Desde
la promulgación de la Ley Integral de 2004 Amnistía Internacional ha elaborado
varios informes alertando de las deficiencias observadas en la implementación
de dicha Ley. El último informe de noviembre de 2012 titulado ¿Qué justicia especializada? se toma
como base para la realización de la presente práctica.
La
práctica consistirá en cuatro partes.
1.-En
esta parte se pide una comparativa entre el texto de la asignatura (de lectura
obligatoria) y el informe de Amnistía Internacional.
El
texto de Osborne, Raquel (2009): Cap. 2, “Malos tratos: un problema estructural”,
en Osborne, Raquel: Apuntes sobre violencia de género. Barcelona:
Bellaterra Edicions, Serie General Universitaria. Selección: pp. 114-128.
Señale los aspectos principales
desarrollados en ambos textos así como en qué se asemejan y en qué se
diferencian sus contenidos.
La primera Ley de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, fue aprobada no sólo al clamor popular en la
necesidad de controlar esta violencia, sino a que se le quiso dar una
significación simbólica, sacando el problema del ámbito de lo privado y
situándolo como un problema de derechos humanos. La principal crítica sobre
esta ley se ha centrado en señalar la obligación de la denuncia como
instrumento para la solución de los problemas, sin dotar de suficientes
recursos a todos las dimensiones incluidas en la perspectiva integral del
problema. Las mujeres sometidas a malos tratos tienen que acudir necesariamente
a los servicios jurídicos. Este ha sido el mensaje institucional, descargando
la obligación a denunciar, para que las mujeres puedan protegerse y recibir apoyo.
La obtención de justicia por el camino de las denuncias sigue siendo una
carrera de obstáculos para las víctimas. Todo ello hace muy complicado
deslindar el campo de la intervención penal de los conflictos familiares,
provocando que ciertos sectores de la judicatura adopten una actitud hostil de
género.
Tanto en el texto de Osborne como en el informe
de Amnistía subrayan la falta de preparación y sensibilidad de muchos letrados
y jueces, todo ello redunda en la vigencia de estereotipos y decisiones judiciales
que perjudican a los derechos de las víctimas. El peligro se difumina y los
fallos se incrementan, con el consiguiente malestar de todas las partes
implicadas. La Ley Integral ha supeditado la obtención de ayudas económicas,
derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social a recibir la orden de
protección. La prevención se sitúa como el modo más eficaz de intervención,
reservando la acción penal para los casos más graves. Se apunta a que uno de
los efectos indeseados de estos requisitos es que se pueda estar forzando a
muchas mujeres que no lo desean, a que se metan por la vía judicial. Muchas
mujeres se niegan a declarar una vez llegado el juicio. Las razones parecen ser
múltiples, desde una desconfianza radical en el funcionamiento de la justicia
penal hasta la situación de precariedad económica generada, pasando por el
temor a las represalias. El complemento indispensable sería la mejora del
asesoramiento legal para que la víctima, cuando denuncia inicialmente, conozca
y sea consciente de las consecuencias de sus actos y sepa que no podrá
desdecirse de sus iniciales decisiones. En este sentido, el informe de Amnistía
de 2012 apunta igualmente al notable déficit existente en la asistencia
letrada, durante todos estos años, tanto en la disponibilidad como en la
calidad del mismo. Una asistencia no garantizada para todas las mujeres y una
evidente inacción de abogados/as frente a la mayor actividad de la defensa
letrada del denunciado, por ejemplo.
Quizás el desfase entre denuncias y órdenes de
protección nos esté indicando que muchas mujeres no se sienten seriamente
amenazadas, o al menos en situación de alto riesgo cuando se denuncia. Esto
puede estar inflando indebidamente en algunos casos las denuncias. La punición
genérica al agresor aparece como “ineficaz” en una importante proporción de
agresores ante la conducta obsesiva que muestra hacia su víctima, apuntando a
la necesidad de adoptar medidas preventivas precoces sin dejar de recurrir no
obstante, a la vía penal. Desde Amnistía se señala que pese a que desde el
Estado se es consciente de la importancia preventiva de este ámbito, se
continúa sin tratar la respuesta sanitaria a la violencia contra las mujeres.
Además Amnistía contempla con preocupación la práctica de la interposición de contradenuncias
por parte de los agresores. Una estrategia que supone una revictimación, a
través de una condena interpuesta a muchas mujeres, a penas muy similares a las
de sus victimarios.
Se hace la propuesta de una denuncia puente que
consistiría en efectuar el requerimiento, pero retrasar o mantener en suspenso
las decisiones judiciales para que así el agresor tenga la oportunidad de
rectificación. En vez de proceder a la detención de la pareja, se le llamaría a
declarar, y sólo si se repitiera la agresión se tomarían las medidas que la ley
permite. La ley no se está cumpliendo y hay motivos para pensar que su eficacia
es dudosa hoy por hoy. Ante la falta de protocolos homologados, ausencia de
criterios de calidad e insuficientes programas, se une la preocupación por la
sensación de impunidad que pueden sentir los maltratadores, obligados a hacer
una terapia para la que no tienen fecha. Con esta situación se minimizan las
consecuencias del maltrato y se puede utilizar el tratamiento, que además no se
cumple, como coartada para eludir responsabilidades.
Destaca la necesidad de aumentar la dotación en
el sistema sanitario pues es un dato que aunque la mayoría de las mujeres no
denuncie casi todas pasan por los servicios de salud. Se torna del todo
necesario poner el énfasis en este ámbito, dada su capacidad de detención
profesional para atender a las mujeres. Todo pasa por dotar de los recursos
necesarios para el cumplimiento de la legislación (tratamientos terapéuticos a
los agresores) como medida evitativa de las situaciones de violencia y de la
sensación de impunidad entre los maltratadores y de impotencia entre las
víctimas.
