Las familias con menores
transexuales serán los responsables del trato dispensado hacia éstos en los
colegios andaluces. Los padres y madres decidirán cómo los profesores y
compañeros han de dirigirse y actuar hacia un menor transexual, considerando
siempre el género con el que se siente identificado el alumno o la alumna. Es
la conclusión más importante que se desprende del protocolo de actuación sobre
identidad de género en el sistema educativo andaluz, que este viernes presenta
la Junta de Andalucía, después de que se apruebe la ley en el Parlamento.
El protocolo, que tiene
como finalidad ofrecer pautas que permitan abordar de la forma más adecuada la
atención educativa a los menores transexuales, garantizando el libre desarrollo
de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de género,
es fruto del que la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) puso en la
mesa del consejero de Educación el pasado octubre ante la demanda de varias
familias de menores con problemas en colegios públicos y concertados de
Andalucía, que tuvo en el colegio San
Patricio de Málaga el caso más conocido.
El texto, al que ha tenido
acceso eldiario.es/andalucia y
que incluye también las aportaciones de la Asociación de Madres y Padres de
Menores Transexuales 'Chrysalis', incluye una serie de medidas educativas
básicas en el centro que se contemplarán en el plan de convivencia y en el plan
de igualdad del colegio, e implica especialmente al equipo docente a la hora
de, por ejemplo, "indicar al profesorado y personal no docente del centro
que se dirija al alumno o alumna por el nombre con el que acuerden la familia y
el o la menor" o "adecuar la documentación administrativa del centro
en aquellas situaciones en las que sea necesario (listas de clase, boletín
informativo de notas, carnet de estudiante...)".
También, en los casos en
los que el centro no disponga de aseos o vestuarios unisex, "se
garantizará que tenga acceso a los aseos y vestuarios que le corresponda de
acuerdo con su identidad de género". Asimismo, si en el centro es
obligatorio vestir un uniforme y éste es diferenciado, se deberá reconocer el
derecho de vestir con uniforme femenino o masculino en función de la identidad
de género. Independientemente de la exigencia o no de uniforme se garantizará,
en cualquier caso, la igualdad en el uso de cualquier vestimenta.
Se trata de un texto que
ha sido consensuado entre Consejería de Educación y colectivos transexuales.
Los problemas en algunos centros escolares han provocado que su elaboración
haya discurrido paralela a los últimos trámites de la ley de transexualidad,
que se aprueba este miércoles y que exige este tipo de protocolos en ámbitos
específicos. En este caso, se pretende acabar con la discriminación por
identidad de género en los centros educativos, en coherencia con el espíritu de
la ley regional.
El vacío normativo
existente hasta la fecha hacía que los directores de los centros pudieran
negarse a tratar de una u otra manera a los menores transexuales, algo que ya
no será posible a la luz de un protocolo que marca el interés superior del
menor en todos los aspectos relativos a su interrelación con profesores y
compañeros, en relación con el género que los menores sienten como propio, y en
la coordinación de posibles actuaciones conjuntas en su beneficio.
El objetivo de esta
herramienta, de obligado cumplimiento, es prevenir y evitar situaciones de
transfobia, discriminación, exclusión, acoso escolar o de
violencia de género, desde una coordinación institucional que permita
identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, medidas que faciliten una
adecuada respuesta educativa y de asesoramiento a los menores, su familia y al
profesorado. El protocolo y las medidas o consideraciones recogidas en él
deberán ser atendidas en todos los centros sostenidos con fondos públicos del
sistema educativo andaluz.
"La transexualidad
cuando se manifiesta en edades tempranas puede presentar una especial
vulnerabilidad que se traduce en problemas de integración y de rechazo social,
que en el ámbito educativo pueden desembocar en un índice de abandono escolar
no deseado y fracaso escolar, con la consiguiente repercusión en el futuro
personal y profesional", argumenta el protocolo.
Detección e intervención
inicial con el alumnado
El texto hace hincapié en
situaciones en las que, por ejemplo, la familia comunica al centro una
identidad de género de un menor escolarizado o en proceso de escolarización. La
dirección del centro educativo trasladará esta información al equipo de
orientación para analizar el caso y poder identificar las necesidades
educativas, contando con el consentimiento expreso del padre, madre o
representantes legales.
Además, cuando cualquier
miembro del equipo docente observe en un alumno o alumna la presencia de
conductas transexuales que manifiesten una identidad de género no coincidente
con el sexo asignado al nacer, lo comunicará a la familia a través de una
entrevista donde se recomendará iniciar un proceso de análisis para favorecer
su adecuada integración en el centro.
También se asesorará a la
familia sobre los recursos del Servicio de Salud de atención primaria que le
correspondan. La valoración del menor será remitida al centro educativo, a
través de la familia y previo consentimiento de ésta, con recomendaciones a
seguir para la adecuada respuesta educativa en relación con el género que el
menor sienta como propio.
Como medidas
complementarias, el protocolo también contempla la conveniencia de ofrecer
formación especializada a los equipos docentes y equipos directivos. En
cualquier caso, se incluirá en la oferta formativa la diversidad sexual y de
género, haciendo especial hincapié en el conocimiento de la realidad
transexual, y el protocolo contempla que se impartan talleres de
sensibilización e información al alumnado acompañados de asesoramiento por
profesionales en la materia.
Artículo de Javier Ramajo publicado el 23 de junio de 2014 en eldiario.es
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