normas de
las universidades públicas españolas son muy laxas”, advierte Hernández
Armenteros, que asegura que en las universidades con normativas más duras hay
menos expulsiones si los estudiantes están bien informados. Las expulsiones,
además, afectan más a los alumnos menos vocacionales. “Es difícil que se
produzcan bajas por la normativa en las carreras en las que el estudiante tiene
una preferencia clara y una nota de corte alto”, añade Manuel López, presidente
de la Conferencia de Rectores de España (CRUE).
En la Universidad de
Oviedo, la movilización ha partido de la facultad de Trabajo Social. El grueso
de afectados son alumnos de “Derecho, Económicas e Ingenierías, por la sencilla
razón de que es donde tenemos más alumnos”, explica el vicerrector de
Estudiantes, Luis Rodríguez Muñiz. La cifra de afectados aún no está cerrada.
Las estimaciones oscilan entre el millar que calcula el Rectorado y unos 500,
según los representantes del alumnado, de un total de 21.791.
La normativa de
permanencia de Oviedo establece que un alumno debe tener al menos 90
créditos en su tercer año universitario, de los que 48 tendrán que ser de
asignaturas del primer curso. Los alumnos se han opuesto a esta norma, aprobada
en su campus de 2010, pero cuyos efectos se ven ahora cuando han pasado los
tres primeros años.
Carlos Lorenzo, de 21
años, acaba de terminar el tercer curso de Trabajo Social. Lleva más de 90
créditos pero no cumple con el requisito de que más de la mitad sean del primer
año. Explica que aparcó varias asignaturas relacionadas con Derecho, su particular
bestia negra, para estudiarlas todas juntas al final del curso. “Cuando fui a
hacer la matrícula, no me avisaron de que corría el riesgo de ser expulsado si
no las cogía”, se queja. Su universidad se compromete a mejorar los mecanismos
de información y a pedir al consejo social que revise el criterio de los 48
créditos. “En el resto de casos, hay que aplicar la norma”, añade el
vicerrector.
La coordinadora estatal de
estudiantes universitarios CREUP pide que se revisen estas normas para permitir
flexibilidad en los estudios, como lo que pretende el alumno Carlos Lorenzo
agrupando todas las asignaturas de Derecho de una vez, y que se tenga en cuenta
el panorama actual. “Situaciones que antes eran excepcionales, como que un
estudiante trabajara, se han convertido en algo normal por la crisis y eso debe
quedar bien recogido”, defiende su presidente, Luis Cereijo.
Los consejos sociales
universitarios admiten que la revisión “es una asignatura pendiente”, según
Julio Revilla, vicepresidente de la conferencia que los aglutina. “No hace
falta que todas las normas sean iguales, pero deberíamos asegurar una
coherencia en los modelos y una vinculación con el sistema de becas y de
precios públicos”. El presidente de los rectores, Manuel López, ahonda: “Más
allá de los expulsados por la normativa, el drama es para los que se quedan
fuera por razones económicas o dificultades para conseguir una beca”. Los
rectores han reclamado insistentemente en los últimos años al Ministerio de
Educación que revise el sistema de ayudas para que nadie quede fuera por falta
de dinero.
Un modelo para cada campus
Las universidades españolas están obligadas a
fijar unos requisitos mínimos de exigencia a sus alumnos para que sigan
estudiando la titulación elegida. Son las llamadas normativas de permanencia.
La Ley Orgánica de Universidades (LOU) establece que los consejos sociales
universitarios, en los que participan representantes externos (empresas o
Administraciones) junto con los rectorados y los estudiantes, son los que deben
impulsar y aprobar estas normas.
Los criterios fueron revisados en la mayoría
de los campus públicos a partir de 2008. Antes se requería que el estudiante
agotara un número determinado de convocatorias de examen, ahora suelen
distinguir entre alumnos con dedicación total o parcial y fijar un número
mínimo de créditos a superar en un periodo de tiempo determinado, sin incluir
distinciones entre carreras.
La Universidad de León fija un mínimo de 12
créditos aprobados por curso, lo que equivale generalmente a dos asignaturas
(la media es de seis créditos por materia). Tiene 157 afectados de 13.582
alumnos. La Universidad de Barcelona prevé 18 créditos cuando el alumno se
matricule a tiempo completo (60 créditos anuales). Entre las más duras está la Pompeu
Fabra, que fija que se deben aprobar la mitad de los créditos
matriculados en el primer curso para seguir matriculado en ese grado.
La Complutense
o la de Sevilla
piden que el alumno de primer curso apruebe al menos una asignatura para poder
seguir en esa titulación y permiten agotar hasta seis convocatorias de examen
por materia. En Sevilla hay solo 19 afectados de 64.000 alumnos. Su
vicerrectora de Estudiantes, Pastora Revuelta, defiende que las normas sean
distintas entre universidades, como ocurre con las notas de corte o los
criterios de acceso. “Con todas las restricciones que ya existen, es absurdo
cambiarlas. El incremento de precios aprobado para segundas, terceras y cuartas
matrículas [en las que el alumno paga hasta el 100% del coste] ya es bastante
persuasivo”, señala Revuelta.
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