miércoles, 23 de julio de 2014

La triada ciudadanía-inmigración-exclusión a debate parte 2

El colectivo de inmigrantes es el más vulnerable en esta realidad y desde la perspectiva de género nos encontramos con más barreras que impiden y dificultan el acceso de las mujeres a las oportunidades en el mercado de trabajo puesto que “(…) el empleo es el ámbito fundamental para conseguir una integración satisfactoria” (Martínez, 2006:251). Se sigue careciendo de instrumentos que faciliten el acceso a igualdad de oportunidades a hombres y mujeres a un puesto de trabajo, y a la eliminación de la discriminación como un mecanismo efectivo de contratación ilegal. Dada la manifiesta ineficacia de los gobiernos relacionada con las migraciones pone de relieve, según Rosa Rodríguez (2006), al menos dos cuestiones significativas:
1.     Una relevante “crisis de gestión resolutiva ante las transformaciones de efecto multiplicador derivadas de las mismas” (Rodríguez, 2006:93).
2.     “La ausencia de una verdadera toma de conciencia de la responsabilidad que tiene de sumir las consecuencias de unos cambios sociales que también han contribuido a generar” (Ibídem:93).

En ese sentido podríamos hablar de minorías emigradas como el “colectivo que presenta una clara situación de desventaja, de inferioridad, de marginación, respecto del grupo social del país de destino. Inferioridad que no sólo es numérica, sino que lo es social, cultural, legal y económica” (Marcos, 2012:10). Existe una precariedad en sus condiciones económicas y también en el ámbito de reconocimiento del derecho a la igualdad y los derechos sociales, económicos y culturales. Estas minorías presentan en común dos rasgos, la procedencia por razones adversas (políticas, económicas, etc.), y la lucha por el reconocimiento de los derechos a la igualdad y a la diferenciación cultural.
Los inmigrantes en la mayoría de las ocasiones son invisibilizados por el contexto societal y por sus inherentes carencias naturales (como el lenguaje), como que han de soportar altos niveles de discriminación y xenofobia. Están claramente en una situación de exclusión social estructural, tanto que ni siquiera se relacionan con los movimientos que luchan por sus derechos. Como decíamos anteriormente, la crisis económica y financiera puede servir de excusa vehicular para solapar este debate en nuestras comunidades, con el objetivo de seguir dando voz a estos colectivos y crear las bases en todas las dimensiones de nuestras sociedades, y para impulsar las políticas necesarias en la búsqueda de su plena integración.
Albert Mora afirma que en nuestras sociedades conviven dos tipos de discursos dicotómicos; por un lado se “le exige a los inmigrantes que se integren adaptándose a las pautas culturales, costumbres y hábitos que consideramos propias de las sociedades avanzadas y desarrolladas” (Mora, 2012:1), y por otro, “(…) la construcción social que hacemos del -otro inmigrante- se inserta en estrategias de inferiorización orientadas a marcar la distinción de ese otro con respectos a nosotros mismos” (Ibídem: 1). La participación social y política de los inmigrantes no aparece en el imaginario colectivo como un requisito esencial para la integración y, no obstante, constituye una de las dimensiones fundamentales para lograr la integración ciudadana de este colectivo. El autor subraya la necesidad de garantizar la participación social de los extranjeros en igualdad de condiciones con respecto a los autóctonos, se establece como una condición ineludible para la construcción de una sociedad plural que integre de forma positiva el hecho migratorio.

Tal como subraya Tezanos, cuando confluyen tantos elementos de vulnerabilidad, marginación y rechazo forman un cuadro, que en aspectos generales, “tiende a perfilar en la sociedad española espacios muy diferenciados de pertenencia cívica y de integración” (Tezanos, 2006:35). En cuanto a la relación con la perspectiva personal, da lugar a trayectorias de mayor riesgo de exclusión social.

martes, 22 de julio de 2014

La triada ciudadanía-inmigración-exclusión a debate parte 1

Ya Marshall formuló en el siglo pasado el concepto contemporáneo de ciudadanía en su obra Ciudadanía y clase social (1949), como un estatus que se ha ido adquiriendo con el paso del tiempo y se “ (…) otorga a los que son miembros de pleno derecho de una comunidad” (Marshall, 1997:312), disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones. Los derechos de ciudadanía entonces, deberían minimizar las tendencias a la desigualdad que origina la economía de libre mercado.
La incorporación de los derechos sociales al concepto de ciudadanía implicó que toda la sociedad tenía derecho a percibir una renta razonable, independientemente de su posición social. Aunque sí matizando, que estos derechos de ciudadanía y participación palian, pero no suprimen, las desigualdades sociales que conlleva el capitalismo, al legitimar la estatificación social. Sin embargo, al propiciar la redistribución de ciertos recursos públicos, universalizando derechos de educación, de salud pública, etc., pone en entredicho la soberanía del mercado. De ese conjunto de derechos y oportunidades es del que quedan excluidos algunos ciudadanos. La conceptualización de derechos y de responsabilidades está estrechamente imbricada a la idea de ciudadanía.
El desarrollo de la ciudadanía moderna acabaría por producir la reducción y redimensión de la diferencias de clase causadas por la asimétrica posición en la estructura social y económica. Por tanto, el concepto de ciudadanía contemporánea era un mecanismo por el cual se aminoraban las desigualdades producidas por el sistema capitalista, pero no como resorte para suprimirlas. Se infiere así que existe una relación implícita entre desarrollo de la ciudadanía moderna y las desigualdades en las sociedades capitalistas, en tanto que la primera legitima la presencia de la segunda, y lo hace como contraprestación al status de igualdad que se le suponía al ciudadano.
Podemos por tanto entender la ciudadanía como el conjunto de prácticas que definen a una persona como miembro de pleno derecho de una sociedad. En primer lugar, por su sentido formal, como la persona poseedora de un pasaporte expedido por el Estado y/o en segundo lugar, de un modo sustantivo, como el conjunto de derechos que tienen “todos” los miembros de una comunidad política. De todo esto subyace una cuestión fundamental, que sitúa la triada ciudadanía, inmigración y exclusión que da título a este capítulo, como una ecuación irresoluble. El inmigrante no es un ciudadano de pleno derecho, porque lo condiciona la legislación vigente, aquella que lo diferencia en mayor medida a los autóctonos, lo excluye. Por ello, se puede evidenciar la emergencia de nuevos procesos de exclusión social, en virtud de los cuales “algunas personas y grupos sociales se ven apartados y excluidos de la conquistas sociales que definen el patrón de diudadanía establecido en el horizonte histórico” (Tezanos, 2008:150).
Nos encontramos con una perversa paradoja, donde en la medida en que crecian los derechos de los ciudadanos bajo la protección del Estado de bienestar, no lo hacía con la misma intensidad para los inmigrantes. Y actualmente donde se están diluyendo y desapareciendo todos estos logros sociales, de igual manera, son los inmigrantes los más afectados una vez más, infraclasificados. Son por tanto, una parte de la ciudadanía que está apartada y olvidada, aunque constitucionalmente existente. Es una omisión que priva de derechos y oportunidades económicas, sociales, culturales, y por supuesto, jurídicas y políticas a una parte muy considerable de la sociedad. Tal como afirma Tezanos se puede establecer un paralelismo de la sociedad de nuestros días, con la polis ateniense donde los esclavos y metecos tenían una reglamentación jurídica y social diferenciada, o de igual modo, con la estigmación de los “intocables” en la India, como paradigma de excluidos absolutos. Se está consiguiendo normalizar esta diferenciación, y exclusión de los “otros inmigrantes”, y lo hace como resultado (y excusa) de las consecuencias que está produciendo esta crisis económica y financiera, que lo es igualmente de valores, de ética y de moralidad.
La inmigración de nuestros días se diferencia de otras épocas, por su interdependencia a escala global. Ya no existen países emisores y países receptores, ya todos comparten ambas condiciones, “no podemos dejar de tener presente que las migraciones actuales son resultado de una de las graves paradojas de la dinámica capitalista de nuestros días” (Rodríguez, 2006:93). En este contexto multifactorial, la globalización enlazada con el renovado discurso neoliberal, implanta una fagocitadota lógica competitiva, agudizando los riegos y efectos de esta tendencia macroeconómica impuesta por la mayoría de las instituciones políticas y económicas en el ámbito internacional. Las consecuencias del incremento del desempleo se exteriorizan en más desigualdad y agudización de la estratificación social. La exclusión social por tanto, obedece a unas características subordinadas a las coyunturas laborales, económicas, legales, relacionales y socio-políticas.

La interdependencia económica y la movilidad de los principales factores productivos, crean una situación de mejoras en eficiencia, productividad y tecnología generando incrementos netos de riqueza a escala global, pero no dice nada sobre la distribución ni de la equidad como principio organizativo. El aumento de las diferencias entre países ricos y pobres, el deterioro del medio ambiente, la pérdida de capacidad adquisitiva por parte de los trabajadores, etc., son efecto, según Iñigo de Miguel (2012), de la brecha que ahora mismo existe entre la organización del sistema económico y la que corresponde al poder político. Este autor formula una serie de interrogantes analizando la relación que existe entre la globalización, como hecho, y el globalismo como ideología que sustenta el fenómeno, con la aparición de los grandes flujos migratorios.

lunes, 21 de julio de 2014

Inmigración, mujer, empleo y exclusión social Parte 2


A continuación se recogen algunas aportaciones dentro del objeto de estudio de referencia de mi Trabajo Fin de Grado. Una aproximación a una parte de la amplia documentación existente, que sirve para revisar algunas dimensiones estrechamente relacionadas. Más allá de articular una síntesis del conocimiento académico existente, pretende servir como fundamento específico para el proyecto de investigación. Una forma para poder obtener una discusión permanente con estos autores y alcance de sus conclusiones.

3.4.-Emprendeduría

El Libro Verde de la Comisión Europea (2003) sobre el espíritu empresarial, lo define como “la actitud y el proceso de crear una actividad económica combinando la asunción de riesgos, la creatividad y la innovación con una gestión sólida en una organización nueva o en una ya existente”. En una sociedad en la que el acceso a la independencia económica y el reconocimiento social se vehicula a través del trabajo remunerado, los inmigrantes se enfrentan a una serie de barreras asociadas a su situación. Podemos concebir la migración internacional como un proceso interno del sistema global que está en contínua transformación.
Algunos autores argumentan que dentro de la conducta emprendedora hay que diferenciar “dimensiones corazón” y “dimensiones periféricas” (Brunet, 2009:87). Las dimensiones corazón serían identificar oportunidades, asumir riesgos y crear una nueva empresa. Por su parte, las dimensiones periféricas consistirían en obtener recursos y utilizarlos eficientemente, realizando innovaciones. De esta forma, las dimensiones corazón proporcionan una definición vertebrada que especifica las condiciones mínimas para hablar de conducta emprendedora. Mientras que las dimensiones periféricas describen esa misma conducta, eficaz y eficiente que permite lograr el éxito en la creación y gestión de una nueva empresa. Ambas dimensiones pivotan y giran en torno a los mecanismos de mercado autorregulados hasta el punto de ser absolutamente dependientes de éstos.
Otros autores sugierendos cuestiones bastante simples y cotidianas para explicar las variaciones en el comportamiento emprendedor entre comunidades de inmigrantes” (Rodríguez, 2007:36). En primer lugar, dicho comportamiento podría deberse a los altos niveles de autoempleo que se dan en las comunidades de origen, lo que muestra la importancia que sobre éste puede tener la experiencia empresarial previa. En segundo lugar, a que los inmigrantes tienden a concentrarse en aquellos Estados o países en los que existen mayores incentivos dedicados a la creación e iniciativa empresarial, por lo que es más probable que acaben creando su propio negocio.
3.5.-Perspectiva de género

Centrados en la perspectiva de género, multitud de estudios han advertido la creciente relevancia de la participación femenina en los flujos migratorios internacionales. Se han analizado las razones que originan estas migraciones, la función de la atracción que desempeña el mercado de trabajo, las relaciones de género que subordinan las migraciones familiares como las consecuencias económicas y culturales que “favorecen nuevas formas de organización social, en los países de acogida y en los propios países de origen de las migrantes” (Domínguez, 2011:101). En Canarias nos encontramos con la particularidad de la vinculación histórica del archipiélago, con las costas occidentales de África, y específicamente con la comunidad senegalesa. En el estudio Migraciones de mujeres y perspectiva de género: senegalesas en Canarias elaborado por J. Domínguez indica una cierta feminización en la inmigración senegalesa y la presencia de varias generaciones, lo que muestra el grado de cohesión de este grupo, “frente al carácter más masculinizado y menos consolidado de la comunidad senegalesa en el conjunto de España” (Ibídem: 101). Este autor subraya la importancia de la migración independiente o familiar de las senegalesas, su participación en el mercado de trabajo y el grado de autonomía personal obtenido.
También se ha constatado la precariedad en la ocupación de estas inmigrantes, “que sustituyen a las mujeres autóctonas en empleos poco cualificados y mal pagados” (Guerra, 2006:49). Esta realidad las ha mantenido durante mucho tiempo, totalmente invisibles, en un subsector juzgado como marginal en la estructura ocupacional (servicio doméstico, limpieza, cuidado de enfermos, etc.), además de la inherente incertidumbre que acompaña a estas ocupaciones. La singular economía canaria además promueve una especialización terciaria relevante referente a la ocupación femenina en el mercado laboral, “pues a la feminización del sector servicios se añade la propia terciarización de la estructura productiva de Canarias” (Ibídem:55). Sin embargo, la realidad es que el papel que asumían hasta hace pocas fechas las inmigradas en cuanto a facilitar la participación de la mujer autóctona en el mercado de trabajo formal, deben situarse en el foco de atención en cuanto conocer qué está ocurriendo en estos momentos con este fenómeno.
La feminización de la pobreza en la tierra está íntimamente relacionada con la feminización de la emigración transnacional, así lo sostiene Raquel Guerra en su artículo La inmigración extranjera desde una perspectiva de género. La mujer inmigrante del siglo XXI en Canarias, “cuando la decisión de emigrar responde a razones de supervivencia y el país importador exhibe aspectos atractivos, todo obstáculo a la migración es inevitablemente vencido” (Guerra, 2006:53). Estos procesos migratorios, tal como apuntamos antes, suelen estar relacionados a estrategias familiares, por lo que no deben reducirse a sólo un acto de autonomía personal. Es por ello que siendo África un continente donde la mujer posee un papel relegado en el seno de la estructura social, es muy significativo que no se traduzca en un menor porcentaje de estos movimientos migratorios. Tras el boom migratorio de 2006-2008, la emigración senegalesa hacia Canarias ya es mucho menor, casi residual comparándola con esa etapa. La emigración se apoya en redes sociales que se movilizan o no, en función de la apertura del mercado de trabajo, y en estos momentos es notorio que son frenadas por el contexto económico actual.
Mercedes Jabardo afirma que actualmente impera la lógica de la modernización occidental, y sostienen que hasta los intelectuales africanos piensan que su futuro pasa por incorporarse a las lógicas europeas y a su modelo económico. Jabardo propone aplicar el modelo teórico de la economía política al análisis de las migraciones contemporáneas en su estudio Las lógicas de la inmigración senegalesa en España, y lo hace combinando una perspectiva histórica y multisituada: “el estudio de las instituciones y de las estructuras macro con un enfoque centrado en los actores sociales” (Jabardo, 2011:87). Esta autora afirma que se produce una paradoja: un discurso cada vez más presente en Europa, en la necesidad de repensar la economía como se ha estado haciendo hasta ahora. Es África la que puede ofrecer modelos alternativos para pensar lo económico, donde emergen lógicas de la reciprocidad y la redistribución de las que carece Occidente, como los salarios colectivos o las asociaciones rotativas de ahorro observadas por Rossander en su investigación en Canarias. Repartos que generan multitud de redes básicas allí donde no existe el Estado de bienestar. Así lo afirma igualmente Esther Massó en su estudio Migración Senegalesa en España: (Matrias) de hospitalidad y cosmopolitismo,  “los pueblos (o matrias) africanos, (…) presentan unos valores y un bagaje cultural interesantes para aportar soluciones a los problemas contemporáneos. Su experiencia de la migración, (…) componen un mosaico de valores y tradiciones culturales especialmente pertinentes en el paradigma civilizatorio de la globalización que vivimos hoy (…)” (Massó, 2011:1163).

3.5.1-Cosmopolitas y locales

La antropóloga Eva Ever Rossander ilustra a través del texto titulado Cosmopolitas y locales, un preciso análisis que traza tres dimensiones fundamentales para comprender a los/as nuevos/as migrantes (transnacionales) en este contexto: la feminización de la inmigración senegalesa, la lógica transnacional en las prácticas de las inmigrantes senegalesas, y por último, la estructura de integración en las dinámicas locales.
La mujer senegalesa abraza las costumbres cosmopolitas, en tanto en cuanto éstas fomenten sus propios intereses económicos, se constituyen como empresarias dinámicas, con evidentes competencias para lo cultural y social. Por lo tanto, Ever Rossander subraya que la mujer está entrenada y socializada desde pequeñas a cuidar y mantener relaciones duraderas con otra gente. Donde el estatus económico y social genera respetabilidad y provee a las mujeres una posición prestigiosa, se guían por “ideales y definiciones de bienestar económico (…), que en parte coinciden con criterios globales de éxito económico y hábitos/esquemas de consumo” (Rossander, 2006:126). Por lo que la “integración de lo público con lo privado, lo profano con lo sagrado y lo moral con las realidades de la vida es más cosas de las mujeres que de los hombres” (Ibídem:129). Afirma Ever Rossander que el “estatus económico y social genera respetabilidad y proporciona a las mujeres una posición prestigiosa entre su comunidad de origen” (Jabardo, 2006:121). Señala esta autora cómo todo está “centrado alrededor del dinero: ganar, ahorrar e invertir” (Ibídem:121). Mujeres con ambiciones y estrategias comerciantes que le han permitido integrase en la comunidad local, desde una independencia y libertad de acción notablemente mayor que hubiera sido el caso de su país de origen.

domingo, 20 de julio de 2014

Inmigración, mujer, empleo y exclusión social Parte 1

A continuación se recogen algunas aportaciones dentro del objeto de estudio de referencia de mi Trabajo Fin de Grado. Una aproximación a una parte de la amplia documentación existente, que sirve para revisar algunas dimensiones estrechamente relacionadas. Más allá de articular una síntesis del conocimiento académico existente, pretende servir como fundamento específico para el proyecto de investigación. Una forma para poder obtener una discusión permanente con estos autores y alcance de sus conclusiones.
Los ítem desarrollados a continuación son algunos estudios que han centrado su atención en las diferentes dimensiones del fenómeno migratorio. En primer lugar, se comprueba la existencia de un consenso sobre el factor más importante que explica y define la inmigración en Canarias. En segundo lugar se exploran las estructuras asociativas de los senegaleses en España, cómo se han configurado como un mecanismo de solidaridad y apoyo en la integración sociopolítica de estas personas. A continuación se realizará una breve recensión sobre el mercado laboral, las diversas variables implicadas, y entendiendolo como una primera etapa de la plena integración social de los inmigrantes. Igualmente es necesario aproximarse a las diversas causas de naturaleza psicosocial y cultural que pueden ser concluyentes en el comportamiento emprendedor de los inmigrantes, la participación femenina en el mercado de trabajo y sus complejas relaciones de género en la propia organización sociolaboral. Por último, se abordará la feminización de la inmigración senegalesa, la lógica transnacional en las prácticas de estas mujeres y la estructura de integración en las dinámicas locales. 
3.1.-Causas salida

El análisis de los factores que determinan los movimientos migratorios son muy diversos, y en este sentido, tanto la finalidad de los análisis como las herramientas usadas han progresado de forma relevante desde que Ravestein “enunciara en 1885 The Laws of Migration en el marco de lo que hoy conocemos como Modelos Migratorios Espaciales” (Hernández, 2005:71). Ignacio Urquijo indaga en su trabajo Causas de la emigración subsahariana, los motivos por los que un emigrante subsahariano decide salir de su país, y lo hace desde diferentes perspectivas, la más recurrente por causas económicas pero también otras igual o más relevantes como el déficit de democracia, “la seguridad humana o la conflictividad en la región como desestabilizantes económicos” (Urquijo, 2013:62). Aunque hay un consenso en las investigaciones realizadas en los últimos años en atribuir la importancia de las variables económicas como “factores determinantes de gran peso en la explicación de la inmigración en Canarias” (Hernández, 2005:71).

3.2.-Asociacionismo

Las estructuras asociativas de los senegales en España es el objeto de estudio de Joaquín Giró y Anna Mata. En este estudio se señala la importancia de la forma asociativa como instrumento de sociabilidad e identificación. En un primer momento, centrado en el ámbito asistencial, en la regulación administrativa y búsqueda de trabajo y vivienda, para luego enfocar el interés en la sensibilización sobre determinados aspectos de la cultura y los de cooperación y codesarrollo con asociaciones comunitarias de Senegal. Estos autores afirman que el asociacionismo senegalés tiene un valor añadido que se vincula con la solidaridad, “que es el principio de existencia de las redes (…) que recrean las asociaciones senegalesas de acuerdo a vínculos y relaciones de parentesco, amistad y, sobre todo, de identidad comunitaria, constituyéndose en un elemento simbólico de su cultura” (Giró, 2013:91).
Por tanto, el asociacionismo se configura como un mecanismo de solidaridad y apoyo mutuo muy necesario, en una época de crisis económica como la actual. La actividad asociativa de esta comunidad en España es de gran intensidad (la más numerosa entre la migración subsahariana), y es a través de ella como podemos averiguar “muchos elementos políticos de las culturas senegalesas de origen, como muchos valores vinculados con la migración” (Massó, 2011:1163). Estas asociaciones operan como sólidas estructuras autóctonas y originales de integración sociopolítica, instrumentos clave del valor tradicional africano. Estas asociaciones sirven para producir dinámica comunitaria “entre la propia población senegalesa como para crear integración en la sociedad de llegada (Ibídem:1165), funcionan para todos los efectos como delegaciones consulares, en tanto referente de sus emigrantes en España, además de representar una señal inequívoca de la visibilidad pública de la identidad senegalesa en el país.

3.3.-Mercado laboral

Los inmigrantes en España atraviesan un largo y pedregoso proceso para encontrar trabajo, legalizar su permanencia y no faltar a las renovaciones de los permisos sucesivos. “El mercado de trabajo, la normativa y la acogida institucional pública son parecidos en todo el territorio español, pero su realización concreta está condicionada por el trato que se les da a escala local y por el tipo de relaciones sociales que se establecen” (Sánchez, 2011:56). La inserción se produce de la habitual forma dicotómica; unos la conciben como un hecho social y otros como un problema social.
En los últimos años la inmigración en Canarias ha estado muy relacionada con las transformaciones experimentadas durante esta etapa por el mercado de trabajo regional. Tal como afirma María del Carmen Díaz es su investigación Mercado laboral y nuevos perfiles de la inmigración extranjera en Canarias, el fenómeno de la inmigración se ha definido por su incremento numérico, su heterogeneidad demográfica y laboral, además de su extensión por todas las islas.
A la habitual y conocida inmigración residencial y de ocio europea (fundamentalmente alemana), propia de la condición de destino del archipiélago, hemos visto que se ha incorporado desde finales del siglo pasado “una inmigración económica extracomunitaria que tiene, no obstante, una desigual implantación a escala insular” (Díaz, 2005:181). Algunos autores, van más allá y señalan además la estrecha relación existente entre turismo e inmigración, pues no se nos puede escapar el nicho que ha existido en el sector de servicios turísticos, como en la construcción, muy vinculada a la residencia de muchos jubilados europeos. “Esta combinación se muestra en regiones como Murcia, las Islas Canarias, la Comunidad Valenciana y Andalucía, (…) vinculada a la segunda residencia, (…) un sector turístico muy relevante” (Cánoves, 2009:259).
Nos podemos encontrar en diversas investigaciones el enfoque neoclásico frente a la nueva economía de la migración. Así lo sostienen por ejemplo Anastasia Hernández y Carmelo León en su estudio Comportamiento del migrante internacional en Canarias: enfoque neoclásico versus nueva economía de la migración. Por un lado el enfoque de la economía neoclásica predice que el inmigrante es permanente, y siempre en el caso que maximice las ganancias salariales, y por otro lado, la nueva economía de la migración laboral, que sostiene que el migrante se desplaza con el objeto de conseguir unos objetivos económicos muy definidos. Estos objetivos que afectan a los ingresos familiares en su conjunto, una vez alcanzados, esta persona retornará a su país de origen, por todo ello se entiende que el migrante es circular y no permanente. Estos autores analizan el comportamiento de los migrantes en Canarias, en relación con las economías de origen y de destino.

Es aquí donde se sitúan las trayectorias vitales, las pautas de comportamiento laboral y residencial, las inquietudes, las perspectivas de futuro, los obstáculos, etc., se estructuran todos como determinantes cuando “se trata de analizar el nivel de integración de una comunidad en la sociedad de acogida y/o su voluntad de convertir la experiencia migratoria en un medio para retornar al país de origen” (Díaz, 2010:577). El análisis de una serie de datos de carácter demográfico expresa las particularidades de los saldos migratorios con una mayor imbricación a la evolución de la economía mundial. Tal como sostiene Josefina Domínguez en su estudio La inmigración extranjera en Canarias en el cambio de siglo, las consecuencias biodemográficas que determinan todos estos procesos impulsan “una mayor competencia por el empleo entre inmigrantes y población autóctona” (Domínguez, 2006:471).

sábado, 19 de julio de 2014

70.000 titulados ocupan trabajos que no precisan ninguna formación

Artículo de Pilar Álvarez publicado en El País el 7 de julio de 2014.

Uno de cada tres titulados universitarios españoles está empleado en un trabajo por debajo de su cualificación. Es decir, terminaron una carrera y consiguieron un empleo para el que no necesitaban esos estudios. España está a la cabeza de sobrecualificación de Europa, seguida de cerca por Irlanda y Chipre, y muy por detrás de la media comunitaria, con un 20%. Son algunos de los datos analizados en el informe anual de la fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), presentado este lunes. 
Un estudiante japonés de secundaria superior tiene un nivel de competencias similar al de un graduado universitario español. El ejemplo lo ha citado  el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, para indicar que la calidad de la formación universitaria española dista aún “mucho” de alcanzar la de otros países. Cada año se gradúan en las universidades españolas 220.000 estudiantes, pero no siempre se cumplen sus expectativas laborales.
Durante la presentación, el secretario general de la OCDE ha alertado de que la situación de la formación en España es “alarmante”. Los campus defienden que este desfase no se debe a un problema de exceso de formación sino de crisis y falta de empleo El porcentaje de parados entre españoles con estudios primarios incompletos y aquellos con educación superior dista más de 27 puntos, entre el 43,32 % de los primeros y el 15,77% de los titulados, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El ministerio prepara un mapa de empleabilidad para evaluar la relación entre universidades y mercado de trabajo.
El informe La contribución de las universidades españolas al desarrollo, de la fundación CyD, señala que la cuarta parte de estos titulados contratados por debajo de su cualificación en España se emplearon en tareas de contable y administrativo, en restauración o como vendedores. Solo un 1,5% de los graduados universitarios contratados en 2013 lo fueron para un puesto de director gerente. Y el 6% realiza ocupaciones elementales para la que no se necesita ningún tipo de estudio. En cifras absolutas, son unas 70.000 personas (37.000 hombres y 33.000 mujeres). Son casos como el de Félix Lete, de 32 años, que lo explica así de claro: “Claramente no necesitaba estudios para lo que hago, podría valer cualquiera”. Lete es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Navarra, pero trabaja recogiendo vasos en una discoteca de San Sebastián. “Empecé cuando estaba estudiando y, como no encontré nada, volví tras seguir varios años en proyectos de la universidad”. Asegura que gana 1.100 euros por tres días de trabajo. “Me encantaría ser ingeniero y lo intento, pero cada vez salen más titulados de las universidades mientras otros se quedan en paro con muchos años de experiencia. Hay más demanda que oferta”.
El informe cruza los datos más recientes de Eurostat y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y señala dos claves para explicar la situación española. Por un lado, España está entre los países que más titulados superiores produce y, desde el otro extremo, se sitúa entre las que menos empleo de alta cualificación demanda. Por comunidades autónomas, las regiones en las que la contratación va más acorde con la titulación son Navarra, Cataluña y Castilla-La Macha. A la cola se sitúan Castilla y León, La Rioja y Asturias. Solo cuatro comunidades autónomas han mejorado en el último año: Navarra, País Vasco, Canarias y Extremadura.
Modificar el desfase entre cualificación y empleo es “especialmente complicado”, considera Martín Parellada, coordinador general del informe de la fundación que preside Ana Patricia Botín. Según este experto, la universidad está actuando “proactivamente” para invertir esa tendencia revisando las bolsas de trabajo e intentando adaptar los contenidos de su oferta educativa al mercado de trabajo. El informe de la fundación recoge la experiencia de la Universitat Jaume I (Castellón), que ha implantado un modelo de prácticas obligatorias integradas que obliga a todos los estudiantes a graduarse con, al menos, una primera experiencia laboral.
La Universidad Politécnica de Madrid adaptó sus titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior (el Plan Bolonia) tras consultar a empresas, colegios profesionales y agentes sociales “sobre las necesidades de formación de los estudiantes para el mercado de trabajo”, explica su rector, Carlos Conde. La primera promoción de graduados de Bolonia acaba de salir, mientras que los datos de Eurostat analizan dos franjas de edad que van de los 20 a los 54 años y de los 25 a los 62. Por ese motivo, el rector de la Politécnica espera que el desfase entre la preparación universitaria y el empleo obtenido se corrija en los próximos años. Las encuestas que la Politécnica realiza a sus graduados señalan, según el rector, que un 74% asegura estar empleado en consonancia con su titulación, aunque “se sienten mal pagados”. Conde pone el acento en otro aspecto: “No se trata de cualificación, sino de infraempleo”.
Lo mismo considera el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Manuel López. “No se puede considerar que porque exista una escasa oferta de empleo, se esté produciendo un exceso de cualificación”, señala. “Las recomendaciones de la UE van hacia una mayor cualificación, lo que tenemos que arreglar es el mercado laboral”.

Representantes de la Unión Europea, de la OCDE y del Ministerio de Educación se reunieron ayer para establecer un “plan de acción” para favorecer las posibilidades de empleo de los jóvenes españoles, según anunció en la presentación del informe el ministro de Educación, José Ignacio Wert. El secretario de Estado de Universidades, Federico Morán, anunció que para antes de final de año tendrán listo un mapa de empleabilidad en el que va a cruzar datos de la Seguridad Social con el de titulados universitarios.

Artículo de Pilar Álvarez publicado en El País el 7 de julio de 2014.

viernes, 18 de julio de 2014

Práctica PEC Sociología del Género 2013/14 Parte 4


Desde la promulgación de la Ley Integral de 2004 Amnistía Internacional ha elaborado varios informes alertando de las deficiencias observadas en la implementación de dicha Ley. El último informe de noviembre de 2012 titulado ¿Qué justicia especializada? se toma como base para la realización de la presente práctica.

4.- Varias preguntas sobre el informe Amnistía Internacional
-¿Cuál es el cambio de foco que propone AI relativo al énfasis del Estado en la denuncia por parte de las mujeres? A que las víctimas de violencia de género cuenten con recursos efectivos para la obtención de justicia y protección, al amparo de las garantías procesuales que aseguren un trato no discriminatorio. Las autoridades deben verificar la efectivad de la protección legal, identificando los obstáculos en el acceso de justicia y protección. El Estado debe ser diligente en la persecución del delito, en las ivestigación de los hechos y en la protección de las denunciantes en riesgo.
-¿Qué dificultades específicas para las migrantes se mencionan en el informe de AI? Su situación irregular acentúan las barreras en el acceso a la justicia. AI recuerda la importancia de asegurar intérpretes de calidad. Su carencia o falta de calidad puede suponer una traba crítica que impida a mujeres extranjeras acceder y obtener justicia y protección. Además de documentar una serie de negligencias con un grave impacto para la víctima y sus familiares, como la vivida por Caren.
-¿Desde que fechas comenzó AI a alertar de problemas en relación al acceso a la protección y justicia y qué ejemplos? Desde la creación de los JVM, se alertaba sobre la persistencia de trabas anteriores a la aprobación de la Ley Integral (2005) como barreras en la asistencia letrada o en la denegación de órdenes de protección de mujeres en riesgo (2008).
-¿Cuál en la metodología empleada por AI en su informe? Documentación de casos, entrevistas a profesionales y a representantes de organizaciones de mujeres que se encuntran en primera línea de contacto con las víctimas de violencia de género.
-¿Aspecto concreto que se menciona los efectos recortes? Lejos de caminar hacia la consolidación del acceso efectivo a la asistencia letrada, se está produciendo una disminución en el acceso a abogados y abogadas, por los recortes presupuestarios en justicia.
-¿Qué se menciona respecto a los recortes económicos y la deficiente atención a las mujeres? Preocupa que la calidad de la asistencia letrada no esté garantizada para todas las mujeres y que pueda depender del interés y sensibilidad de cada profesional.
-¿Qué se señala sobre los “turnos de oficio de guardia”? Buscar y mencionar las citas donde peor estaban dotados éstos. Desde su puesta en marcha la dotación fue muy desigual y varió según territorio. AI lamenta que no se recojan datos estadísticos que permitan valorar la implementación de estos servicios de asistencia en el conjunto del Estado. Según informe de AI de 2006, en el Turno de Oficio de Sevilla carecen de este turno de guardia; en Ciudad Real era habitual ofrecer la asistencia letrada por teléfono; en el Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Valencia los/as letrados/as defienden indistintamente a víctimas y a imputados.
-¿Qué consecuenicas tiene para las víctimas tener que ceñirse al último episodio de agresión? Conduce a infravalorar estas conductas y a sacarlas del contexto de control, miedo y poder en la que se producen las agresiones y amenazas.
-¿Cuáles son las consecuencias de las contradenuncias para las mujeres? Muchas mujeres pueden estar siendo condenadas a penas muy similares a las de sus agresores, lo que resulta una fuente extrema de revictimización. Esta doble condición de víctima-denunciada es utilizada por los agresores para lograr una negociación que persigue la no comparencia de la mujer en el juicio y la consecuente absolución para ambos.
-¿De qué manera perjudican a las víctimas los prejuicios en el ámbito judicial? Ponen en duda su credibilidad de sus testimonios, un problema para demostrar la veracidad de su relato. El juzgado incumple su obligación cuando archiva la denuncia o absuelve sin apurar la investigación, basándose en la falta de credibilidad del testimonio de la víctima.
-Citar una instancia en las que las mujeres son re-victimizadas por la deficiente atención recibida. Los juzgados: jueces y juezas
-¿Qué modificaciones legales propone AI? Modificar los requisitos y acceso a las plazas de los juzgados de violencia sobre las mujeres y de lo penal, como las secciones de las audiencias provinciales. Equiparar la especialización de los JVM a la de otro tipo de juzgados con mayores garantías de especialización.
-¿Qué de deficiencias en la formación se denuncia? La falta de formación de abogadas y abogados. La Ley Integral no ha asegurado la formación necesaria de las juezas y jueces de los JVM, a la hora de diferenciar la diferente tipología de violencia. Así como la del funcionariado y el conjunto de profesionales que intervienen en los juzgados y fiscalías territoriales asignadas a los JVM.
-¿Por qué piensa que no se ha realizado una evaluación sobre los funcionamientos de los JVM según AI? Lamentablemente lo recurrente es citar la falta de recursos económicos para justificar esta ausencia evaluatoria, aunque creo que esto responde además, a un problema estructural, mucho más agudo y complejo. Los esfuerzos además de la dotación personal y material, deben ir dirigidos a la adecuada atención y conocimiento interdepartamental, como las diferentes instancias relacionadas (además de las necesarias reformas legales).

Bibliografía:
Amnistía Internacional (2012) ¿Qué Justicia especializada? A siete años de la Ley Integral contra la Violencia de Género: Obstáculos al acceso y obtención de justicia y protección. Madrid.
Instituto de la Mujer (2014) Dirección General para la Igualdad de oportunidades. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Observatorio contra la violencia doméstica y de género (2014) Consejo General del Poder Judicial.
Osborne, Raquel (2009) “Malos tratos: un problema estructural” en Osborne, R: Apuntes sobre violencia de género. Belaterra Edicions. Pp. 114-128. Barcelona.

jueves, 17 de julio de 2014

Práctica PEC Sociología del Género 2013/14 Parte 3

Desde la promulgación de la Ley Integral de 2004 Amnistía Internacional ha elaborado varios informes alertando de las deficiencias observadas en la implementación de dicha Ley. El último informe de noviembre de 2012 titulado ¿Qué justicia especializada? se toma como base para la realización de la presente práctica.

2) Acceda a la página Web del Instituto de la Mujer y consulte la ficha estadística de víctimas mortales por Violencia de Género de los años 2010, 2011, 2012 y 2013. A la luz de los textos estudiados para esta práctica, haga un análisis/comentario, cuando pueda comparativo, de los datos incluidos en los apartados "DENUNCIA" y "MEDIDAS DE PROTECCIÓN". No incluya el análisis de otros datos.






Según los datos recabados se comprueba que el número de denuncias y de medidas de protección penales y civiles van disminuyendo en el periodo observado (algo más de 9.000 denuncias). En el caso del número de víctimas por violencia de género, la tendencia a la baja es similar en la etapa 2010-2012, pero se invierte para aumentar en el ejercicio del 2013. En cuanto a la magnitud de esas diferencias, es mayor en el número de medidas de protección penales, y en todas las anualidades. Los porcentajes de denuncias, aún siendo menores en estos años, la significación (<3 11="" 18.000="" 1="" 2012="" 2013="" 2="" 54="" 5="" a="" acceso="" al="" an="" anteriormente.="" apuntan="" ase="" cada="" caso="" causas="" cerr="" citadas="" como="" compar="" comprobar="" con="" considerablemente="" ctimas="" cualquier="" culos="" datos="" de="" del="" denuncia="" denuncias="" descendieron="" descenso="" diez="" diferencia="" diversos="" dos="" el="" en="" es="" existentes="" fallecidas="" final="" fundamentalmente="" g="" hab="" hemos="" igualmente="" justicia="" la="" las="" lo="" los="" m="" medidas="" menos="" mermando="" mero="" mortales="" mujeres="" n="" ndola="" nero="" o:p="" o="" observado.="" obst="" penales="" peque="" periodo="" pero="" podido="" por="" presentado="" protecci="" puede="" que="" rdenes="" relevante="" repunte="" respecto="" responder="" s="" sea="" significativo="" tabla="" tambi="" tras="" un="" v="" van="" varias="" violencia="" y="">

3.- Al hilo de lo leído, comente sobre estas cifras

Tal como se  puede observar en la tabla 2, todas las magnitudes no han dejado de aumentar en el periodo analizado. Los sobreseimientos judiciales crecen de modo muy significativo con un 64% en el periodo 2006-2011, y no así el número de denuncias con un 6% para el quinquenio 2007-2011. En esa relación, los sobreseimientos con las renuncias de las víctimas a continuar con el procedimiento, los datos confirman que sigue la misma tendencia alcista, con una diferencia porcentual de casi medio punto (2010-2013). Las renuncias para el  ejercicio 2013 supuso un 12,25% en relación con el número de denuncias (el ratio de renuncias/denuncias aumentó un 1,2%). El aumento de sobreseimientos y renuncias son inversamente proporcional a las denuncias y medidas de protección a estas mujeres, cifras que ponen de manifiesto la escasa garantía de los derechos de las víctimas frente a la justicia y la trascendencia en que esto se traduzca en un incremento de las fallecidas por violencia de género.