La Universidad expulsa a 30.000 alumnos al año por rendir poco

Artículo de Pilar Álvarez publicado en El País el 27 de agosto de 2014.

Unos 30.000 alumnos de las universidades públicas españolas son expulsados cada año de sus carreras por bajo rendimiento, según las estimaciones de expertos. Los campus fijan de forma autónoma unas líneas rojas que afectan sobre todo a los primeros cursos de la titulación para que el estudiante no se eternice en una carrera mal elegida. En las universidades públicas hay más de un millón de matriculados.

Esta regulación, pensada para garantizar el buen uso de los fondos públicos, suele pasar desapercibida para los estudiantes. Lo ha puesto de manifiesto la protesta de las últimas semanas de un grupo de alumnos de la Universidad de Oviedo contra una norma que ven arbitraria y poco publicitada.

“Se permitieron matrículas mal hechas y se cobró por ellas, llegaremos a los tribunales si es necesario”, explica Alejandro González, representante de los alumnos asturianos.

Los criterios para decidir si un universitario está perdiendo el tiempo en su facultad están recogidos en las llamadas normativas de permanencia. La mayoría de las universidades públicas las revisaron a partir de 2008 con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado plan Bolonia. Las normas incluyen básicamente un número mínimo de créditos a aprobar y un plazo máximo de tiempo para hacerlo. Normalmente, permiten al expulsado de un título una segunda matrícula en otra carrera de la misma universidad tras la expulsión. No suelen contemplar terceras oportunidades.

La agencia de evaluación ANECA y los consejos sociales de los campus recomendaron hace ya dos años una revisión de los modelos en el informe Universidades y Normativas de Permanencia Reflexiones para el futuro. Ese estudio no se ha hecho ni se ha elaborado un recuento oficial de los afectados. El experto en financiación universitaria Juan Hernández Armenteros, que participó en el citado informe, estima que son unos 30.000 alumnos de grado, el 3% del total. Ha hecho este cálculo a partir de un estudio sobre rendimiento realizado en la Universidad de Jaén por Enrique Bernal y Juan Lillo. Otros expertos consultados coinciden en la estimación.

“En general, las normas de las universidades públicas españolas son muy laxas”, advierte Hernández Armenteros, que asegura que en las universidades con normativas más duras hay menos expulsiones si los estudiantes están bien informados. Las expulsiones, además, afectan más a los alumnos menos vocacionales. “Es difícil que se produzcan bajas por la normativa en las carreras en las que el estudiante tiene una preferencia clara y una nota de corte alto”, añade Manuel López, presidente de la Conferencia de Rectores de España (CRUE).

En la Universidad de Oviedo, la movilización ha partido de la facultad de Trabajo Social. El grueso de afectados son alumnos de “Derecho, Económicas e Ingenierías, por la sencilla razón de que es donde tenemos más alumnos”, explica el vicerrector de Estudiantes, Luis Rodríguez Muñiz. La cifra de afectados aún no está cerrada. Las estimaciones oscilan entre el millar que calcula el Rectorado y unos 500, según los representantes del alumnado, de un total de 21.791.

La normativa de permanencia de Oviedo establece que un alumno debe tener al menos 90 créditos en su tercer año universitario, de los que 48 tendrán que ser de asignaturas del primer curso. Los alumnos se han opuesto a esta norma, aprobada en su campus de 2010, pero cuyos efectos se ven ahora cuando han pasado los tres primeros años.

Carlos Lorenzo, de 21 años, acaba de terminar el tercer curso de Trabajo Social. Lleva más de 90 créditos pero no cumple con el requisito de que más de la mitad sean del primer año. Explica que aparcó varias asignaturas relacionadas con Derecho, su particular bestia negra, para estudiarlas todas juntas al final del curso. “Cuando fui a hacer la matrícula, no me avisaron de que corría el riesgo de ser expulsado si no las cogía”, se queja. Su universidad se compromete a mejorar los mecanismos de información y a pedir al consejo social que revise el criterio de los 48 créditos. “En el resto de casos, hay que aplicar la norma”, añade el vicerrector.

La coordinadora estatal de estudiantes universitarios CREUP pide que se revisen estas normas para permitir flexibilidad en los estudios, como lo que pretende el alumno Carlos Lorenzo agrupando todas las asignaturas de Derecho de una vez, y que se tenga en cuenta el panorama actual. “Situaciones que antes eran excepcionales, como que un estudiante trabajara, se han convertido en algo normal por la crisis y eso debe quedar bien recogido”, defiende su presidente, Luis Cereijo.

Los consejos sociales universitarios admiten que la revisión “es una asignatura pendiente”, según Julio Revilla, vicepresidente de la conferencia que los aglutina. “No hace falta que todas las normas sean iguales, pero deberíamos asegurar una coherencia en los modelos y una vinculación con el sistema de becas y de precios públicos”. El presidente de los rectores, Manuel López, ahonda: “Más allá de los expulsados por la normativa, el drama es para los que se quedan fuera por razones económicas o dificultades para conseguir una beca”. Los rectores han reclamado insistentemente en los últimos años al Ministerio de Educación que revise el sistema de ayudas para que nadie quede fuera por falta de dinero.

Un modelo para cada campus

Las universidades españolas están obligadas a fijar unos requisitos mínimos de exigencia a sus alumnos para que sigan estudiando la titulación elegida. Son las llamadas normativas de permanencia. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) establece que los consejos sociales universitarios, en los que participan representantes externos (empresas o Administraciones) junto con los rectorados y los estudiantes, son los que deben impulsar y aprobar estas normas.

Los criterios fueron revisados en la mayoría de los campus públicos a partir de 2008. Antes se requería que el estudiante agotara un número determinado de convocatorias de examen, ahora suelen distinguir entre alumnos con dedicación total o parcial y fijar un número mínimo de créditos a superar en un periodo de tiempo determinado, sin incluir distinciones entre carreras.

La Universidad de León fija un mínimo de 12 créditos aprobados por curso, lo que equivale generalmente a dos asignaturas (la media es de seis créditos por materia). Tiene 157 afectados de 13.582 alumnos. La Universidad de Barcelona prevé 18 créditos cuando el alumno se matricule a tiempo completo (60 créditos anuales). Entre las más duras está la Pompeu Fabra, que fija que se deben aprobar la mitad de los créditos matriculados en el primer curso para seguir matriculado en ese grado.

La Complutense o la de Sevilla piden que el alumno de primer curso apruebe al menos una asignatura para poder seguir en esa titulación y permiten agotar hasta seis convocatorias de examen por materia. En Sevilla hay solo 19 afectados de 64.000 alumnos. Su vicerrectora de Estudiantes, Pastora Revuelta, defiende que las normas sean distintas entre universidades, como ocurre con las notas de corte o los criterios de acceso. “Con todas las restricciones que ya existen, es absurdo cambiarlas. El incremento de precios aprobado para segundas, terceras y cuartas matrículas [en las que el alumno paga hasta el 100% del coste] ya es bastante persuasivo”, señala Revuelta.

Artículo de Pilar Álvarez publicado en El País el 27 de agosto de 2014.

70.000 titulados ocupan trabajos que no precisan ninguna formación

Artículo de Pilar Álvarez publicado en El País el 7 de julio de 2014.

Uno de cada tres titulados universitarios españoles está empleado en un trabajo por debajo de su cualificación. Es decir, terminaron una carrera y consiguieron un empleo para el que no necesitaban esos estudios. España está a la cabeza de sobrecualificación de Europa, seguida de cerca por Irlanda y Chipre, y muy por detrás de la media comunitaria, con un 20%. Son algunos de los datos analizados en el informe anual de la fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), presentado este lunes. 

Un estudiante japonés de secundaria superior tiene un nivel de competencias similar al de un graduado universitario español. El ejemplo lo ha citado  el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, para indicar que la calidad de la formación universitaria española dista aún “mucho” de alcanzar la de otros países. Cada año se gradúan en las universidades españolas 220.000 estudiantes, pero no siempre se cumplen sus expectativas laborales.

Durante la presentación, el secretario general de la OCDE ha alertado de que la situación de la formación en España es “alarmante”. Los campus defienden que este desfase no se debe a un problema de exceso de formación sino de crisis y falta de empleo El porcentaje de parados entre españoles con estudios primarios incompletos y aquellos con educación superior dista más de 27 puntos, entre el 43,32 % de los primeros y el 15,77% de los titulados, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El ministerio prepara un mapa de empleabilidad para evaluar la relación entre universidades y mercado de trabajo.

El informe La contribución de las universidades españolas al desarrollo, de la fundación CyD, señala que la cuarta parte de estos titulados contratados por debajo de su cualificación en España se emplearon en tareas de contable y administrativo, en restauración o como vendedores. Solo un 1,5% de los graduados universitarios contratados en 2013 lo fueron para un puesto de director gerente. Y el 6% realiza ocupaciones elementales para la que no se necesita ningún tipo de estudio. En cifras absolutas, son unas 70.000 personas (37.000 hombres y 33.000 mujeres). Son casos como el de Félix Lete, de 32 años, que lo explica así de claro: “Claramente no necesitaba estudios para lo que hago, podría valer cualquiera”. Lete es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Navarra, pero trabaja recogiendo vasos en una discoteca de San Sebastián. “Empecé cuando estaba estudiando y, como no encontré nada, volví tras seguir varios años en proyectos de la universidad”. Asegura que gana 1.100 euros por tres días de trabajo. “Me encantaría ser ingeniero y lo intento, pero cada vez salen más titulados de las universidades mientras otros se quedan en paro con muchos años de experiencia. Hay más demanda que oferta”.

El informe cruza los datos más recientes de Eurostat y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y señala dos claves para explicar la situación española. Por un lado, España está entre los países que más titulados superiores produce y, desde el otro extremo, se sitúa entre las que menos empleo de alta cualificación demanda. Por comunidades autónomas, las regiones en las que la contratación va más acorde con la titulación son Navarra, Cataluña y Castilla-La Macha. A la cola se sitúan Castilla y León, La Rioja y Asturias. Solo cuatro comunidades autónomas han mejorado en el último año: Navarra, País Vasco, Canarias y Extremadura.

Modificar el desfase entre cualificación y empleo es “especialmente complicado”, considera Martín Parellada, coordinador general del informe de la fundación que preside Ana Patricia Botín. Según este experto, la universidad está actuando “proactivamente” para invertir esa tendencia revisando las bolsas de trabajo e intentando adaptar los contenidos de su oferta educativa al mercado de trabajo. El informe de la fundación recoge la experiencia de la Universitat Jaume I (Castellón), que ha implantado un modelo de prácticas obligatorias integradas que obliga a todos los estudiantes a graduarse con, al menos, una primera experiencia laboral.

La Universidad Politécnica de Madrid adaptó sus titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior (el Plan Bolonia) tras consultar a empresas, colegios profesionales y agentes sociales “sobre las necesidades de formación de los estudiantes para el mercado de trabajo”, explica su rector, Carlos Conde. La primera promoción de graduados de Bolonia acaba de salir, mientras que los datos de Eurostat analizan dos franjas de edad que van de los 20 a los 54 años y de los 25 a los 62. Por ese motivo, el rector de la Politécnica espera que el desfase entre la preparación universitaria y el empleo obtenido se corrija en los próximos años. Las encuestas que la Politécnica realiza a sus graduados señalan, según el rector, que un 74% asegura estar empleado en consonancia con su titulación, aunque “se sienten mal pagados”. Conde pone el acento en otro aspecto: “No se trata de cualificación, sino de infraempleo”.

Lo mismo considera el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Manuel López. “No se puede considerar que porque exista una escasa oferta de empleo, se esté produciendo un exceso de cualificación”, señala. “Las recomendaciones de la UE van hacia una mayor cualificación, lo que tenemos que arreglar es el mercado laboral”.

Representantes de la Unión Europea, de la OCDE y del Ministerio de Educación se reunieron ayer para establecer un “plan de acción” para favorecer las posibilidades de empleo de los jóvenes españoles, según anunció en la presentación del informe el ministro de Educación, José Ignacio Wert. El secretario de Estado de Universidades, Federico Morán, anunció que para antes de final de año tendrán listo un mapa de empleabilidad en el que va a cruzar datos de la Seguridad Social con el de titulados universitarios.

Artículo de Pilar Álvarez publicado en El País el 7 de julio de 2014.

La cultura ¿Un bien superfluo?

Artículo de Rosa María Artal. Publicado el 05/06/2013 en eldiario.es

Fue entender por qué cuando lo miraba “se me llenaban los huesos de espuma”.  Gabriel García Márquez me llevó en volandas al universo mágico de Macondo y nada volvió a ser exactamente igual. Fue, también, comprobar que en el  “Mundo Feliz” pergeñado y controlado por otros, la división de clases llega a fabricar incluso “epsilones” apenas sin cerebro para los trabajos duros. Aldous Huxley abría las páginas de mi mente en la brillante metáfora. Solo unos pocos cuestionaban el orden establecido, el resto “Sin esfuerzo excesivo ni de espíritu ni muscular, siete horas y media de un trabajo ligero, nada agotador, y enseguida la ración de soma, deportes, copulación sin restricción, y el Cine Sentido”. Y fue leer para saber, para querer emular y buscar ideas y palabras que enriquecen y hacen sentir y pensar. Y fue escuchar a Luciano Pavarotti en el espacio abierto para todos del Hyde Park londinense en una noche de lluvia intensa e integrarse en un Nesum Dorma colectivo. O querer parar un avión en Casablanca para que Ilsa Laszlo hiciera lo que realmente deseaba en una película perfecta. Mil manifestaciones más que hemos paladeado para ser más felices y mejores ¿Cómo es posible que la cultura no se aprecie ni se proteja, que se apueste incluso contra ella en estos días amargos?

 Con el mismo empeño que el PP va contra la sanidad pública, la educación o la ciencia y la investigación arremete contra la cultura. Y, en este caso, sin rechazo popular masivo. España soporta ahora el IVA cultural más caro de Europa, un 21%. Incluso el Portugal -que nos antecede en el calvario y que aplica un 23% a casi todo- reserva el 6% para los libros. Los recortes han supuesto un ataque frontal a cuanto suponga cultura. La ley Wert desprecia en el bachillerato las artes escénicas y restringe la música y la plástica. Ni un solo euro se destina a la compra de libros para bibliotecas públicas. Se resienten los museos con importantes mermas, hasta El Prado (“turístico”, “Marca España”) ha visto reducido su presupuesto en un 30%. El Teatro Real de Madrid el 23%. Teatro e igualmente cine, música y festivales asisten a momentos críticos por la tijera depredadora. Ni la Convención de la UNESCO DE 2005 que manda proteger y promover las expresiones de la diversidad cultural se tiene en cuenta a pesar de que España la suscribió.

 De hecho, la estrategia del ministro liquidador de la Educación y la Cultura ha sido que cine, teatro y conciertos dejen de ser arte para meterlos en el saco del espectáculo, el entretenimiento. De este modo justifica la elevación de su precio. España ha pasado a ser  uno de los pocos países que considera la cultura una mercancía más.  

 Mariano Rajoy que acudió recientemente a la Biblioteca Nacional por primera en su mandato –puede que por primera vez en su vida- se refirió a ese concepto. Habló de que "el nuevo ecosistema de consumo cultural se encuentra ya en el cibersepacio". Ése al que, por cierto, quieren controlar también con subterfugios por su “peligrosidad”, creo que para la Seguridad Nacional que es cosa seria. El presidente del gobierno lo que valora es la lengua española como “ producto más internacional y prestigiado de España". Y quiere que ley de educación -que ha perpetrado a medias con su ministro- impulse la cultura como "sector clave para adaptar la competitividad y transmitir una marca de vanguardia". Así ve el PP la cultura.

 Lo peor es cómo la ven los ciudadanos que engullen este enorme retroceso sin problemas. Los mismos que no leen o, si compran un libro, lo hacen preferentemente de los autores que  “salen por la tele” y que -como decía, el premonitorio Huxley-  con los deportes, la copulación sin restricción y todo el soma que arrojan sobre todo las pantallas de plasma tienen bastante. Y, encima, cuando la ración de soma de comer, de estar sano, de tener una vida digna empieza a escasear tan alarmantemente.

 El domingo el predecesor de Wert, Ángel Gabilondo, se refirió en un homenaje a José Luis Sampedro a cómo “se empieza por leer libros y, claro, se acaba queriendo arreglar el mundo”. De eso se trata, sí. Dóciles epsilones de carga, percebes sumisos, y casi ni eso, una masa krill para usar y deglutir.

 Es entrar en la Cuevas de Altamira. En la Catedral Gótica de León. En el románico Castillo de Loarre oscense. En el diseño de vanguardia. En la desarmada derrota del “Ne me quitte pas” de Jacques Brel.  En la alegría de vivir de Singing in the rain. Es tanto… Sentarse ante El jardín de las delicias de El Bosco o ante cualquier cuadro de Goya que tan bien reflejó España. Es leer a Saramago y a Sampedro, y a Calderón y  a Gioconda Belli y a Richard Dawkins. Cada cuál tiene su imaginario, sus preferencias, pero un país de ciudadanos libres no puede reducirlo a la bota de Messi o el cerebro de Cristiano.  La cultura no es un bien superfluo. Y no es tolerable que un gobierno de epsilones venidos a más con mando en tijera se empeñe en embrutecer a la mayoría de un país.

Artículo de Rosa María Artal. Publicado el 05/06/2013 en eldiario.es

Más desigualdades

Artículo de Rafael Feito Alonso publicado en  EL PAÍS el 21 de septiembre de 2012

Las intenciones de reforma de la educación del actual gobierno se recogen en un documento de PowerPoint titulado Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la ley de la calidad educativa. Se observa en él una clara voluntad segregadora. Desde el principio se afirma que todo el mundo tiene talentos –obvio, por lo demás-, pero enseguida se añade que de distinto tipo. Está claro, unos tienen talento para el éxito escolar –que son los que irían a los itinerarios académicos en secundaria- y otros lo tienen para el trabajo manual –los destinados a la formación profesional o a los programas de cualificación profesional-.

El documento señala que hay países de éxito que separan en una red académica y en otra profesional a su alumnado a los 14 años de edad. Sin embargo, omite que igualmente hay países de éxito –entre ellos Finlandia, líder en los informes PISA- que mantienen el tronco común hasta los 16 años. Por otro lado, los países que segregan a edades tempranas tienen resultados menos igualitarios, es decir, hay mayor conexión entre el estatus socioeconómico de la familia y los resultados escolares. Esto es algo muy claro en Suiza, cuyos cantones tienen distintas estructuras educativas. En las investigaciones que comparan las evaluaciones internacionales en primaria –PIRLS- y en secundaria –PISA- se observa un claro incremento de las desigualdades en los países que segregan tempranamente (sería el caso de Alemania, cuyo modelo educativo suscita la admiración de Wert). Ni que decir tiene que el alumnado que vaya a los itinerarios profesionales a partir del tercer curso de la ESO será víctima del efecto Pigmalión: el profesorado depositará en él bajas expectativas que se traducirán en malos resultados (la profecía que se cumple a sí misma).

El informe que la OCDE publicó a comienzos de año titulado Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schoolses toda una enmienda a la totalidad a esta propuesta gubernamental. Por mucho que choque a la mentalidad de nuestra derecha, la equidad y los buenos resultados académicos van de la mano y esto es lo que sucede en los países que sistemáticamente ocupan las primeras posiciones en los informes PISA. Adelantar la edad de segregación de los alumnos para decidir quién va a la formación profesional y quién al bachillerato es un colosal error que solo cabe interpretar en clave de sectarismo ideológico en favor de la división social. De los 39 países incluidos en el informe sobre equidad, 14 de ellos (Australia, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y la propia España) mantienen a su alumnado en un mismo tronco de escolarización hasta los 16 años para, a partir de esa edad, decidirse por la rama académica –equivalente al bachillerato- o por la profesional. Es más, el informe cita el caso de Polonia, país que, entre otras cosas, extendió el tronco común hasta los 15 años, lo que de un modo unánime se considera una de las razones clave que explica su espectacular reciente éxito educativo. Lo que propone Wert es legislar contra la evidencia empírica de que disponemos.

Tampoco se entiende la preocupación por aumentar el porcentaje de alumnos de secundaria superior que opta por el bachiller en lugar de por la formación profesional. En torno a algo más de la mitad de los estudiantes de los países considerados en el estudio de la OCDE elige la rama general de la secundaria superior. Francia y España están levemente por encima de esta media. También lo están, y en mucha mayor medida, países como Nueva Zelanda, Portugal, Israel, Reino Unido, Japón o Canadá.

Resulta cuando menos escandaloso que el anteproyecto condene al fracaso escolar, es decir, a la no obtención del título de la ESO, a quienes cursen los programas de cualificación profesional. No se olvide que la ESO permite obtener el mínimo de competencias para desenvolverse cabalmente como ciudadano y como trabajador, que no conseguir la ESO prácticamente equivale a una condena a la marginación social.

Uno de los temas estelares de la propuesta de reforma es la realización de exámenes de reválida para pasar de nivel: de primaria a la ESO, de la ESO al bachiller y al final del bachiller. En primaria, en el área de la OCDE, solo una región de Bélgica tiene una prueba de este tipo. En el anteproyecto ministerial los niños y niñas que no aprueben el examen de primaria repetirán curso. El informe de la OCDE es taxativo con respecto a la repetición de curso: es un gasto simplemente inútil y no sirve para mejorar el rendimiento. A modo de ejemplo, Corea universalizó en los años cincuenta del siglo pasado el acceso a la primaria, pero restringió el acceso a la secundaria por medio de exámenes. Buena parte de los profesores consideraba que tales pruebas ponían mucho énfasis en la memorización, de modo que finalmente fueron abolidos en 1974. Hoy Corea, junto con Finlandia, encabeza la lista de los estudios PISA. Pese a todo, y esto es un aviso para los navegantes en favor de la cultura del esfuerzo por el esfuerzo (“el sudor de tu frente”), los niños coreanos dedican la mayor parte de su energía a memorizar incansablemente como si se tratara de formar a funcionarios confucianos. Chris Duffy, quien ha sido docente en Boston y en Corea, se lamentaba de la ansiedad y la angustia que padecen buena parte de los adolescentes (de hecho una encuesta reveló que nada más y nada menos que una quinta parte de los estudiantes de secundaria había pensado seriamente en quitarse la vida).

A estas tres reválidas anunciadas hay que añadir la realización de evaluaciones externas. Creo que poco cabe objetar a la difusión de exámenes estandarizados que permitan a las familias conocer los resultados de las escuelas de su entorno o de su preferencia. Los economistas de Fedea están fascinados con las pruebas de conocimientos llamados indispensables que realiza la Comunidad de Madrid. Las comparan con las que se hacen en Reino Unido y cuyos resultados publica la BBC. Sin embargo, estas no tienen nada que ver con nuestros carpetovetónicos tests. Allí se informa sobre el gasto por estudiante, el porcentaje de estudiantes con becas de comedor o el salario de los profesores. Es decir, es posible saber el valor añadido que aporta cada escuela.

El peligro de que la formación se focalice en los tests es evidente. Jonathan King, un reconocido biólogo molecular del MIT, envió a sus dos hijos a la misma escuela. Su hijo mayor aprendió desde la experiencia. Junto con sus compañeros de clase iba a una charca y tomaba muestras. De hecho, los niños y niñas descubrían criaturas que este biólogo desconocía. Con su segundo hijo las cosas fueron radicalmente diferentes ya que ha sido preparado para pasar tests. La experiencia, el mancharse las manos, han desaparecido.

Es de loar la preocupación de la propuesta ministerial por la introducción de las nuevas tecnologías y por la mejora del aprendizaje del inglés. Por desgracia, no parece ir más de allá de un brindis al sol. Ambos aspectos requerirían un aumento del presupuesto y sobre todo cuestionar algo mucho más profundo y que es el modo en que se enseña, el cual está más volcado en la repetición de contenidos que en el desarrollo del pensamiento autónomo o de la creatividad.

Por fortuna, la propuesta ministerial no da la matraca con el cheque escolar. En el informe citado se comenta el caso de los cheques escolares en Suecia, que se han traducido en una escasa mejora de los resultados (nula para los alumnos de bajo estatus) y en una creciente segregación social entre las escuelas.

Sabido es, y con esto concluyo, que la participación de padres y alumnos en el control y gestión de los centros es más bien una burla creada al amparo de la LODE de Maravall. El anteproyecto lo termina de rematar al limitar al asesoramiento las funciones del consejo escolar, lo que contradice el artículo 27 de la Constitución.

En definitiva, estamos ante una propuesta que nos aleja, aún más, de los retos de la sociedad de la información y del conocimiento. Y lo peor es el apoyo con que esta propuesta pueda contar entre significativos sectores del profesorado, especialmente el de secundaria.

Rafael Feito Alonso es profesor de sociología.

Artículo de Rafael Feito Alonso publicado en  EL PAÍS el 21 de septiembre de 2012