Resúmenes Fundamentos de Ciencia Política II: Sistema Político español Parte 15

En la asignatura de Fundamentos de Ciencia Política II: Sistema Político español del segundo cuatrimestre del Grado en Sociología de la UNED curso 2012/13, algunos compañeros realizamos los resúmenes de los capítulos de la bibliografía obligatoria Sistema político español de Andrés de Blas Guerrero et alia. UNED 2010. Derechos reservados, sus autores.

1. Aproximación a la historia constitucional y al sistema político español: Tomás Javier Prieto González // 2. Los valores y principios de la Constitución de 1978: Yolanda Díez Suárez // 3. La estructura político-institucional española: Helena Cabal Cuesta - epígrafes 1, 2, 3 y 4 María Jesús Serrano Narváez -Epígrafes 5, 6 y 7 // 4. El Estado Autonómico: Sara González Galan

LA TRANSICIÓN POLÍTICA Y EL PROCESO CONSTITUYENTE

La ley para la reforma política:

Tras el régimen político franquista se optó por la vía de la reforma tratando de abrir caminos que condujeran a un ­ordenamiento constitucional plenamente democrático. La Ley para la Reforma Política cumplió todas las formalidades previstas en las Leyes Fundamentales del franquismo para su reforma, cuyo proyecto fue anunciado por el Presidente Adolfo Suárez el 4-9-1976.

Esta Ley cons­­ta de 5 artículos, 3 disposiciones transitorias y una disposición final que le atribuye el rango de Ley Fundamental, atribuyendo la soberanía al pueblo español y la afirmación de la inviolabilidad de los derechos fundamentales de la persona, que vinculan a todos los poderes públicos.

A partir de la aprobación de la ley, la legislación franquista vigente debería interpretarse desde el nuevo fundamento, sobre todo en lo referente al ámbito de libertad que implica el reconocimiento expreso de la existencia de unos derechos fundamentales de la persona, característica propia de los sistemas democráticos.

Establece un sistema bicameral compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado, elegidos por sufragio universal, así los Diputados del Congreso serán elegidos, en representación de los ciudadanos y los del Senado en representación de las entidades territoriales, pudiendo el Rey designar libremente un número de Senadores no superior a la quinta parte de los elegidos.

El procedimiento para reformar las Leyes Fundamentales es el siguiente:

• Iniciativa del Gobierno o del Congreso de los Diputados.
• Deliberación y aprobación, por mayoría absoluta, en el Congreso de los Diputados.
• Deliberación sobre el texto aprobado por el Congreso y aprobación por mayoría absoluta en el Senado.
• En el supuesto de que el Senado no aprobase en su integridad el texto remitido por el Congreso, se someterían las discrepancias a una Comisión Mixta de ambas Cámaras, y si ésta no llegara a un acuerdo o su propuesta no fuera aprobada por cada una de las Cámaras, se decidirá en sesión conjunta de Congreso y Senado y por mayoría absoluta.
• Si fuera aprobada la reforma por las Cortes, el Rey, antes de proceder a su sanción, debería someter el texto a referéndum de la Nación.

En resumen, la Ley para la Reforma política es sustancialmente una convocatoria de Cortes democráticas, que abría la posibilidad de poner fin al régimen político franquista mediante la elaboración de un texto constitucional.

El período que va desde la aprobación de la Ley para la Reforma Política  hasta la definitiva aprobación del texto constitucional (1976-1978), la llamada transición, fue sumamente complejo y dificultoso por la obligada convivencia de la clase política franquista política y la que podríamos denominar oposición democrática al régimen, incorporada a las tareas del Estado, a través de las Cortes elegidas.

La consolidación del pluralismo:

La aplicación de los contenidos de esta Ley implicaba adoptar un importante número de medidas tendentes a la constitución de unas Cortes auténticamente democrática, para ello era paso previo imprescindible el reconocimiento de la libertad de expresión, sin censura previa, y el reconocimiento de los partidos políticos y sindicatos, clandestinos en el franquismo y más o menos tolerados desde el inicio de la transición, simultáneamente era preciso poner fin al Movimiento Nacional mediante el desmantelamiento de las instituciones que mantenían el monopolio de la acción política: la secretaría general del Movimiento y la organización sindical.

Carlos Arias Navarro presentó su dimisión al Rey como Presidente del Gobierno, el 1 de julio de 1976, nombrando a Adolfo Suárez Presidente el 3 de julio. Anteriormente a su nombramiento, Suárez mantuvo contactos informales con los partidos de la oposición democrática, los cuales funcionaban como asociaciones de hecho, aunque en una permanente posición de inseguridad jurídica. Como es obvio, esta situación era insostenible, el Gobierno de Suárez, por Real-Decreto de 8 de febrero de 1977, modifica la Ley de Asociación política impulsada por Arias Navarro. En esta nueva norma es suficiente con que los dirigentes y promotores de un partido presenten ante el Ministerio acta notarial de su constitución y los Estatutos por los que habrán de regirse, el Ministerio se limita a realizar la inscripción y, solamente en el caso de que se aprecien indicios de ilicitud penal, lo pone en conocimiento del Tribunal Supremo, quien decide. El único escollo para la total legalización de los partidos políticos era la oposición frontal de determinados sectores de la clase política y del ejército a la legalización del Partido comunista de España. El 9 de abril de 1977, en plena Semana Santa, el Ministerio de la Gobernación, previa consulta con la Fiscalía del Estado, inscribió dicho partido, provocando una grave conmoción política, provocando la dimisión del Ministro de Marina y que el Consejo Superior del Ejército emitiera una nota en la que manifestaba su disconformidad con dicha legalización, aunque la acatase.

En el ámbito del pluralismo social, el 1 de junio de 1977 se reconoce el derecho de asociación sindical y el día 2 se suprime la sindicación obligatoria, declarando extinto el Sindicato Vertical.