En
la asignatura Sociología Política del
primer cuatrimestre del Grado en Sociología de la UNED curso 2013/14, elaboré los
resúmenes de los capítulos de la bibliografía obligatoria de la asignatura. Derechos
reservados, sus autores.
TEMA 1: Las múltiples relaciones
entre sociedad y política. El campo de estudio de la sociología política. "Sociedad y política: una relación
multidimensional" Autores: Maria Luz Morán y Jorge Benedicto. Capítulo
1 del libro de J. Benedicto y M.L. Morán, Sociología Política, Temas de
Sociología política, Madrid, 1995 // TEMA 2: El proceso histórico de modernización. Estado y
mercado, las dos instituciones claves “Modernización y cambio sociopolítico" - Autor: Enrique Gil Calvo. Capítulo
11 del libro de J. Benedicto y M.L. Morán, Sociología Política, Temas de
Sociología política, Madrid, 1995 (1º reimp. 2009) // TEMA 3: El surgimiento y desarrollo
de la democracia en la sociedad capitalista "Democracia y sociedad industrial" - Autor: Ludolfo Paramio. Capítulo 5
del libro de J. Benedicto y M.L. Morán, Sociología Política, Temas de
Sociología política, Madrid, 1995 (1º reimp. 2009). // TEMA 4: Las bases sociales de la
política democrática "El
concepto de cleavage en las ciencias sociales" Autora: Susana Aguilar. Capítulo 1
del libro de S. Aguilar y E. Chuliá, Identidad y opcion. dos formas de entender
la política, Madrid, 2007. "Elecciones
para elegir" Autora: Elisa Chuliá. Capítulo 6 del libro de S. Aguilar y E. Chuliá, Identidad
y opcion. dos formas de entender la política, Madrid, 2007.// TEMA 5: La construcción de los
universos políticos de los ciudadanos. Socialización y cultura política "La construcción de los universos
políticos de los ciudadanos" Autor: Jorge Benedicto. Capítulo 8 del libro de J.
Benedicto y M.L. Morán, Sociología Política, Temas de Sociología política,
Madrid, 1995 (1º reimp. 2009).
// TEMA 6: Participación
y acción colectiva "Perspectivas
teóricas y aproximaciones metodológicas al estudio de la participación" Auotres: Maria Jesus Funes y Jordi
Monferrer. Capítulo 1 del libro de R. Adell y M.J. Funes, Movimientos
Sociales: Cambio social y participación. Madrid, UNED, 2003. "Participación política, grupos y
movimientos". Autor: Gianfranco Pasquino. Capítulo 5 del libro de
G. Pasquino y otros, Manual de Ciencia Política. Madrid, Alianza
Editorial, 1991.
De los derechos liberales a los
derechos sociales
Lo
que hoy llamamos normalmente democracia es una variante específica de las
concepciones ideales de autogobierno del pueblo: la democracia liberal. Entendemos que los gobernantes
democráticamente elegidos están sometidos a una limitación drástica: no pueden
violar una serie de derechos individuales; derechos humanos; la mayoría deben
reconocer igualmente una serie de derechos inviolables a las minorías.
La
combinación de liberalismo y democracia es la forma de gobierno que, en la
teoría y en la práctica, conoce un auge histórico paralelo al de capitalismo
industrial. Es fácil atribuir al liberalismo una afinidad electiva con el
naciente capitalismo, ya que históricamente sus reivindicaciones son la
integridad económica y personal del súbdito frente al soberano: el
terrateniente, el comerciante o el banquero no puedan ser arbitrariamente
desposeídos de sus propiedades, ejecutados o torturados, por un monarca
malamente necesitado de recursos.
El
ascenso del liberalismo, en su forma de iusnaturalismo,
de afirmación de unos derechos naturales del individuo que el soberano no puede
violar, es paralelo antes a la formación del Estado absolutista que al ascenso
del capitalismo, aunque ambos procesos coincidan temporalmente en la formación
de la modernidad social. Las historias nacionales difieren a partir de este
enfrentamiento: el fracaso del absolutismo inglés abre paso al primer
capitalismo agrario; el triunfo del absolutismo en Francia bloquea el
desarrollo capitalista hasta provocar el colapso revolucionario de la
monarquía; en Prusia y en el Japón de la restauración Meiji, la combinación de
desarrollo capitalista y autoritarismo crea la dinámica de expansionismo
militar que conduce a la IIGM.
La
libertad de creencias, y no sólo la propiedad, tiene un papel fundamental en la
afirmación de los derechos naturales del individuo. Es la combinación de ambas
reclamaciones, la libertad de pensamiento y el derecho a la propiedad, lo que
proporciona su fuerza histórica al liberalismo naciente, y lo que podemos
considerar medular a la Ilustración en el SXVIII: una misma racionalidad
justifica la libertad económica y de pensamiento frente al Estado.
Según
Marshall el proceso de reconocimiento de los derechos civiles en UK es un
proceso más largo, que lleva al menos desde la Revolución hasta la Ley de
Reforma de 1832, y los derechos políticos universales sólo se logran en muchos
países a raíz de la IIGM. Marshall
entiende por derechos civiles los necesarios para garantizar la libertad
individual: libertad de la persona, libertades de expresión, de pensamiento y
de fe religiosa, derechos de propiedad y a cerrar contratos válidos, derechos a
la justicia. Este conjunto de derechos es funcional para el desarrollo de una
economía capitalista. In una garantía judicial del cumplimiento de los
contratos, y contra la confiscación arbitraria de la propiedad, no puede llegar
a darse una economía de mercado.
La
afirmación de los derechos civiles, sin embargo, no implica la participación de
los ciudadanos en la elección de los gobernantes. Lo que Dahl denomina
liberalización implica, por tanto, algo más que el reconocimiento de los
derechos civiles: la existencia de elecciones competitivas para elegir
representantes, para legislar o gobernar.
En
el caso británico, al que podemos considerar como ejemplo de liberalización
temprana, hasta la Ley de Reforma de 1832 las elecciones para la Cámara de los
Comunes sólo parcialmente eran competitivas, ya que a menudo los candidatos de
los notables locales eran proclamados sin oposición. Y la democracia era vista
como un complemento de la monarquía y de la aristocracia antes que como
principio de legitimidad para la designación de gobernantes. Son las
revoluciones americana y francesa las que introducen la idea de que el pueblo
elige de forma directa a sus gobernantes, en vez de limitarse a ponerles
límites a través de su participación en la acción legislativa.
El
reconocimiento de los derechos a la participación política sólo afecta
inicialmente a una minoría de la sociedad, cualificada según criterios de
propiedad. La democracia nace como democracia burguesa. Las primeras
democracias poseen una inclusividad
muy baja. Dahl y otros sostienen que éste es el camino más favorable para
consolidación de la democracia: que la liberalización preceda a la
inclusividad.
La
Revolución francesa proclama en 1793 el sufragio universal masculino, peo tal
derecho nunca llega a ser efectivo, y desaparece con el ascenso de Napoleón.
Este proceso de creciente inclusión política tiene dos motores fundamentales;
el conflicto interno y la competición interestatal, pero ambos se traducen en
una sola dimensión: la legitimidad de los gobiernos.
La
exclusión sólo socava la legitimidad de un gobierno cuando los excluidos se
movilizan y presionan para obtener el reconocimiento de sus derechos políticos.
Pero la extensión del derecho al sufragio de las clases trabajadoras sólo se
produce cuando éstas adquieren tal dinámica, numérica y reivindicativa, que la
negación de sus derechos políticos supone una continua fuente de conflictos o
amenaza simbólicamente la autoridad
de los gobiernos.
La
experiencia histórica del S XIX: la creciente organización y presión de
sectores sociales que han quedado al margen del proceso inicial de
liberalización. Hoy, el proceso de inclusión política aparece como
especialmente urgente cuando se trata de crear una nueva democracia frente a un
pasado de autoritarismo y violencia civil.
Dix,
ha mostrado que mientras un 60% de los procesos de democratización anteriores a
la IIGM siguieron el camino más favorable según Dhal, no lo ha hecho ninguno de
los posteriores a 1973: el efecto de demostración que suponen las democracias
de sufragio universal, ampliamente difundido por los medios de comunicación e
incorporado a la cultura de las élites políticas en todos los países, priva de antemano de legitimidad a
las democracias excluyentes.
Las
barreras a la participación se han derrumbado con frecuencia de forma abrupta
ante situaciones de emergencia en las que se ha hecho imprescindible ampliar a
la base de legitimidad de un régimen. El conflicto externo, y especialmente la
guerra, o la necesidad de unidad nacional ante la guerra, han sido históricamente
una de las causas fundamentales de la extensión de los derechos políticos. En
general las democracias por derrota comparten un rasgo con los países
vencedores: la movilización nacional y el esfuerzo colectivo para la guerra
crean, tras la terminación de ésta, un profundo vacío de legitimidad.
La
victoria también ha dejado un vacío de legitimidad: a quienes son buenos para
morir por la nación mal se les puede considerar incapaces de elegir a sus
gobernantes. La movilización y los sacrificios masivos dejan al Estado en fuerte
deuda moral con la sociedad.
Es
cierto que un factor decisivo en la construcción del Estado de bienestar era el
deseo de evitar que se reprodujeran situaciones de desastre social como las que
había producido la crisis del 29, así como la experiencia positiva del esfuerzo
de guerra, en el sentido de que una cierta dirección pública de la industria
había potenciado la producción y el empleo. Pero estas políticas desde arriba
sólo se comprenden en el marco de una fuerte demanda social desde abajo.
Mientras
los derechos civiles (las libertades) surgen de la reacción de los súbditos, y
especialmente de las clases dominantes, frente a los intentos del monarca por
extender sus poderes, los derechos políticos y sociales se extienden como
consecuencia de la necesidad de los gobiernos de ampliar su legitimidad. Es la
desaparición de la legitimidad tradicional de los gobernantes (Weber) lo que
motiva la inclusión (el reconocimiento de los derechos políticos) de nuevos
grupos sociales, y la introducción de derechos sociales (económicos) de
ciudadanía.
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