La carga
estadística que soportan las empresas es cada vez mayor y deben emplear más
tiempo en cumplimentar los cuestionarios que obligatoriamente deben responder
al Instituto Nacional de Estadística (INE), un organismo dependiente del
ministerio de Economía.
Todo esto
les supone un alto coste adicional a la actividad en plena crisis, sobre
todo a las pymes, que en muchos casos tienen dificultades en rellenar los
formularios y han de acudir a gestores externos. Además, si no cumplen con esta
obligación, pueden ser sancionados con multas que van desde los 60
euros, en el supuesto del envío de datos incompletos, hasta los 30.050 euros,
por la resistencia a completar la información requerida o el suministro de
datos falsos.
El BOE del
11 de enero publicó una lista de 286 empresas, y también de algunas personas
físicas, a las que el INE ha abierto un expediente sancionador «por
incumplimiento de las obligaciones» estadísticas en diciembre. La mayor parte
son pymes. Hay de todo, desde empresas de restauración, cárnicas, tuercas,
bodegas, transporte blindado o incluso alguna de seguridad, que precisamente se
encuentra en liquidación. Destaca también la presencia de Bulgari España,
dedicada a la venta de joyas y relojes de alta gama. En agosto se publicó otro
listado de 300.
El caso es
que existe una ley de la Función Estadística Pública de hace 25 años que
concede esta potestad sancionadora, y una segunda de 1990, que relaciona la
larga lista de las estadísticas obligatorias de cumplimentación de las empresas
y particulares para la elaboración de la estadística oficial. Entre ellas
figura, por ejemplo, la Encuesta de coyuntura de la Industria, el IPC o la
Encuesta de salarios. Se suman también las incluidas en los Planes Estadísticos
Nacionales y el Programa Anual, vigentes en cada momento, más la información
que Europa demande.
Estos datos se
piden a las empresas que el INE elige, algunas por un plazo de varios años,
garantizando el secreto estadístico. Si no cumplimentan los datos, pueden ser
sancionadas. Curiosamente, la ley tipifica que las sanciones no serán de
aplicación cuando el incumplimiento sea cometido por los funcionarios.
La carga
estadística, cada vez más elevada
Según
Cepyme, «la carga estadística obligatoria que soportan las empresas es cada vez
más elevada». «Entendemos que los datos son importantes para el Gobierno y el
conjunto de agentes económicos, pero hay que hacer una revisión porque cada
vez nos suponen más costes y tiempo ajenos a la propia actividad», señalan
fuentes de esta organización dependiente de la CEOE.
No tiene
mucho sentido que se demanden datos que ya figuran en registros públicos, como
los mercantiles o de la propiedad, o en la información de que ya dispone la
Administración a través de la Agencia Tributaria, Seguridad Social, o de CCAA y
Ayuntamientos. Es absurdo también que se elijan a empresas de pinturas, por
ejemplo, cuya información no parece estadísticamente relevante. Además, las
autonomías también han legislado en esta materia y ya inundan a las empresas de
cuestionarios para elaborar sus propias estadísticas.
Según dice
A. S., que tiene una pyme de transporte, «llevo más de tres años rellenando
encuestas todos los meses y no entiendo para qué sirve que presente cuentas
anuales de mi empresa en el registro mercantil, declaraciones de impuestos
trimestrales y anuales del IVA, impuesto de sociedades o a la Seguridad Social.
Parece que el Gobierno no puede hacer las estadísticas con estos datos que ya
tiene de mi empresa».
Según
Cepyme, hay más problemas. Hay muchas pymes o autónomos que son incapaces de
rellenar los cuestionarios porque figuran términos y datos «que no son
fáciles de entender». Por ejemplo, se necesita cierta formación para
cumplimentar datos financieros o de costes laborales. En estos casos, soportan
un mayor coste porque han de acudir a una gestoría para rellenar las casillas.
Los
requisitos del Gobierno
Las empresas están obligadas a cumplimentar un número importante
de encuestas mensuales y anuales para que el INE realice las estadísticas
oficiales.
Si no cumplimentan los datos exigidos, y en el plazo estipulado,
se les abre un expediente sancionador que puede acabar en una multa que suele
estar de media en los 300 euros en los casos menos graves.
Muchos de los datos que pide el INE los podría obtener de la
información de que dispone la Administración y procedente de los registros
mercantiles, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
El Gobierno
ha establecido para los nuevos emprendedores, con pymes de menos de 50
trabajadores, que el INE_deberá limitar a sólo una el número de encuestas
obligatorias en el primer año de actividad en caso de seleccionada.
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