Cuando alguien se compra
una vivienda, o un coche, o cualquier otro bien, si el vendedor incumple lo que
se estipula en el contrato, o nos vende algo defectuoso o diferente a lo
acordado, lo primero que hacemos es presentar una denuncia o una reclamación. Y
si el engaño es muy flagrante, el vendedor-defraudador puede acabar con sus
huesos en la cárcel, mientras nuestros derechos lesionados quedan
restablecidos. Todo lo cual es propio de un verdadero Estado de Derecho y, si
se me permite decirlo así, de personas mínimamente serias.
Pero, ¿qué ocurre si el
incumplimiento flagrante es cometido por un gobernante recién elegido? ¿Qué
recursos y posibilidades tenemos los ciudadanos para obligar a cumplir sus
promesas formales a un candidato electo? ¿O en su caso qué podemos hacer para
que sean restablecidos nuestros derechos? La verdad es que en países como España
las posibilidades son prácticamente nulas. Algunos dirán que lo único que se
puede hacer en este supuesto es esperar cuatro años y en la próxima elección no
votar de nuevo a los candidatos incumplidores y defraudadores, y en cualquier
caso pensar mejor a quién se vota.
Si esta peculiar lógica encapsulada en
plazos de cuatro años se aplicara al resto de la vida social y económica,
nuestras sociedades se convertirían en un auténtico caos y los personajes menos
serios y cumplidores acabarían haciendo de su capa un sayo y cometiendo
impunemente todo tipo de tropelías. Por lo tanto, nadie defiende tal
posibilidad o proceder cuatri-anual en la vida social. ¿Por qué, pues, se
acepta como si tal cosa que en la vida política se pueda operar -sin mayores
costes inmediatos- de una manera tan insegura y tan poco respetuosa con los
criterios de fidelidad y reciprocidad?
Los más cínicos, incluso hacen bromas
sobre todo esto y se atreven a afirmar sin pudor que “ya se sabe que las
promesas electorales están para no ser cumplidas”. El resultado de esta situación
es un incremento de las sensaciones de frustración política y un aumento
espectacular del clima de desconfianza e incluso de desafección electoral.
Por
ello, es importante ser conscientes de que nuestra vida política democrática
presenta una seria carencia en estos momentos, que exige nuevos desarrollos de
la operatividad democrática que permitan garantizar los derechos de los
ciudadanos a controlar mejor a sus gobernantes y exigir una adecuada rendición
de cuentas.
En España estamos asistiendo a una situación bastante extrema, en
la que el incumplimiento de las promesas electorales por parte del actual
Presidente del Gobierno ha llegado a límites absolutos. Y prácticamente todo
ello realizado en un período de tiempo muy breve y con total desenvoltura y con
ovaciones de sus diputados. “Sin complejos”, como dirían algunos.
Para más
INRI el incumplimiento se está traduciendo en la aplicación práctica de una política
y unas iniciativas que están siendo no sólo muy lesivas en términos sociales y
humanos, sino también totalmente contraproducentes y negativas para lograr una
efectiva recuperación de la economía y el empleo. Con sus correspondientes
efectos demoledores en la pérdida de confianza y en el deterioro del clima de
convivencia pacífica, con todo un encadenamiento peligroso de negatividades y
conflictos.
En suma, peor no podríamos estar y peor no se podían hacer las
cosas. Lo cual nos augura unos años muy negros y tensos por delante.
¿Qué se
puede y se debe hacer ante una situación de este tipo? ¿Esperar resignados y
aterrorizados tres años y medio más a que se convoquen nuevas elecciones
generales en España? ¿Alguien se imagina qué puede ocurrir en tres años y medio
más si se continúa por esta senda? ¿Cuáles serían los efectos de tan larga
espera para la Sociedad y para la Economía española y sus perspectivas de
futuro? ¿Aguantará incólume la sociedad española?
La verdad es que las
respuestas a estas preguntas pueden resultar un tanto inquietantes. Sobre todo
si un número creciente de personas indignadas y afectadas negativamente por tal
proceder, empiezan a traducir su indignación y rechazo en movilizaciones y actos
de resistencia y contestación política y social.
En ausencia de otros
mecanismos democráticos institucionalizados a través de los que poder
manifestar el desacuerdo y las exigencias de rectificación, es posible que una
parte de la discrepancia política y social tienda a manifestarse de manera
creciente en la calle y en otros espacios públicos y no en el Parlamento o en
las instancias políticas establecidas. Lo cual sería un signo de
disfuncionalidad y una expresión palpable de serias carencias en nuestra actual
estructuración democrática.
Por eso, de la misma manera que en la vida social
y económica existen mecanismos de rectificación y de restablecimiento de los
derechos conculcados por los que defraudan, engañan o incumplen gravemente sus
contratos y compromisos, en la vida política habría que incorporar
procedimientos que permitieran revocar a quien incumple sus programas o incurre
en actos de notorio desatino o peligrosidad social y económica. Lo cual, como
es bien sabido, es más frecuente y peligroso en momentos de grave crisis o
incertidumbre, como los actuales. ¿Por qué nuestras democracias no han
incorporado aun procedimientos y mecanismos democráticos de esta naturaleza,
que puedan evitar que algunos entiendan que los únicos espacios que quedan para
dirimir conflictos y para expresar las discrepancias más graves son la calle
(manifestaciones) o los lugares de trabajo (huelgas) y la confrontación
abierta?
Si tuviéramos mecanismos políticos de esta naturaleza todo sería más
fácil y menos costoso, en términos económicos y humanos -¡nada hay más costoso
que un conflicto abierto!- y los propios defraudadores e incumplidores se lo
pensarían dos veces antes de hacer promesas imposibles (primer engaño) y antes
de incumplirlas con descaro y arrogancia (segundo engaño acumulado).
El dilema
ante el que nos encontramos no es sólo de índole moral, sino que tiene un gran
alcance práctico. Ante situaciones como las actuales, ¿por qué los ciudadanos
no podemos defender de manera pacífica y legítima que nuestras sociedades no
acaben despeñándose por un precipicio y tanta gente tenga que sufrir en sus
carnes los costes de tanto disparate y arrogancia antisocial e inhumana,
mientras unos pocos privilegiados y poderosos se aprovechan de la ocasión para
engordar aun más sus fortunas?
Una de las cosas que podrían hacerse, con
sentido positivo y pacífico, es pedir un referéndum a través del que los
ciudadanos puedan manifestar fehacientemente si están o no están de acuerdo con
lo que se está haciendo en estos momentos, o incluso a través del que pueda
pedirse la revocación de un Presidente que nos está llevando al desastre. ¿Acaso
esta forma de proceder no resulta perfectamente coherente con la buena lógica
democrática? ¿Acaso no podemos decidir los ciudadanos de manera directa las
cosas que más nos atañen en nuestras vidas y en nuestras posibilidades de
futuro? ¿Dónde sitúan algunos los límites funcionales a la democracia?
José Félix Tezanos
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