domingo, 16 de septiembre de 2012

¿UN REFERENDUM REVOCATORIO?

Artículo de José Félix Tezanos publicado en Sistema Digital el 19 de julio de 2012


Cuando alguien se compra una vivienda, o un coche, o cualquier otro bien, si el vendedor incumple lo que se estipula en el contrato, o nos vende algo defectuoso o diferente a lo acordado, lo primero que hacemos es presentar una denuncia o una reclamación. Y si el engaño es muy flagrante, el vendedor-defraudador puede acabar con sus huesos en la cárcel, mientras nuestros derechos lesionados quedan restablecidos. Todo lo cual es propio de un verdadero Estado de Derecho y, si se me permite decirlo así, de personas mínimamente serias.
Pero, ¿qué ocurre si el incumplimiento flagrante es cometido por un gobernante recién elegido? ¿Qué recursos y posibilidades tenemos los ciudadanos para obligar a cumplir sus promesas formales a un candidato electo? ¿O en su caso qué podemos hacer para que sean restablecidos nuestros derechos? La verdad es que en países como España las posibilidades son prácticamente nulas. Algunos dirán que lo único que se puede hacer en este supuesto es esperar cuatro años y en la próxima elección no votar de nuevo a los candidatos incumplidores y defraudadores, y en cualquier caso pensar mejor a quién se vota.

Si esta peculiar lógica encapsulada en plazos de cuatro años se aplicara al resto de la vida social y económica, nuestras sociedades se convertirían en un auténtico caos y los personajes menos serios y cumplidores acabarían haciendo de su capa un sayo y cometiendo impunemente todo tipo de tropelías. Por lo tanto, nadie defiende tal posibilidad o proceder cuatri-anual en la vida social. ¿Por qué, pues, se acepta como si tal cosa que en la vida política se pueda operar -sin mayores costes inmediatos- de una manera tan insegura y tan poco respetuosa con los criterios de fidelidad y reciprocidad?

Los más cínicos, incluso hacen bromas sobre todo esto y se atreven a afirmar sin pudor que “ya se sabe que las promesas electorales están para no ser cumplidas”. El resultado de esta situación es un incremento de las sensaciones de frustración política y un aumento espectacular del clima de desconfianza e incluso de desafección electoral.

Por ello, es importante ser conscientes de que nuestra vida política democrática presenta una seria carencia en estos momentos, que exige nuevos desarrollos de la operatividad democrática que permitan garantizar los derechos de los ciudadanos a controlar mejor a sus gobernantes y exigir una adecuada rendición de cuentas.

En España estamos asistiendo a una situación bastante extrema, en la que el incumplimiento de las promesas electorales por parte del actual Presidente del Gobierno ha llegado a límites absolutos. Y prácticamente todo ello realizado en un período de tiempo muy breve y con total desenvoltura y con ovaciones de sus diputados. “Sin complejos”, como dirían algunos.

Para más INRI el incumplimiento se está traduciendo en la aplicación práctica de una política y unas iniciativas que están siendo no sólo muy lesivas en términos sociales y humanos, sino también totalmente contraproducentes y negativas para lograr una efectiva recuperación de la economía y el empleo. Con sus correspondientes efectos demoledores en la pérdida de confianza y en el deterioro del clima de convivencia pacífica, con todo un encadenamiento peligroso de negatividades y conflictos.

En suma, peor no podríamos estar y peor no se podían hacer las cosas. Lo cual nos augura unos años muy negros y tensos por delante.

¿Qué se puede y se debe hacer ante una situación de este tipo? ¿Esperar resignados y aterrorizados tres años y medio más a que se convoquen nuevas elecciones generales en España? ¿Alguien se imagina qué puede ocurrir en tres años y medio más si se continúa por esta senda? ¿Cuáles serían los efectos de tan larga espera para la Sociedad y para la Economía española y sus perspectivas de futuro? ¿Aguantará incólume la sociedad española? 

La verdad es que las respuestas a estas preguntas pueden resultar un tanto inquietantes. Sobre todo si un número creciente de personas indignadas y afectadas negativamente por tal proceder, empiezan a traducir su indignación y rechazo en movilizaciones y actos de resistencia y contestación política y social.

En ausencia de otros mecanismos democráticos institucionalizados a través de los que poder manifestar el desacuerdo y las exigencias de rectificación, es posible que una parte de la discrepancia política y social tienda a manifestarse de manera creciente en la calle y en otros espacios públicos y no en el Parlamento o en las instancias políticas establecidas. Lo cual sería un signo de disfuncionalidad y una expresión palpable de serias carencias en nuestra actual estructuración democrática. 

Por eso, de la misma manera que en la vida social y económica existen mecanismos de rectificación y de restablecimiento de los derechos conculcados por los que defraudan, engañan o incumplen gravemente sus contratos y compromisos, en la vida política habría que incorporar procedimientos que permitieran revocar a quien incumple sus programas o incurre en actos de notorio desatino o peligrosidad social y económica. Lo cual, como es bien sabido, es más frecuente y peligroso en momentos de grave crisis o incertidumbre, como los actuales. ¿Por qué nuestras democracias no han incorporado aun procedimientos y mecanismos democráticos de esta naturaleza, que puedan evitar que algunos entiendan que los únicos espacios que quedan para dirimir conflictos y para expresar las discrepancias más graves son la calle (manifestaciones) o los lugares de trabajo (huelgas) y la confrontación abierta?

Si tuviéramos mecanismos políticos de esta naturaleza todo sería más fácil y menos costoso, en términos económicos y humanos -¡nada hay más costoso que un conflicto abierto!- y los propios defraudadores e incumplidores se lo pensarían dos veces antes de hacer promesas imposibles (primer engaño) y antes de incumplirlas con descaro y arrogancia (segundo engaño acumulado).

El dilema ante el que nos encontramos no es sólo de índole moral, sino que tiene un gran alcance práctico. Ante situaciones como las actuales, ¿por qué los ciudadanos no podemos defender de manera pacífica y legítima que nuestras sociedades no acaben despeñándose por un precipicio y tanta gente tenga que sufrir en sus carnes los costes de tanto disparate y arrogancia antisocial e inhumana, mientras unos pocos privilegiados y poderosos se aprovechan de la ocasión para engordar aun más sus fortunas?

Una de las cosas que podrían hacerse, con sentido positivo y pacífico, es pedir un referéndum a través del que los ciudadanos puedan manifestar fehacientemente si están o no están de acuerdo con lo que se está haciendo en estos momentos, o incluso a través del que pueda pedirse la revocación de un Presidente que nos está llevando al desastre. ¿Acaso esta forma de proceder no resulta perfectamente coherente con la buena lógica democrática? ¿Acaso no podemos decidir los ciudadanos de manera directa las cosas que más nos atañen en nuestras vidas y en nuestras posibilidades de futuro? ¿Dónde sitúan algunos los límites funcionales a la democracia?
José Félix Tezanos

Artículo de José Félix Tezanos publicado en Sistema Digital el 19 de julio de 2012