martes, 17 de diciembre de 2013

Resúmenes Sociología Política Parte 13

En la asignatura Sociología Política del primer cuatrimestre del Grado en Sociología de la UNED curso 2013/14, elaboré los resúmenes de los capítulos de la bibliografía obligatoria de la asignatura. Derechos reservados, sus autores.


TEMA 1: Las múltiples relaciones entre sociedad y política. El campo de estudio de la sociología política. "Sociedad y política: una relación multidimensional" Autores: Maria Luz Morán y Jorge Benedicto. Capítulo 1 del libro de J. Benedicto y M.L. Morán, Sociología Política, Temas de Sociología política, Madrid, 1995 // TEMA 2: El proceso histórico de modernización. Estado y mercado, las dos instituciones claves “Modernización y cambio sociopolítico" - Autor: Enrique Gil Calvo. Capítulo 11 del libro de J. Benedicto y M.L. Morán, Sociología Política, Temas de Sociología política, Madrid, 1995 (1º reimp. 2009) // TEMA 3: El surgimiento y desarrollo de la democracia en la sociedad capitalista "Democracia y sociedad industrial" - Autor: Ludolfo Paramio. Capítulo 5 del libro de J. Benedicto y M.L. Morán, Sociología Política, Temas de Sociología política, Madrid, 1995 (1º reimp. 2009). // TEMA 4: Las bases sociales de la política democrática "El concepto de cleavage en las ciencias sociales" Autora: Susana Aguilar. Capítulo 1 del libro de S. Aguilar y E. Chuliá, Identidad y opcion. dos formas de entender la política, Madrid, 2007. "Elecciones para elegir" Autora: Elisa Chuliá. Capítulo 6 del libro de S. Aguilar y E. Chuliá, Identidad y opcion. dos formas de entender la política, Madrid, 2007.// TEMA 5: La construcción de los universos políticos de los ciudadanos. Socialización y cultura política "La construcción de los universos políticos de los ciudadanos" Autor: Jorge Benedicto. Capítulo 8 del libro de J. Benedicto y M.L. Morán, Sociología Política, Temas de Sociología política, Madrid, 1995 (1º reimp. 2009). // TEMA 6: Participación y acción colectiva "Perspectivas teóricas y aproximaciones metodológicas al estudio de la participación" Auotres: Maria Jesus Funes y Jordi Monferrer. Capítulo 1 del libro de R. Adell y M.J.  Funes, Movimientos Sociales: Cambio social y participación. Madrid, UNED, 2003. "Participación política, grupos y movimientos". Autor: Gianfranco Pasquino. Capítulo 5 del libro de G. Pasquino y otros, Manual de Ciencia Política. Madrid, Alianza Editorial, 1991.

De los derechos liberales a los derechos sociales

Lo que hoy llamamos normalmente democracia es una variante específica de las concepciones ideales de autogobierno del pueblo: la democracia liberal. Entendemos que los gobernantes democráticamente elegidos están sometidos a una limitación drástica: no pueden violar una serie de derechos individuales; derechos humanos; la mayoría deben reconocer igualmente una serie de derechos inviolables a las minorías.

La combinación de liberalismo y democracia es la forma de gobierno que, en la teoría y en la práctica, conoce un auge histórico paralelo al de capitalismo industrial. Es fácil atribuir al liberalismo una afinidad electiva con el naciente capitalismo, ya que históricamente sus reivindicaciones son la integridad económica y personal del súbdito frente al soberano: el terrateniente, el comerciante o el banquero no puedan ser arbitrariamente desposeídos de sus propiedades, ejecutados o torturados, por un monarca malamente necesitado de recursos.

El ascenso del liberalismo, en su forma de iusnaturalismo, de afirmación de unos derechos naturales del individuo que el soberano no puede violar, es paralelo antes a la formación del Estado absolutista que al ascenso del capitalismo, aunque ambos procesos coincidan temporalmente en la formación de la modernidad social. Las historias nacionales difieren a partir de este enfrentamiento: el fracaso del absolutismo inglés abre paso al primer capitalismo agrario; el triunfo del absolutismo en Francia bloquea el desarrollo capitalista hasta provocar el colapso revolucionario de la monarquía; en Prusia y en el Japón de la restauración Meiji, la combinación de desarrollo capitalista y autoritarismo crea la dinámica de expansionismo militar que conduce a la IIGM.

La libertad de creencias, y no sólo la propiedad, tiene un papel fundamental en la afirmación de los derechos naturales del individuo. Es la combinación de ambas reclamaciones, la libertad de pensamiento y el derecho a la propiedad, lo que proporciona su fuerza histórica al liberalismo naciente, y lo que podemos considerar medular a la Ilustración en el SXVIII: una misma racionalidad justifica la libertad económica y de pensamiento frente al Estado.

Según Marshall el proceso de reconocimiento de los derechos civiles en UK es un proceso más largo, que lleva al menos desde la Revolución hasta la Ley de Reforma de 1832, y los derechos políticos universales sólo se logran en muchos países a raíz de la IIGM. Marshall  entiende por derechos civiles los necesarios para garantizar la libertad individual: libertad de la persona, libertades de expresión, de pensamiento y de fe religiosa, derechos de propiedad y a cerrar contratos válidos, derechos a la justicia. Este conjunto de derechos es funcional para el desarrollo de una economía capitalista. In una garantía judicial del cumplimiento de los contratos, y contra la confiscación arbitraria de la propiedad, no puede llegar a darse una economía de mercado.

La afirmación de los derechos civiles, sin embargo, no implica la participación de los ciudadanos en la elección de los gobernantes. Lo que Dahl denomina liberalización implica, por tanto, algo más que el reconocimiento de los derechos civiles: la existencia de elecciones competitivas para elegir representantes, para legislar o gobernar.

En el caso británico, al que podemos considerar como ejemplo de liberalización temprana, hasta la Ley de Reforma de 1832 las elecciones para la Cámara de los Comunes sólo parcialmente eran competitivas, ya que a menudo los candidatos de los notables locales eran proclamados sin oposición. Y la democracia era vista como un complemento de la monarquía y de la aristocracia antes que como principio de legitimidad para la designación de gobernantes. Son las revoluciones americana y francesa las que introducen la idea de que el pueblo elige de forma directa a sus gobernantes, en vez de limitarse a ponerles límites a través de su participación en la acción legislativa.

El reconocimiento de los derechos a la participación política sólo afecta inicialmente a una minoría de la sociedad, cualificada según criterios de propiedad. La democracia nace como democracia burguesa. Las primeras democracias poseen una inclusividad muy baja. Dahl y otros sostienen que éste es el camino más favorable para consolidación de la democracia: que la liberalización preceda a la inclusividad.

La Revolución francesa proclama en 1793 el sufragio universal masculino, peo tal derecho nunca llega a ser efectivo, y desaparece con el ascenso de Napoleón. Este proceso de creciente inclusión política tiene dos motores fundamentales; el conflicto interno y la competición interestatal, pero ambos se traducen en una sola dimensión: la legitimidad de los gobiernos.

La exclusión sólo socava la legitimidad de un gobierno cuando los excluidos se movilizan y presionan para obtener el reconocimiento de sus derechos políticos. Pero la extensión del derecho al sufragio de las clases trabajadoras sólo se produce cuando éstas adquieren tal dinámica, numérica y reivindicativa, que la negación de sus derechos políticos supone una continua fuente de conflictos o amenaza simbólicamente la autoridad de los gobiernos.

La experiencia histórica del S XIX: la creciente organización y presión de sectores sociales que han quedado al margen del proceso inicial de liberalización. Hoy, el proceso de inclusión política aparece como especialmente urgente cuando se trata de crear una nueva democracia frente a un pasado de autoritarismo y violencia civil.

Dix, ha mostrado que mientras un 60% de los procesos de democratización anteriores a la IIGM siguieron el camino más favorable según Dhal, no lo ha hecho ninguno de los posteriores a 1973: el efecto de demostración que suponen las democracias de sufragio universal, ampliamente difundido por los medios de comunicación e incorporado a la cultura de las élites políticas en todos los países, priva de antemano de legitimidad a las democracias excluyentes.

Las barreras a la participación se han derrumbado con frecuencia de forma abrupta ante situaciones de emergencia en las que se ha hecho imprescindible ampliar a la base de legitimidad de un régimen. El conflicto externo, y especialmente la guerra, o la necesidad de unidad nacional ante la guerra, han sido históricamente una de las causas fundamentales de la extensión de los derechos políticos. En general las democracias por derrota comparten un rasgo con los países vencedores: la movilización nacional y el esfuerzo colectivo para la guerra crean, tras la terminación de ésta, un profundo vacío de legitimidad.

La victoria también ha dejado un vacío de legitimidad: a quienes son buenos para morir por la nación mal se les puede considerar incapaces de elegir a sus gobernantes. La movilización y los sacrificios masivos dejan al Estado en fuerte deuda moral con la sociedad.

Es cierto que un factor decisivo en la construcción del Estado de bienestar era el deseo de evitar que se reprodujeran situaciones de desastre social como las que había producido la crisis del 29, así como la experiencia positiva del esfuerzo de guerra, en el sentido de que una cierta dirección pública de la industria había potenciado la producción y el empleo. Pero estas políticas desde arriba sólo se comprenden en el marco de una fuerte demanda social desde abajo.

Mientras los derechos civiles (las libertades) surgen de la reacción de los súbditos, y especialmente de las clases dominantes, frente a los intentos del monarca por extender sus poderes, los derechos políticos y sociales se extienden como consecuencia de la necesidad de los gobiernos de ampliar su legitimidad. Es la desaparición de la legitimidad tradicional de los gobernantes (Weber) lo que motiva la inclusión (el reconocimiento de los derechos políticos) de nuevos grupos sociales, y la introducción de derechos sociales (económicos) de ciudadanía.