domingo, 9 de febrero de 2014

El coste de la estadística pública ahoga a las pymes

Artículo de Francisco Núñez publicado en El Mundo el 03/02/2014

La carga estadística que soportan las empresas es cada vez mayor y deben emplear más tiempo en cumplimentar los cuestionarios que obligatoriamente deben responder al Instituto Nacional de Estadística (INE), un organismo dependiente del ministerio de Economía.
Todo esto les supone un alto coste adicional a la actividad en plena crisis, sobre todo a las pymes, que en muchos casos tienen dificultades en rellenar los formularios y han de acudir a gestores externos. Además, si no cumplen con esta obligación, pueden ser sancionados con multas que van desde los 60 euros, en el supuesto del envío de datos incompletos, hasta los 30.050 euros, por la resistencia a completar la información requerida o el suministro de datos falsos.

El BOE del 11 de enero publicó una lista de 286 empresas, y también de algunas personas físicas, a las que el INE ha abierto un expediente sancionador «por incumplimiento de las obligaciones» estadísticas en diciembre. La mayor parte son pymes. Hay de todo, desde empresas de restauración, cárnicas, tuercas, bodegas, transporte blindado o incluso alguna de seguridad, que precisamente se encuentra en liquidación. Destaca también la presencia de Bulgari España, dedicada a la venta de joyas y relojes de alta gama. En agosto se publicó otro listado de 300.
El caso es que existe una ley de la Función Estadística Pública de hace 25 años que concede esta potestad sancionadora, y una segunda de 1990, que relaciona la larga lista de las estadísticas obligatorias de cumplimentación de las empresas y particulares para la elaboración de la estadística oficial. Entre ellas figura, por ejemplo, la Encuesta de coyuntura de la Industria, el IPC o la Encuesta de salarios. Se suman también las incluidas en los Planes Estadísticos Nacionales y el Programa Anual, vigentes en cada momento, más la información que Europa demande.
Estos datos se piden a las empresas que el INE elige, algunas por un plazo de varios años, garantizando el secreto estadístico. Si no cumplimentan los datos, pueden ser sancionadas. Curiosamente, la ley tipifica que las sanciones no serán de aplicación cuando el incumplimiento sea cometido por los funcionarios.

La carga estadística, cada vez más elevada
Según Cepyme, «la carga estadística obligatoria que soportan las empresas es cada vez más elevada». «Entendemos que los datos son importantes para el Gobierno y el conjunto de agentes económicos, pero hay que hacer una revisión porque cada vez nos suponen más costes y tiempo ajenos a la propia actividad», señalan fuentes de esta organización dependiente de la CEOE.
No tiene mucho sentido que se demanden datos que ya figuran en registros públicos, como los mercantiles o de la propiedad, o en la información de que ya dispone la Administración a través de la Agencia Tributaria, Seguridad Social, o de CCAA y Ayuntamientos. Es absurdo también que se elijan a empresas de pinturas, por ejemplo, cuya información no parece estadísticamente relevante. Además, las autonomías también han legislado en esta materia y ya inundan a las empresas de cuestionarios para elaborar sus propias estadísticas.
Según dice A. S., que tiene una pyme de transporte, «llevo más de tres años rellenando encuestas todos los meses y no entiendo para qué sirve que presente cuentas anuales de mi empresa en el registro mercantil, declaraciones de impuestos trimestrales y anuales del IVA, impuesto de sociedades o a la Seguridad Social. Parece que el Gobierno no puede hacer las estadísticas con estos datos que ya tiene de mi empresa».
Según Cepyme, hay más problemas. Hay muchas pymes o autónomos que son incapaces de rellenar los cuestionarios porque figuran términos y datos «que no son fáciles de entender». Por ejemplo, se necesita cierta formación para cumplimentar datos financieros o de costes laborales. En estos casos, soportan un mayor coste porque han de acudir a una gestoría para rellenar las casillas.

Los requisitos del Gobierno 
Las empresas están obligadas a cumplimentar un número importante de encuestas mensuales y anuales para que el INE realice las estadísticas oficiales.
Si no cumplimentan los datos exigidos, y en el plazo estipulado, se les abre un expediente sancionador que puede acabar en una multa que suele estar de media en los 300 euros en los casos menos graves.
Muchos de los datos que pide el INE los podría obtener de la información de que dispone la Administración y procedente de los registros mercantiles, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

El Gobierno ha establecido para los nuevos emprendedores, con pymes de menos de 50 trabajadores, que el INE_deberá limitar a sólo una el número de encuestas obligatorias en el primer año de actividad en caso de seleccionada.

Artículo de Francisco Núñez publicado en El Mundo el 03/02/2014