El colectivo
de inmigrantes es el más vulnerable en esta realidad y desde la perspectiva de
género nos encontramos con más barreras que impiden y dificultan el acceso de
las mujeres a las oportunidades en el mercado de trabajo puesto que “(…) el
empleo es el ámbito fundamental para conseguir una integración satisfactoria”
(Martínez, 2006:251). Se sigue careciendo de instrumentos que faciliten el
acceso a igualdad de oportunidades a hombres y mujeres a un puesto de trabajo,
y a la eliminación de la discriminación como un mecanismo efectivo de
contratación ilegal. Dada la manifiesta ineficacia de los gobiernos relacionada
con las migraciones pone de relieve, según Rosa Rodríguez (2006), al menos dos
cuestiones significativas:
1. Una
relevante “crisis de gestión resolutiva ante las transformaciones de efecto
multiplicador derivadas de las mismas” (Rodríguez, 2006:93).
2. “La
ausencia de una verdadera toma de conciencia de la responsabilidad que tiene de
sumir las consecuencias de unos cambios sociales que también han contribuido a
generar” (Ibídem:93).
En ese sentido podríamos hablar de minorías emigradas
como el “colectivo que presenta una clara situación de desventaja, de
inferioridad, de marginación, respecto del grupo social del país de destino.
Inferioridad que no sólo es numérica, sino que lo es social, cultural, legal y
económica” (Marcos, 2012:10). Existe una precariedad en sus condiciones
económicas y también en el ámbito de reconocimiento del derecho a la igualdad y
los derechos sociales, económicos y culturales. Estas minorías presentan en
común dos rasgos, la procedencia por razones adversas (políticas, económicas,
etc.), y la lucha por el reconocimiento de los derechos a la igualdad y a la
diferenciación cultural.
Los inmigrantes en la mayoría de las ocasiones son
invisibilizados por el contexto societal y por sus inherentes carencias
naturales (como el lenguaje), como que han de soportar altos niveles de
discriminación y xenofobia. Están claramente en una situación de exclusión
social estructural, tanto que ni siquiera se relacionan con los movimientos que
luchan por sus derechos. Como decíamos anteriormente, la crisis económica y
financiera puede servir de excusa vehicular para solapar este debate en
nuestras comunidades, con el objetivo de seguir dando voz a estos colectivos y
crear las bases en todas las dimensiones de nuestras sociedades, y para
impulsar las políticas necesarias en la búsqueda de su plena integración.
Albert Mora afirma que en nuestras sociedades
conviven dos tipos de discursos dicotómicos; por un lado se “le exige a los
inmigrantes que se integren adaptándose a las pautas culturales, costumbres y
hábitos que consideramos propias de las sociedades avanzadas y desarrolladas”
(Mora, 2012:1), y por otro, “(…) la construcción social que hacemos del -otro
inmigrante- se inserta en estrategias de inferiorización orientadas a marcar la
distinción de ese otro con respectos a nosotros mismos” (Ibídem: 1). La participación social y política de los inmigrantes
no aparece en el imaginario colectivo como un requisito esencial para la
integración y, no obstante, constituye una de las dimensiones fundamentales
para lograr la integración ciudadana de este colectivo. El autor subraya la
necesidad de garantizar la participación social de los extranjeros en igualdad
de condiciones con respecto a los autóctonos, se establece como una condición
ineludible para la construcción de una sociedad plural que integre de forma
positiva el hecho migratorio.
Tal como subraya Tezanos, cuando confluyen tantos elementos
de vulnerabilidad, marginación y rechazo forman un cuadro, que en aspectos
generales, “tiende a perfilar en la sociedad española espacios muy
diferenciados de pertenencia cívica y de integración” (Tezanos, 2006:35). En
cuanto a la relación con la perspectiva personal, da lugar a trayectorias de
mayor riesgo de exclusión social.
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